La Constitución y las tasas especulativas: Cuando la economía se manipula, se afecta al pueblo

En Cuba, la Constitución de 2019 no es un documento decorativo ni un adorno para citar en fechas señaladas. Es el eje que sostiene la estabilidad económica, la cohesión social y la tranquilidad cotidiana de la población. Cada uno de sus principios sirve de barrera contra prácticas que puedan distorsionar la vida nacional. Y sí: incluso contra fenómenos aparentemente “digitales”, como la difusión de tasas informales que pretenden fijar el valor del dólar sin controles, sin método y sin responsabilidad.

Por eso, cuando plataformas externas generan “tasas” basadas en reportes anónimos o intereses desconocidos —como ocurre con El Toque— el asunto no es técnico ni menor, sino que estamos frente a prácticas que rozan límites constitucionales esenciales y que pueden erosionar derechos, garantías y la estabilidad económica del país. Lo que parece un simple numerito en pantalla puede terminar influyendo en el precio del pan, en el pasaje del transporte o en la tranquilidad de una familia. Así de profundo es el impacto.

Desde la perspectiva del Derecho Constitucional cubano, la economía jamás puede quedar subordinada a mecanismos ajenos al interés público. La Constitución, al definir a Cuba como un Estado socialista de derecho y justicia social, impone un deber de protección reforzada frente a dinámicas que generen incertidumbre o alteren el orden económico nacional. La difusión de tasas informales no solo opera al margen de la institucionalidad, sino que crea un sistema paralelo de referencia económica incompatible con la autoridad regulatoria del Estado. Por eso, incluso cuando el fenómeno parece digital o “ciudadano”, su impacto trasciende la opinión al incidir en la estabilidad económica, un bien jurídico protegido directamente por la Carta Magna.

Atentan contra la seguridad económica y social del país

La Constitución reconoce la protección de las familias, la seguridad económica y el deber del Estado de evitar prácticas que generen distorsiones o inestabilidad. No es casual que su contenido articule una visión de soberanía económica y justicia social que no puede quedar a merced de rumores o algoritmos improvisados. Una tasa construida sobre supuestos, carente de sustento técnico real, no sirve para comprender la realidad económica. Por el contrario, la transforma en un campo de especulación. ¿El resultado? Tal como advertimos inicialmente, estas distorsiones no solo impactan simbólicamente, sino que generan efectos concretos y acumulativos en la economía cotidiana del país.

Precios inflados, decisiones irracionales, pérdida del poder adquisitivo y un golpe directo al salario, la pensión y la canasta básica. Una economía pequeña y bloqueada —como la cubana— es especialmente vulnerable a hechos así. La Constitución exige blindar la estabilidad; la especulación hace exactamente lo contrario.

El orden constitucional cubano protege explícitamente la seguridad económica como una dimensión de la seguridad nacional. Esto implica que cualquier mecanismo que introduzca señales distorsionadas en el mercado interno constituye un riesgo para la estabilidad social. Las tasas especulativas no son simples indicadores alternativos. Son factores que condicionan precios, expectativas y comportamientos económicos.

En términos jurídicos, se trata de una interferencia externa en la conducción económica del país, que debilita la capacidad del Estado para garantizar la justicia social. En economías vulnerables como la cubana, la seguridad económica no es un lujo, sino un componente esencial de los derechos sociales que la Constitución reconoce y protege.

Afectan el Derecho a la información responsable

La Constitución reconoce la libertad de expresión. Pero no la confunde con la libertad de manipular información o inflar cifras sin sustento. Tampoco ampara la creación de datos que pueden impactar la economía nacional sin ningún ejercicio de verificación. Quien difunde tasas cambiarias que afectan decisiones económicas colectivas carga con un deber especial de transparencia. No es opcional; es responsabilidad pública.

La publicación de cifras sin metodología, sin controles, sin auditoría, sin rendición de cuentas y sin identificación clara de sus fuentes no solo contradice el deber constitucional de informar verazmente, también rompe el pacto de confianza social que sostiene la toma de decisiones económicas en cualquier país. Publicar una tasa sin fundamento es como poner un semáforo en rojo, amarillo y verde al mismo tiempo. Provoca confusión, caos y termina en choque.

El Derecho Constitucional distingue entre libertad de expresión y responsabilidad informativa. Cuando la información genera efectos públicos, como ocurre con las tasas cambiarias, su manejo se convierte en un asunto de interés general. Por ello, la veracidad, la claridad y la trazabilidad son exigencias constitucionales, no simples recomendaciones éticas. La circulación de información económica carente de controles vulnera el derecho colectivo a recibir datos fiables, afecta la toma de decisiones racionales y crea un entorno de incertidumbre incompatible con el orden público económico. La Constitución garantiza derechos, pero también establece límites cuando el ejercicio de un derecho afecta al bienestar común.

