Trump ofrece el crudo venezolano a petroleras estadounidenses

La Administración del presidente Donald Trump ha iniciado contactos directos con grandes empresas petroleras de EE.UU. para explorar un eventual regreso a Venezuela una vez que sea desplazado el presidente Nicolás Maduro, reveló un medio estadounidense.

Según el reporte, la Administración Trump ha sondeado a compañías como ExxonMobil y ConocoPhillips sobre su disposición a retomar operaciones en territorio venezolano en un escenario “post-Maduro”. Sin embargo, la respuesta de la industria ha sido negativa, debido al bajo precio del crudo, la inestabilidad creada por las sanciones y el riesgo político asociado a una estrategia de cambio de régimen promovida desde Washington.

La iniciativa, liderada por el Departamento de Estado, constituye una nueva evidencia de que la escalada de presiones diplomáticas, militares y económicas contra Venezuela está directamente vinculada al control de sus vastos recursos energéticos, en particular la mayor reserva probada de petróleo del mundo.

El artículo subraya que los actuales precios internacionales del crudo, cercanos a mínimos de cinco años, otorgan a Trump un margen inusual para intensificar la presión contra Caracas sin temor inmediato a un alza del combustible en el mercado interno estadounidense.

Al mismo tiempo, esos precios desincentivan a las empresas privadas a invertir miles de millones de dólares en una industria venezolana golpeada por años de sanciones y bloqueo financiero, pero que se mantiene vital gracias al patriotismo, la experticia y el afán colectivo de sus técnicos y trabajadores por preservarla para beneficio de la nación bolivariana y su modelo de desarrollo con equidad, no de las potencias hegemónicas.

“No hay mucho interés por parte de la industria”, admitió una fuente citada por el medio estadounidense, al señalar que existen opciones más rentables y menos riesgosas en otros países, mientras Venezuela sigue siendo objeto de una agresiva política de cerco y amenazas.
El reporte confirma además que funcionarios estadounidenses facilitaron una reunión en Washington a finales de noviembre, encabezada por el secretario de Energía, Chris Wright, en la que participaron representantes de petroleras estadounidenses y sectores de la oposición venezolana, con el objetivo de discutir un eventual retorno empresarial bajo nuevas condiciones políticas.

En paralelo a estos contactos, Trump anunció públicamente un bloqueo naval contra buques que transporten petróleo venezolano, afirmando que Estados Unidos “no permitirá que un régimen hostil se quede con nuestro petróleo”, una declaración que Caracas y diversos Gobiernos del mundo han calificado como una amenaza directa a la soberanía y un acto de piratería moderna.

La coincidencia temporal entre el bloqueo de petroleros, las operaciones militares estadounidenses en aguas regionales y los contactos con corporaciones energéticas refuerza, según analistas, la tesis de que la política hacia Venezuela responde a una estrategia de presión integral destinada a forzar un cambio de Gobierno favorable a los intereses energéticos de Washington.

Aunque empresas como Chevron mantienen operaciones limitadas bajo licencias especiales, la mayoría de las petroleras estadounidenses recuerda las expropiaciones ocurridas durante el Gobierno del comandante Hugo Chávez y expresa cautela ante la posibilidad de reinvertir en un país sometido a sanciones, amenazas militares y una narrativa permanente de desestabilización.

Expertos citados por el medio estadounidense advierten que existe una brecha significativa entre los deseos de la Casa Blanca y la realidad económica y geopolítica.

Desde Caracas, el Gobierno venezolano ha denunciado reiteradamente que el bloqueo y las sanciones forman parte de una estrategia para apropiarse de sus recursos naturales, al tiempo que ha reiterado su decisión de mantener las exportaciones de crudo, defender la libre navegabilidad y hacer valer el derecho internacional.

La revelación de estos contactos empresariales se suma a las recientes condenas internacionales, incluidas las de Rusia y otros países, que alertan sobre el peligro de una escalada mayor en el Caribe y América Latina, región declarada como zona de paz por organismos regionales.