Activista propalestino detenido ilegalmente demanda a la Administración Trump

Nigeria rechazó este jueves aceptar a deportados de Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump planteara en una reunión con dirigentes africanos que estos países acojan migrantes expulsados de su territorio.

Las deportaciones a terceros países son uno de los pilares de la polémica campaña de Trump contra la migración irregular.
La Administración Trump ha deportado a cientos de personas a terceros países como Panamá, El Salvador o Sudán del Sur.

“Estados Unidos está ejerciendo una presión considerable sobre los países africanos para que acepten venezolanos deportados de Estados Unidos”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Nigeria, Yusuf Tuggar, en una entrevista a Channels Television.

“Será difícil para Nigeria aceptar presos venezolanos”, agregó y también sugirió que Estados Unidos amenaza con altos aranceles al bloque de los Brics, del que Nigeria forma parte, para presionar en la cuestión de las deportaciones.

En la misma jornada, Trump recibió en la Casa Blanca a los presidentes de cinco países africanos (Gabón, Guinea-Bisáu, Liberia, Mauritania y Senegal) y, según el diario The Wall Street Journal, les instó a recibir migrantes expulsados de Estados Unidos.

Un juez federal volvió a impedir este jueves que el Gobierno de Donald Trump niegue la ciudadanía a algunos bebés nacidos en Estados Unidos, haciendo uso de una excepción para superar el reciente fallo de la Corte Suprema que restringió la capacidad de los magistrados para bloquear esa y otras políticas en todo el país.

El juez de distrito Joseph Laplante, en Concord, Nuevo Hampshire, adoptó la decisión después de que grupos defensores de los derechos de los inmigrantes le pidieron el estatus de acción colectiva a una demanda que presentaron buscando representar a cualquier bebé cuya ciudadanía sea amenazada por la implementación de la directiva de Trump.

El fallo está lejos de ser la última palabra en la batalla legal sobre el decreto que Trump firmó en enero, en su primer día de regreso al cargo.

El juez suspendió su fallo durante siete días para dar tiempo al Gobierno de Trump a apelar, lo que un abogado del Departamento de Justicia en la audiencia indicó que sin duda sucedería.

Laplante, designado por el presidente George W. Bush, aceptó que los demandantes actúen como grupo, lo que le permitió emitir una nueva orden judicial para bloquear la aplicación de la política del presidente republicano a nivel nacional.

Los abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) le habían instado a hacerlo después de que la Corte Suprema emitió el 27 de junio un fallo por 6-3 que reducía tres medidas cautelares de jueces en desafíos separados a la directiva de Trump.

La decisión de la Corte Suprema significaba que los bebés nacidos en algunas partes de Estados Unidos, de padres que no son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales, corrían el riesgo de que se les negara la ciudadanía y quedaran sujetos a deportación.

Sin embargo, la sentencia contenía una excepción para las demandas colectivas que buscan reparación en nombre de un grupo de personas en situación similar en todo el país.

Laplante dijo que los niños podrían verse privados de la ciudadanía estadounidense si el decreto de Trump entra en vigor.

El abogado de ACLU, Cody Wofsy, celebró la decisión y dijo a periodistas que el fallo de la Corte Suprema provocó “preocupación, confusión y miedo” entre las familias migrantes cuyos bebés serían afectados por el decreto de Trump.

“Esto va a proteger a todos y cada uno de los niños en todo el país de un decreto ilegal, inconstitucional y cruel”, señaló.

El portavoz de la Casa Blanca, Harrison Fields, dijo que “la Administración Trump luchará enérgicamente contra los intentos de estos jueces de distrito deshonestos de impedir las políticas que el presidente Trump fue elegido para implementar”.