
Google fue condenado este miércoles en Estados Unidos a pagar 425 millones de dólares por violar la privacidad de cerca de 98 millones de usuarios, cuyos datos fueron recopilados pese a que habían desactivado la opción correspondiente.
Google enfrenta histórica condena
El fallo judicial obliga a Google a indemnizar a los usuarios tras ser declarado culpable de “interceptación ilegal de la actividad privada de consumidores” en un tribunal federal de San Francisco. La compañía recopilaba información de servicios como Chrome, Google Maps y Google News aun cuando los usuarios habían desactivado la Actividad web y de aplicaciones.
La demanda colectiva que sacudió a Silicon Valley
La demanda, presentada en julio de 2020, representaba a aproximadamente 98 millones de usuarios. Los abogados destacan que la compañía ignoró la configuración de privacidad que los usuarios activaron específicamente para proteger su información.
Usuarios desactivaron seguimiento de Actividad web y de aplicaciones.
Datos recopilados a través de servicios populares pese a restricciones.
Respuesta de Google
Jose Castaneda, portavoz de Google, declaró: “Esta decisión malinterpreta cómo funcionan nuestros productos y la apelaremos. Nuestras herramientas de privacidad respetan las elecciones de los usuarios.”
Presión histórica sobre privacidad y anuncios
Google ha estado bajo presión para equilibrar su modelo publicitario lucrativo con la protección de la privacidad de los usuarios. La empresa dice que trabaja en reemplazar las cookies tradicionales por mecanismos menos invasivos que sigan siendo eficaces para la publicidad digital.
Las cookies permiten rastrear la actividad online y son esenciales para los ingresos de anunciantes y plataformas.
El fallo resalta la importancia de respetar la privacidad pese al negocio publicitario.
Multas previas y contexto global
La condena de este miércoles no es la primera sanción contra Google por privacidad. La Comisión Nacional de Informática y Libertades ya lo multó anteriormente:
100 millones de euros en 2020
150 millones de euros en 2021
El veredicto actual refuerza la vigilancia internacional sobre la recopilación de datos y envía un mensaje claro: el fraude en privacidad tiene consecuencias económicas y legales.
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