Dañan los derechos del consumidor

En Cuba, la Constitución protege al consumidor frente a prácticas engañosas, confusas o abusivas. Cuando un ciudadano compra, vende, cambia o ahorra guiado por “tasas” especulativas que no reflejan transacciones reales, se vulnera su derecho a una información confiable. Esto abre la puerta a decisiones equivocadas, al fortalecimiento de mercados informales y a la pérdida de los ahorros familiares. Quien manipula la información económica, manipula al ciudadano.

Mientras que la responsabilidad informativa se enfoca en la calidad del dato, la protección al consumidor se orienta a los efectos concretos que ese dato genera en su economía doméstica. La protección constitucional al consumidor incluye garantizarle condiciones de equidad en el acceso a la información económica. Cuando una plataforma genera tasas sin respaldo metodológico, coloca al ciudadano en una posición desigual frente al mercado, afectando su capacidad real de defender sus intereses.

La manipulación informativa constituye una forma de engaño indirecto que, aunque no se presente como publicidad o práctica comercial explícita, produce los mismos efectos al inducir conductas económicas contrarias al bienestar del consumidor. En un país como el nuestro donde muchas familias administran recursos limitados, el daño es considerable y adquiere una dimensión constitucional.

Afectan la estabilidad del Estado

El Estado socialista cubano tiene, por mandato de la Constitución, la obligación de garantizar el bienestar, la estabilidad y la justicia social. Cualquier práctica que fomente desconfianza, alimente la incertidumbre, distorsione expectativas económicas o estimule mecanismos especulativos erosiona la capacidad del Estado para cumplir su mandato constitucional. No es casualidad. No es ingenuo. No es neutro. Si en el plano económico estas señales generan desorden, en el plano institucional su impacto es aún más grave, porque afecta directamente la capacidad del Estado para sostener un clima de gobernabilidad. La manipulación de expectativas es una herramienta usada históricamente para generar inestabilidad. Cuando se juega con los nervios económicos de un país, se está tocando una de las fibras más sensibles de su estabilidad política y social.

Es así que la estabilidad del Estado no solo se mide por la ausencia de conflictos, sino también por la previsibilidad de su entorno económico. Las tasas especulativas afectan esa previsibilidad al introducir señales que generan temor, desconcierto y percepción de descontrol. Desde el Derecho Constitucional, todo aquello que debilita la confianza pública compromete el ejercicio eficaz de la función estatal y vulnera el principio de soberanía económica. En la práctica, estas distorsiones dificultan la planificación, entorpecen políticas públicas y pueden ser utilizadas como herramientas de presión política, lo cual las convierte en un riesgo constitucional.

Impactan la paz y la tranquilidad ciudadana

La Constitución protege la dignidad y la tranquilidad del pueblo cubano. La manipulación económica, por pequeña que parezca, genera un daño emocional real al provocar ansiedad, angustia, estrés financiero, sensación de caos y una incertidumbre que se multiplica en tiempos de vulnerabilidad. La pregunta es simple: ¿Una tasa que cambia porque “alguien la publicó” y no porque exista una economía que la sustente, aporta algo al país? La respuesta es igual de simple: no. La Constitución exige serenidad, orden y confianza. La especulación disfrazada de “dato” va en dirección contraria.

La paz social, reconocida como bien constitucional, no se limita a la ausencia de violencia física. Incluye el derecho de las personas a vivir sin miedo, sin ansiedad económica y sin temores inducidos. Las tasas especulativas crean un clima de inquietud que se difunde con rapidez y afecta la salud mental colectiva. Jurídicamente, esto supone una afectación al orden público y al bienestar general, elementos que la Constitución obliga a proteger. Por ello, cualquier práctica que genere inestabilidad emocional generalizada adquiere relevancia constitucional y exige respuestas institucionales para preservar la tranquilidad ciudadana.

Cuba necesita verdad económica, no especulación digital

En Cuba, la economía es un asunto serio, constitucional y profundamente humano. Las tasas informales no reflejan la realidad, por el contrario, la manipulan. Y cuando se manipula la economía, se afecta al pueblo, a sus derechos y al proyecto social que hemos decidido construir. Cuba necesita información rigurosa, transparente, verificable y responsable. No números improvisados. No algoritmos sin control. No especulación disfrazada de análisis. La Constitución nos marca el camino. La responsabilidad colectiva exige seguirlo.

El mandato constitucional de construir una sociedad justa y equitativa exige que la información económica responda a criterios de objetividad y control institucional. La “verdad económica” no es un concepto político, sino jurídico. Implica que los indicadores que movilizan decisiones colectivas deben provenir de fuentes legítimas y verificables. La especulación, al sustituir hechos por percepciones manipuladas, vulnera ese principio y afecta la cohesión social. En consecuencia, la defensa de la estabilidad económica y la lucha contra la manipulación informativa no son decisiones coyunturales, sino obligaciones constitucionales que responden a la protección del pueblo.