En un informe publicado este sábado, la Organización de Naciones Unidas (ONU) emitió una alerta sobre las violaciones persistentes y agravadas a los derechos humanos que se están perpetrando bajo el Gobierno de Javier Milei.
El organismo internacional expresó sus críticas en torno a múltiples aspectos, incluyendo el uso excesivo de la fuerza en marchas y manifestaciones, las detenciones prolongadas en comisarías, los abusos policiales, el incremento en las denuncias por torturas y malos tratos a personas privadas de libertad, y la impunidad que rodea la investigación de estos hechos.
El documento oficial cuestionó específicamente el agravamiento de las condiciones de reclusión, las muertes ocurridas bajo custodia, la situación de los presos considerados de “alto riesgo” y el régimen de aislamiento, el incumplimiento de los tratados internacionales sobre asilo político y reparación, los problemas dentro del sistema de salud mental y las llamadas “comunidades terapéuticas”, así como el aumento de los casos de trata de personas.
Para la elaboración de este informe, el comité de la ONU recopiló información durante los días 12 y 13 de noviembre pasado a partir de más de 20 organizaciones de la sociedad civil.
Entre estas organizaciones se encontraban el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), la Comisión Provincial por la Memoria y el Centro de Estudios Legales y Sociales, las cuales aportaron datos sobre el creciente aumento de la violencia policial y la represión estatal bajo la administración libertaria.
El Comité también manifestó su “consternación por el desmantelamiento de equipos y programas encargados de investigar y analizar la documentación y los archivos existentes respecto del accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura militar”, además de señalar los “recortes presupuestarios a varias instituciones que trabajan en cuestiones de memoria, verdad y justicia”.
Abuso policial
En un apartado titulado “Uso excesivo de la fuerza en contexto de protestas”, el Comité reiteró su preocupación respecto de la resolución 125/2024 del Ministerio de Seguridad Nacional sobre el uso de armas de fuego.
La crítica se centra en que esta resolución “debilitan la obligación de los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad federales de identificarse durante los operativos y amplían su discreción para recurrir al uso de armas de fuego ante la mera sospecha de la comisión de un delito grave”.
Asimismo, el organismo objetó el no haber recibido información exhaustiva sobre la investigación de las denuncias relativas a posibles abusos cometidos por las fuerzas del orden.
Estos abusos incluirían lesiones graves por el uso indiscriminado de balas de goma y gas lacrimógeno, el empleo de camiones hidrantes, y agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos, como las sucedidas en las manifestaciones de marzo de 2025.
El informe también hizo mención a la “represión violenta, el uso de proyectiles cinéticos múltiples y gases lacrimógenos, las detenciones arbitrarias y los registros policiales sin orden judicial que se habrían producido durante las protestas de comunidades indígenas en la provincia de Jujuy en junio de 2023”, así como a “la falta de investigaciones efectivas sobre estas denuncias”.
Entre las recomendaciones emitidas se encuentran asegurar la grabación de todos los operativos policiales durante manifestaciones y protestas, garantizar el acceso a dichas grabaciones a los órganos independientes de investigación, e investigar “de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza en el marco de manifestaciones y protestas”.
Otro motivo de preocupación para el Comité son las informaciones que señalan abusos en los operativos realizados por las patrullas municipales de la provincia de Buenos Aires.
También preocupan los reportes que denuncian detenciones masivas, seguidas de actos de hostigamiento y el arresto sin supervisión judicial en el marco de “operativos preventivos”, como los realizados en barrios populares –incluyendo acciones contra niños y niñas en Tucumán– y durante los llamados operativos de “orden y limpieza” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires contra personas en situación de calle, incluidas aquellas con enfermedades de salud mental o consumo problemático de sustancias.
El Comité expresó “su seria preocupación por las situaciones de detención prolongada, incluyéndose informes de casos en los que algunas personas han sido retenidas por más de seis meses o inclusive más de un año, en comisarías y otras dependencias policiales, que, por su propia naturaleza, no están diseñadas para estancias de larga duración”.
Torturas: Una vieja herida
Con respecto a los informes que indican un aumento de las denuncias por malos tratos en establecimientos penitenciarios y dependencias policiales desde 2024, el Comité manifestó su particular inquietud por “actos de tortura y/o malos tratos, como golpes, amenazas, humillaciones, prácticas violentas de “bienvenida” e interrogatorios coercitivos, presuntamente cometidos por agentes penitenciarios y de policía”.
Además, se advierte sobre la aplicación de medios de contención mecánica y la medicalización forzada, particularmente de mujeres, durante situaciones de crisis sin la correspondiente regulación y prescripción médica.
Por último, el Comité está preocupado por la información recibida relativa a represalias contra personas que presentan denuncias estando bajo custodia, la ausencia de mecanismos eficaces de denuncia y de protección para víctimas y testigos, y el hecho de que la única alternativa que se ofrezca en estos casos sea el traslado a celdas de aislamiento o a otros establecimientos penitenciarios.
Por otro lado, el Comité expresó su inquietud por la información disponible que indica que las investigaciones sobre actos de tortura y/o malos tratos rara vez se inician de oficio, que los hechos suelen tipificarse como delitos de menor gravedad, que los exámenes médico legales y las autopsias realizadas resultan deficientes y que los procesos judiciales se demoran, contribuyendo a la impunidad de los hechos.
No a la baja
El Comité compartió las preocupaciones expresadas por otros órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos respecto del proyecto de ley actualmente en trámite, que, de ser aprobado, reduciría la edad mínima de responsabilidad penal de 16 a 14 años.
Argentina tiene un plazo de un año para proporcionar al Comité contra la Tortura (CAT) información sobre el seguimiento dado a las recomendaciones del Comité relativas a la detención prolongada en dependencias policiales, el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, el uso excesivo de la fuerza en el contexto de la protesta social, e investigación de denuncias de tortura y malos tratos e impunidad.
(Con información de TeleSur)
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