El análisis, que abarca el período comprendido entre el 27 de junio y el 26 de septiembre de 2025, será expuesto mañana ante el referido órgano de Naciones Unidas por el representante especial del secretario general en territorio neogranadino, Miroslav Jenča,
En el reporte anterior, la ONU destacó la determinación del país sudamericano “para establecer una paz duradera tras décadas de conflicto armado”, en tanto estimó que sus esfuerzos merecen el continuo y firme apoyo de la comunidad internacional.
António Guterres mostró asimismo su preocupación por la persistente violencia que afecta a la población civil en varias regiones de Colombia, con perjuicios acentuados para comunidades indígenas y afrocolombianas, los niños reclutados por los grupos armados, los excombatientes y los líderes sociales.
“Hago un llamado a los grupos armados para que cesen todas las amenazas y la violencia contra la población civil. Asimismo, insto al Estado, en su conjunto, a que adopte las medidas adecuadas para reforzar la seguridad, combatir las economías ilegales, preservar la justicia y proteger a todas las comunidades afectadas”, solicitó.
Destacó el establecimiento por decreto del Programa de Protección Integral para excombatientes, que incluye la formalización de la Instancia Tripartita de Protección y Seguridad, destinado a prevenir o resolver problemas relacionados con la seguridad que reúne a representantes del Estado, de los excombatientes y de la Misión de Verificación.
El informe alertó además que, hasta el 26 de junio pasado, se elevó a 470 el número de firmantes del Acuerdo de Paz asesinados.
Respecto a la reforma rural, destacó los esfuerzos del Gobierno para facilitar la adjudicación y la formalización de tierra a campesinos, mujeres rurales y víctimas.
Se espera que en este informe el secretario general celebre la emisión por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (JEP) de sus primeras sentencias.
A mediados de septiembre, por los delitos asociados con la privación de personas, el tribunal de paz impuso a siete exlíderes guerrilleros ocho años de sanciones, que cumplirán con proyectos restaurativos, incluidos aquellos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, actos de memoria y reparación simbólica, recuperación ambiental y desminado humanitario.
Pocos días después, esa misma corte sancionó a 12 comparecientes de la fuerza pública por su máxima responsabilidad en 135 asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2005.
Los individuos, que también se integrarán a obras restaurativas, eran integrantes del Batallón de Artillería dos, conocido como La Popa, y los hechos aluden a crímenes cometidos en el norte del departamento de Cesar y el sur de La Guajira.
