Bogotá, 12 jun (Prensa Latina) Los contendientes que hoy compiten por la Presidencia de Colombia, Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda, representan dos visiones antagónicas sobre el Estado, la seguridad, la economía, la paz y la inserción internacional del país.
Así lo resumió para Prensa Latina el periodista y director de la página Observatorio Latinoamericano Cronicón, Fernando Arellano, quien enfatizó que la disputa político-electoral entre el candidato de la ultraderecha y el aspirante del Pacto Histórico no es una competencia entre nombres propios, sino la confrontación entre dos modelos de sociedad.
El comunicador insistió que uno de esos programas busca el achicamiento del Estado, la autoridad punitiva y el alineamiento geopolítico con Washington; y el otro quiere justicia social, profundización de las reformas progresistas y una política exterior soberana.
De la Espriella, planteó, se inscribe en la ola de derechas radicales latinoamericanas como las que encarnan Javier Milei, en Argentina, y Nayib Bukele, en El Salvador.
Ahondó que su propuesta de reducir drásticamente el tamaño del Estado colombiano, incluida la eliminación de buena parte de los Ministerios, apunta a una reorganización institucional bajo la premisa de que el aparato público es excesivo, ineficiente y costoso.
En términos políticos, remarcó, esa idea dialoga con la “motosierra” mileísta: menos Estado, reducción del gasto público y mayor protagonismo del capital privado.
En el plano económico, privilegiaría la confianza de los grandes inversionistas nacionales y extranjeros, la disminución de cargas tributarias al sector empresarial, la privatización o concesión de funciones públicas y una política fiscal restrictiva.
Señaló que ese modelo apunta al desmonte de programas impulsados durante el actual gobierno y al debilitamiento de políticas de equidad, inclusión territorial y redistribución.
Arellano alertó asimismo que cómo las medidas de seguridad planteadas por el ultraderechista, como la construcción de megacárceles, el endurecimiento penal y una ofensiva frontal contra las estructuras criminales, también abrirían interrogantes sobre garantías judiciales, derechos humanos y proporcionalidad del uso de la fuerza.
“En Colombia, país marcado por décadas de conflicto armado, la reedición de la doctrina del ‘enemigo interno’ podría reactivar prácticas de estigmatización contra liderazgos sociales, oposición política y comunidades periféricas.
En materia internacional, De la Espriella, quien cuenta con ciudadanía estadounidense, proyecta una política exterior fuertemente alineada con Washington propenso a convertirse en un socio subordinado de la estrategia de la Casa Blanca en la región.
Argumentó que esta visión del candidato de la ultraderecha equivale a reducir la autonomía colombiana y profundizar una dependencia histórica que ha condicionado la soberanía del país en temas estratégicos y que calificó como funesto para el interés nacional.
El periodista comentó que, en contraste, Cepeda representa una propuesta situada en la tradición de la izquierda democrática, los derechos humanos y la defensa de las víctimas del conflicto armado.
“Su eventual gobierno busca profundizar el legado reformista del Gobierno Petro, especialmente en áreas como salud, trabajo, reforma agraria, transición energética, protección social y democratización territorial”, refirió.
El énfasis del plan de gobierno del progresista está puesto en función de mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables, fortalecer la presencia institucional en los territorios y abrir espacios de diálogo con comunidades excluidas, valoró Arellano.
Consideró que allí donde De la Espriella propone autoridad vertical y castigo, Cepeda plantea negociación social, garantías democráticas y políticas públicas orientadas a atacar las causas estructurales de la violencia: pobreza, desigualdad, ausencia estatal, concentración de la tierra y economías ilegales.
En materia de paz, cuenta con una ventaja simbólica y política: su trayectoria como defensor de derechos humanos y facilitador de procesos de diálogo le permitiría insistir en salidas negociadas al conflicto, explicó.
Admitió que su apuesta no carece de retos, pues la fragmentación de los grupos armados y la desconfianza ciudadana frente a los procesos de paz plantean enormes desafíos.
Sin embargo, acotó, su enfoque parte de una premisa distinta: la seguridad sostenible no se consigue únicamente con cárceles y operaciones militares, sino con Estado social, justicia territorial y legitimidad institucional.
Asimismo, su política internacional tendría un sello soberanista, concluyó.
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