
Peruanos festejan hoy la decisión del Parlamento que vacó (destituyó) a la presidenta Dina Boluarte por permanente incapacidad moral, con más de dos tercios de los votos exigidos por la Constitución.
El desenlace final de su polémico gobierno fue aprobado por 123 de los 130 congresistas, una mayoría que el actual legislativo, fragmentado y polarizado, no alcanzó nunca.
El rito de la vacancia se simplificó y se hizo más veloz por la casi unanimidad de los legisladores, pues la ahora expresidenta se negó a presentarse a ejercer su defensa o a enviar a su abogado.
La alegría estalló en el hemiciclo y frente al Palacio Legislativo, donde miles de manifestantes, pese a la avanzada hora, celebraron el fin del gobierno de Boluarte con canciones y lemas de condena a quien gobernó Perú contra la opinión pública.
Días antes de su destitución, una encuesta verificó que solo el dos por ciento de los consultados aprobaba su desempeño como jefa de Estado, lo que indicaba que era casi absoluta su carencia de respaldo popular.
La mandataria no podía visitar ciudades del interior, pues había sido repudiada en varias oportunidades, en una de las cuales una manifestante sorprendió a su escolta y le jaló los cabellos.
Si visitaba alguna provincia, lo hacía sin anuncio previo, brevemente y con un gran despliegue de seguridad, y era abucheada en casi todas sus actividades públicas.
El rechazo a Boluarte era una especie de estigma, pues tuvo un bautizo de fuego al ascender al cargo en reemplazo del presidente Pedro Castillo, lo que motivó grandes manifestaciones reprimidas con un saldo de medio centenar de muertes. Su presunta responsabilidad en esas muertes es el más grave cargo, cuya investigación fue detenida por un discutido fallo del Tribunal Constitucional, que suspendió las pesquisas hasta que terminara su mandato.
Tampoco aceptaron lo sectores populares que Boluarte gobernara con quienes eran enemigos del presidente Castillo, a quien más de una vez prometió lealtad.
La crisis de inseguridad que sufre el país y, más específicamente,
el ataque impune a una popular orquesta por sicarios al servicio de organizaciones de extorsionadores, fueron el detonante de la vacancia.
Pero otro factor puede haber tenido más importancia en la decisión del Parlamento que le cuidaba las espaldas, para sumarse a la vacancia promovida varias veces por legisladores de izquierda y centro.
Ese factor fueron los objetivos electorales de los partidos hegemónicos en el Congreso, que sabían que iban a un fracaso seguro en las elecciones generales de abril de 2026.
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