Santiago de Chile, 18 oct (Prensa Latina) Al cumplirse hoy seis años del estallido social en Chile, hay diversas lecturas sobre este movimiento, pero ninguna puede omitir que las protestas se originaron por un profundo malestar social y fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad.
En octubre de 2019 el alza de la tarifa del Metro desencadenó las mayores manifestaciones después del fin de la dictadura, que se extendieron por todo el país y reflejaron el descontento de la población con la desigualdad social y el modelo neoliberal.
“No son 30 pesos, son 30 años”, era una de las frases que más resonaba en las calles, en alusión a los problemas acumulados desde el retorno a la democracia, en 1990.
En una reflexión sobre aquel acontecimiento, el joven Gustavo Gatica, quien perdió la vista a causa del impacto de perdigones lanzados por carabineros, recordó que el estallido no fue solo una explosión de rabia, ni una suma de actos violentos sin sentido.
“Fue la manifestación más visible de un malestar que llevaba décadas gestándose en la vida cotidiana de Chile”, dijo.
Recordó que las señales estaban ahí desde hace tiempo y mencionó entre ellas el movimiento estudiantil de 2006, las protestas de 2011, las marchas contra las Administradoras de Fondos de Pensiones en 2015 y la ola feminista de 2018.
“El pueblo chileno sabe lo que es la violencia. La ha vivido siempre: en los sueldos injustos, los hospitales colapsados, las pensiones que no alcanzan y en las diferencias que se heredan como si fueran un inevitable destino”, dijo.
Según su criterio, esa violencia social y económica, silenciosa y constante, fue acumulando una presión que tarde o temprano tenía que estallar.
En un artículo publicado aquí, el joven psicólogo denunció que otra violencia, más brutal y difícil de asumir, fue la ejercida por el Estado, a través de carabineros que estuvieron dispuestos a violar los derechos humanos de cientos de personas.
Seis años después de las revueltas populares la Fiscalía reconoció en un informe que hubo 30 muertos y 464 víctimas de daño ocular, en su mayoría a causa de proyectiles lanzados por fuerzas de seguridad.
Entre las personas con trauma ocular, el 84 por ciento de ellas sufrió la lesión por un balín, perdigón o bomba lacrimógena y el resto por los carros lanza agua o golpes con bastón retráctil, puños y otros objetos.
Del total de víctimas 230 perdieron totalmente la visión y solo cuatro de cada 100 causas terminaron en condena.
El informe precisa también que entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020 ocurrieron en el país 35 mil 146 delitos, 34,1 por ciento de ellos cometidos por agentes del Estado.
Le siguen los saqueos y ataques a la propiedad (31,7), desórdenes públicos (22,7), maltrato a agentes (9,4) e incendios (2,1).
Ahora, y en medio de la campaña electoral, sectores de la derecha intentan enmarcar el estallido como un acto delincuencial y no como una demostración del descontento social.
“El 18 de octubre no fue una explosión sin motivo, sino el desenlace de años de desigualdad y promesas incumplidas”, dijo la diputada Ana María Gazmuri, de Acción Humanista.
Para Gustavo Gatica, quien ahora es candidato a un escaño en la Cámara de Diputados, “el estallido fue un momento de esperanza. Durante esas semanas, millones salieron a las calles con la convicción de que Chile podía ser distinto”.
“Si uno pudiera mirar desde lejos, vería un solo color; pero al acercarse, ese color se compone de miles de matices: estudiantes, trabajadoras y trabajadores, mujeres, jubilados, jóvenes que se sienten sin futuro, todos con su propia forma de decir basta”, escribió Gatica.
