
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos realizó 49 571 arrestos en julio, la cifra mensual más alta desde que el presidente Donald Trump asumió su segundo mandato, según datos oficiales analizados por la agencia AP.
El incremento representa un salto del 15 por ciento respecto de junio y un 70 por ciento más que en febrero, cuando las detenciones cayeron tras las protestas por las muertes de manifestantes en Minesota.
En paralelo, el Departamento de Justicia demandó a un tribunal de Ohio por restringir arrestos federales en sus instalaciones, mientras la administración Trump suspendió globalmente las solicitudes de visa de inmigrante y el padre de un marinero nicaragüense destacado en el portaviones Abraham Lincoln fue liberado bajo custodia del ICE.
Los datos, obtenidos mediante una solicitud amparada en la Ley de Libertad de Información y proporcionados por el ICE al Deportation Data Project de la Universidad de California en Berkeley, revelan que los arrestos migratorios han ido en aumento constante durante el primer año del segundo gobierno republicano.
En diciembre la cifra fue de 40 177; en febrero cayó a 29 241 tras las ofensivas en Minesota; en junio subió a 43 021, y en julio alcanzó los 49 571.
Este repunte obedece a que la administración flexibilizó las normas sobre dónde y a quién podía arrestar el ICE, e inyectó miles de millones de dólares a la agencia, según señaló la agencia AP.
A pesar del incremento, el gobierno cambió su enfoque táctico: pasó de operativos de alto perfil en grandes ciudades a arrestos más discretos.
Los arrestos migratorios del mes previo a la juramentación de Trump rondaban por encima de los 8 mil, compuestos en su mayoría por inmigrantes trasladados desde cárceles municipales o estatales y entregados al ICE para su expulsión.
En medio de este escenario, el Departamento de Justicia presentó una demanda contra el tribunal municipal del condado de Franklin, en Columbus, Ohio, por una norma que prohíbe los arrestos civiles en el juzgado a menos que los agentes cuenten con una orden judicial.
La dependencia federal acusa a las autoridades locales de interferir ilegalmente con la aplicación de la ley federal y de obligar a los agentes del ICE a realizar detenciones en entornos potencialmente más riesgosos. El Departamento argumenta que la norma entra en conflicto con la ley federal de inmigración, la cual permite a los agentes, en ciertas circunstancias, efectuar arrestos con órdenes administrativas o sin instrucción judicial alguna.
Por otra parte, la administración Trump suspendió en todo el mundo las solicitudes de visa de inmigrante con el objetivo de realizar una “capacitación exhaustiva” para los funcionarios consulares, a fin de descartar a aquellas personas que se considere probablemente necesitarán asistencia estadounidense, según publicó ayer el Financial Times.
Los solicitantes que tenían entrevistas programadas en embajadas y consulados han recibido correos electrónicos informándoles que sus citas están siendo reprogramadas y que recibirán una notificación posterior con nueva fecha y hora.
Al cierre de esta edición, se informó que Luis Manuel Avilés, de 48 años, padre de un marinero a bordo del portaviones Abraham Lincoln —desplegado en Medio Oriente—, fue liberado bajo custodia del ICE después de que su arresto el sábado pasado en Key West, Florida, generara una fuerte reacción en contra.
Su esposa, Argelia Avilés, declaró que él cuenta con permiso de trabajo válido y que, originario de Nicaragua, ha residido en Estados Unidos durante 19 años. Su hijo Joshua llevaba nueve meses a bordo del buque, en medio de críticas por la escasez de suministros y el deterioro de la salud mental de la tripulación.
(Con información de agencias y La Jornada)
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