Como parte de la orientación nacional de ampliar el proceso de consulta del anteproyecto de Ley del nuevo Código de Trabajo por varios días, entre 10 y 12, en la Isla de la Juventud realizaron encuentros esta semana con trabajadores del sector no estatal, como mipymes, Cooperativas No Agropecuarias (CNA), los trabajadores por cuenta propia y de los proyectos de desarrollo local.
A la importancia de esta oportunidad se refirió Yusmary Olivera Pupo, secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba en el territorio, quien destacó al Victoria la posibilidad de dar sus criterios, aportes, planteamientos y propuestas de modificación de la referida norma legal, al calor de la participación amplia y consciente que ha tenido lugar en los colectivos obreros en los sectores estatal y no estatal.
Agregó que los recientes intercambios tuvieron lugar con representantes del sector privado o cooperativo afiliados de los sindicatos del Comercio, la Gastronomía y los Servicios, Comunicaciones, Hotelería y Turismo, también de la Construcción, Transporte y Puertos e Industrias, así como de otros sindicatos tanto en Nueva Gerona, como en La Fe, entre este miércoles 25 y jueves 26 de marzo.
Esta extensión del proceso tiene lugar tras la amplia consulta popular desarrollada en el segundo semestre del pasado año en todo el país en un contexto económico complejo, donde se generaron más de 97 mil propuestas en unas 40 mil reuniones.
El cronograma legislativo prevé la presentación en julio de 2026 ante la Asamblea Nacional del Poder Popular del referido Código, cuyo mayor reto ahora es que los trabajadores conozcan los derechos dispuestos y puedan ejercitar una vez aprobado las acciones necesarias ante un incumplimiento o violación de esos derechos de trabajo.
Como significara el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendi Campos, el proceso no solo contó con la activa participación del movimiento obrero, sino también de organismos de la administración central del Estado y universidades, y ha permitido construir y presentar una propuesta de código moderno, flexible, ajustado a estos tiempos y que responda a las necesidades reales del país y sus trabajadores.
Entre las ventajas del nuevo Código, el anteproyecto ratifica los derechos ya adquiridos por los trabajadores, concede nuevos y amplía las garantías de quienes trabajan con subordinación a un empleador del sector no estatal, a diferencia del tratamiento actual, donde solo tienen garantizados derechos mínimos.
Los trabajadores contratados del sector no estatal gozan de las mismas garantías que los del estatal en la aplicación de los principios de irrenunciabilidad y progresividad de los derechos, tanto de trabajo como protección, de igualdad y no discriminación, de estabilidad laboral, protección mínima, igualdad en la remuneración entre hombres y mujeres, y amparo a la mujer embarazada, a quien se garantiza el acceso al empleo, la permanencia, la promoción y que no termine su relación de trabajo en esa etapa.
Empleadores estatales y privados están obligados a promover un entorno laboral de no tolerancia ante las manifestaciones de violencia, acoso y discriminación, así como a adoptar acciones de prevención para resguardar a trabajadores y a estudiantes en prácticas pre-profesionales.
Otro beneficio es que regula la protección de los ingresos de los trabajadores ante la interrupción laboral, cancelación de la actividad, cese de la relación por motivos económicos, tecnológicos y estructurales, disolución y otras causas, mediante los mecanismos establecidos.
El Código también descentraliza facultades en las empresas con respecto a la aprobación de los regímenes de trabajo y descanso excepcionales y hace lo mismo con relación al uso del contrato por tiempo indeterminado cíclico o de temporada.
Los especialistas precisan, además, que el alcance real del Código no dependerá solo de su diseño jurídico, sino de la responsabilidad compartida en su implementación, por lo que la participación en su gestación debe convertirse en motivación para cumplirlo.
