
El prolongado y mortífero conflicto en Gaza ha puesto al descubierto, con crudeza, la severidad de las políticas israelíes en los territorios palestinos ocupados. Este capítulo, calificado por numerosos gobiernos y organismos de derechos humanos como un genocidio, ha trascendido las fronteras de Oriente Medio, generando ondas de choque geopolíticas a nivel global.
En un esfuerzo por contrarrestar el creciente aislamiento internacional y la condena a sus acciones, el Estado de Israel y sus aliados buscan activamente respaldos políticos en otras regiones.
Este patrón se observa en América Latina, donde figuras políticas como María Corina Machado en Venezuela y Javier Milei en Argentina han otorgado un explícito aval a la ofensiva israelí. Ambos han invocado el “derecho de Israel a su seguridad”, al tiempo que asociaron, de manera reiterada, a gobiernos legítimos de la región con actividades terroristas.
Analistas regionales interpretan esta narrativa como un intento de sentar las bases para justificar escaladas de violencia, procesos de desestabilización o incluso intervenciones bajo una aparente legitimidad internacional, promoviendo así un clima belicista en la región.
Un ejemplo concreto de estas alineaciones es el Acuerdo de Cooperación Interpartidista firmado en 2020 entre el partido de Machado, Vente Venezuela, y el Partido Likud del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
Aunque su difusión pública se centra en la cooperación en “asuntos políticos, ideológicos y sociales”, el texto formal incluye compromisos en áreas de alta sensibilidad: “estrategia, la geopolítica y la seguridad”.
Expertos en relaciones internacionales ven en esta cláusula un canal potencial para obtener respaldo económico, logístico y operativo destinado a acciones de desestabilización contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, así como un mecanismo para legitimar narrativas que favorezcan opciones intervencionistas.
El Premio Nobel como herramienta de blanqueo político
Frente al amplio rechazo internacional hacia la ofensiva en Gaza y a la propia figura de Machado en sectores diplomáticos, se observa una estrategia para rehabilitar su imagen.
La iniciativa, atribuida públicamente a Marco Rubio, actual secretario de Estado de EE.UU. y antes senador, de promoverla para el Premio Nobel de la Paz busca, según observadores, dotarla de una credibilidad instantánea en círculos internacionales influyentes.
Este movimiento apuntaría a granjearse el apoyo de segmentos de la diáspora judía y grupos conservadores en Estados Unidos y Europa, tradicionalmente alineados con Israel. El objetivo final sería convertir este capital simbólico en presión política concreta y respaldo financiero para la oposición venezolana, buscando alterar el equilibrio geopolítico regional.
Una postura insensible y desequilibrada
La alianza política entre Rubio y Machado se ha caracterizado, según sus críticos, por una postura marcadamente desequilibrada y ajena a las necesidades de la población venezolana. (Cabe destacar que la principal donante y aliada política clave de Marco Rubio es Miriam Adelson, magnate de casinos y prominente activista proisraelí).
Derivado de este alineamiento, Machado no solo ha promovido sanciones económicas y bloqueos contra su país, sino que también ha respaldado políticas de deportación de migrantes latinoamericanos desde Estados Unidos.
Un episodio que generó especial controversia fue su apoyo al traslado forzoso de 252 ciudadanos venezolanos, presuntamente inocentes, a centros penitenciarios de máxima seguridad como el CECOT en El Salvador. Ante la pregunta de una periodista del canal FOX: ¿Mejor que se vayan a El Salvador en vez de Venezuela?, María Corina Machado afirmó: “Absolutamente. Yo creo que esta es una propuesta muy poderosa que ha formulado en conjunto el presidente de El Salvador (Nayib Bukele) y el secretario de Estado (Marco Rubio)”. Esta posición ha sido calificada como una clara muestra de desdén hacia el sufrimiento de sus connacionales y de los pueblos de la región.
A pesar de estos esfuerzos por consolidar un frente de apoyo a Israel, la estrategia enfrenta un rechazo profundo y mayoritario en América Latina. La región ha manifestado, a través de múltiples gobiernos, un fuerte respaldo a la causa palestina y una clara postura a favor de la paz y el derecho internacional.
Este distanciamiento ha llegado, en casos como los de Colombia, Bolivia y Belice, a la ruptura o suspensión de relaciones diplomáticas con Israel, señalando una fractura significativa en la narrativa de legitimidad que se intenta construir.
Por su parte, Trump ha de conformarse con el premio de la Paz que le acaba de otorgar la FIFA.
(Con información de Revista Política y Poder)
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