Quito, 6 oct (Prensa Latina) Las protestas en Ecuador contra medidas del Gobierno de Daniel Noboa entran hoy en su tercera semana en medio de un estado de excepción y advertencias del movimiento indígena de radicalizar las movilizaciones.
Ante la declaración del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, sobre la posibilidad de dirigir las protestas hacia Quito si el Ejecutivo no responde a sus demandas, Noboa emitió un nuevo decreto de estado de excepción para 10 provincias.
«Nadie puede venir a tomarse por la fuerza la capital de todos los ecuatorianos. A los que eligen la violencia, los espera la ley. A los que actúan como delincuentes, se los tratará como delincuentes», afirmó el mandatario este domingo en su cuenta de la red social X.
Para la Conaie, bajo el discurso del orden, el Gobierno ha desatado una represión sistemática contra quienes ejercen su derecho constitucional a la resistencia y criticó la nueva declaratoria de excepcionalidad en los territorios movilizados.
«Responsabilizamos al presidente Noboa por las consecuencias de esta decisión autoritaria, que busca silenciar y reprimir al pueblo en lucha. El decreto suspende la libertad de reunión e intensifica la movilización de Fuerzas Armadas y Policía», advirtió la Conaie.
Según la organización, el estado de excepción agrava el riesgo del uso desproporcionado de la fuerza y de detenciones arbitrarias, al tiempo que pretende ocultar las verdaderas causas de la crisis: la eliminación del subsidio al diésel, el incremento del IVA, y otras problemáticas.
Las movilizaciones, que cumplen hoy 15 días, han tenido a Imbabura, provincia del centro norte del país, como epicentro, aunque en otras localidades de la sierra y la Amazonía han sido escenario de manifestaciones.
Según el monitoreo de la Alianza por los Derechos Humanos, se registraron hasta este 4 de octubre 208 reportes de vulneraciones a los derechos humanos, 112 personas heridas y una persona fallecida, el comunero kichwa Efraín Fuerez.
Las demandas del movimiento indígena incluyen la derogatoria del decreto que puso fin a la subvención al diésel, la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 12 por ciento, rechazo a la Asamblea Constituyente impulsada por el Ejecutivo, y mayor presupuesto para salud y educación.
Mientras tanto, el Gobierno sostiene que las medidas económicas son necesarias e insiste en que no dará marcha atrás con la decisión del diésel ni están dispuestos a dialogar con «una minoría» que no representa al país.
El impacto económico de las protestas también crece con el paso de los días, según la Cámara de Industrias y Producción, que reportó pérdidas superiores a 70 millones de dólares, fundamentalmente en sectores como la industria láctea y la floricultura debido al cierres de fincas y rutas de transporte interrumpidas.
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