Hace pocos días, mientras realizaba unas compras en un establecimiento comercial de mi localidad, fui testigo de una escena que, aunque breve, encierra un debate profundo sobre la educación, la responsabilidad parental y el rol de los comercios en la protección de la infancia.
En la fila, delante de mí, una niña de aproximadamente ocho años sostenía un celular en una mano y solicitaba a la dependienta, con la soltura propia de la inocencia, una caja de cigarrillos. Para culminar la operación, la pequeña estiró el brazo ofreciendo el dispositivo móvil para que el pago se realizara de manera digital. La tensión del momento fue disipada por la rápida intervención del dueño del negocio, quien, con tino y amabilidad, se negó a concretar la venta. Le explicó a la menor que ella no podía comprar ese producto y le pidió que regresara a casa y enviara a sus padres. Minutos después, la madre de la niña apareció. Lejos de mostrar una actitud correctiva, la mujer, visiblemente atormentada por las circunstancias, parecía no encontrar nada anómalo en haber enviado a su hija de ocho años a efectuar un “encargo” de alta complejidad social.
Este hecho, que podría parecer aislado, es en realidad una potente señal de alerta para la comunidad. En primer lugar, evidencia una falla en el criterio adulto. Más allá de la prohibición legal que impide la venta de alcohol y tabaco a menores de edad, existe una barrera ética que no debe cruzarse. Un niño no es un mensajero, y menos aún para gestiones que implican la adquisición de sustancias reguladas o dañinas.
El contexto moderno agrega una capa extra de preocupación: la naturalización del uso de dispositivos móviles por parte de los infantes para realizar gestiones monetarias. Entregarle un celular a un menor de dicha edad para que pague un producto, sea este lícito o no, es transferirle una responsabilidad financiera y legal para la que no está preparado. Es abdicar del rol de filtro que todo padre debe ejercer, normalizando que los niños manipulen dinero digital y tomen decisiones de compra que no les competen.
Es imperativo aplaudir la postura del emprendimiento involucrado. En un contexto donde a veces la maximización de la venta nubla el juicio, el dueño demostró que la responsabilidad social no está reñida con el comercio. Al negarse a vender y orientar a la menor, no solo cumplió con la ley, sino que la protegió de ser partícipe, así sea sin saberlo, de un hábito nocivo.
Casos como este nos obligan a la autorreflexión colectiva. Cuidar a nuestros niños no es solo protegerlos de peligros evidentes en la calle, sino también de las malas prácticas que, por comodidad o negligencia, pueden germinar en el hogar. Eduquemos con el ejemplo y recordemos que ciertos “encargos” no son favores, sino descuidos que, como sociedad, no podemos permitirnos normalizar.
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