
La imposición desde hoy de un arancel del 50 por ciento por parte de Estados Unidos a productos nacionales, podría provocar la pérdida de hasta 146 mil empleos en Brasil en los próximos dos años.
Así lo estima la Federación de Industrias del estado de Minas Gerais (sudeste), citada por el diario Folha de Sao Paulo.
Todavía incipiente, el impacto ya empieza a sentirse en diversos sectores productivos y genera una reacción urgente por parte del empresariado y Gobierno brasileño.
El nuevo paquete arancelario de Washington afecta sectores clave como siderurgia, maquinaria, calzado, madera y alimentos procesados.
La reacción en el gigante sudamericano ha sido inmediata: mientras las industrias calculan pérdidas, la administración de Luiz Inácio Lula da Silva activa una ofensiva comercial para diversificar mercados y contener los daños.
El Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios anunció que intensificará negociaciones con países de América Latina, África y Asia.
Cámaras de comercio y asociaciones empresariales, en paralelo, promueven encuentros de negocios para explorar nuevas rutas de exportación.
Este aumento de tarifas resulta «un golpe duro, pero también una señal de alarma. Brasil no puede depender de un solo mercado, especialmente de uno volátil como el estadounidense», afirmó Júlia Nogueira, directora de relaciones internacionales de la Confederación Nacional de la Industria.
Las pequeñas y medianas empresas exportadoras son las más vulnerables a esta nueva realidad. Muchas de ellas no tienen estructura para reaccionar rápidamente a un cambio brusco en los mercados.
Ante la creciente presión del sector productivo, el Gobierno federal anunció líneas de crédito específicas para exportadores afectados, además de asistencia técnica para la readecuación de la producción y el acceso a nuevos mercados.
Sin embargo, especialistas alertan que esas medidas deben implementarse con rapidez para evitar una oleada de cierres y despidos.
La decisión de la Casa Blanca, enmarcada en una nueva ola proteccionista impulsada por el presidente Donald Trump en su segundo mandato, también tiene lecturas geopolíticas.
Analistas ven en el movimiento un intento por presionar a socios comerciales y proteger empleos industriales en plena disputa electoral legislativa en Estados Unidos.
La cancillería brasileña adoptó una postura moderada, pero no descarta llevar el caso a la Organización Mundial del Comercio si no se llega a una solución negociada.
Trump vinculó abiertamente los nuevos gravámenes a Brasil con el proceso judicial que enfrenta su aliado ideológico, el exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, acusado de tentativa de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.
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