Brasilia, 10 oct (Prensa Latina) El juez Alexandre de Moraes, de la Corte Suprema de Brasil, ordenó el despido de los abogados Eduardo Kuntz y Jeffrey Chiquini, quienes hasta hoy representaban a dos acusados del llamado núcleo dos de la tentativa golpista en 2022.
Los afectados son Marcelo Câmara, exasesor del expresidente Jair Bolsonaro, y Filipe Martins, quien ocupó el cargo de asesor especial de Asuntos Internacionales durante el gobierno del político ultraderechista (2019-2022).
De Moraes argumentó en su decisión que los dos juristas incumplieron con la presentación de los alegatos finales, una etapa procesal clave antes del juicio, y adoptaron una «conducta inusual» que el magistrado calificó de «maniobra dilatoria».
El plazo para la entrega de esas alegaciones venció el martes.
«La conducta de la defensa de los acusados es absolutamente inusual, llegando incluso a constituir litigio de mala fe, debido a la admisión de la intención de retrasar el caso, sin ninguna previsión legal», señaló en su despacho.
Ante ello, el juez determinó que la representación legal de Câmara y Martins sea asumida por la Defensoría Pública Federal, a fin de garantizar la continuidad del proceso.
En respuesta, el abogado Kuntz difundió una nota en la que afirmó que los alegatos serán presentados antes del 23 de octubre, dentro del plazo de 15 días.
Tal término, según la defensa, comenzó a contar el 8 de octubre, cuando fue incorporada al expediente una diligencia solicitada por los propios abogados y autorizada por De Moraes.
«Esta defensa técnica debidamente constituida informa que tomará las medidas pertinentes para permanecer en el caso, en el ejercicio inquebrantable de su independencia profesional, respetando las garantías constitucionales y las del tribunal», sostuvo Kuntz.
Chiquini, representante de Martins, no se había pronunciado sobre la decisión del Supremo.
La medida se inscribe dentro del marco de los procesos abiertos por el Supremo Tribunal Federal contra varios excolaboradores de Bolsonaro y militares en retiro, acusados de conspirar para impedir la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en enero de 2023.
Según la Fiscalía General, el núcleo dos coordinaba las acciones con el fin de «sostener la permanencia ilegítima» del entonces mandatario en el poder.
