Lograr que la Ley de Comunicación Social se convierta en esa herramienta que propicie el cambio, las transformaciones en la sociedad, constituye uno de los principales desafíos de quienes en la Isla de la Juventud tienen la responsabilidad de materializarla.
Al respecto se debatió en el balance que tuvo lugar en la sede del Gobierno, cuando todavía no se cumple el año de haberse creado aquí el Departamento del Instituto de Información y Comunicación Social (ICS); lo cual habla de su importancia como la trascendencia de esa norma jurídica, sin precedentes en el catálogo legislativo del país.
Los debates, en los que además estuvieron presentes emprendedores, contaron con la presencia de Alfonso Noya Martínez, presidente del ICS, y al calor de estos se analizó cómo se ponen en práctica los procesos comunicacionales en las diferentes entidades e instituciones del territorio, muchas de las cuales hoy no tienen un especialista en la materia y tampoco se les destina financiamiento.
Resultó interesante conocer cómo a pesar de las más de veinte acciones de capacitación realizadas, donde han participado cerca de 400 personas, entre comunicadores, periodistas, directivos… todavía prima el desconocimiento y ello no solo obstaculiza su socialización sino también su cumplimiento.
Y habrá que prestarle la debida atención al tema porque en la propia Ley se reconoce la existencia de tres ámbitos comunicativos: el organizacional, el mediático y el comunitario. Ello significa que la comunicación no es patrimonio exclusivo de los medios de prensa, como muchos pueden llegar a pensar, todo lo contrario, está involucrada la sociedad en su conjunto porque pone a los seres humanos como centro.
Por eso en ese ámbito se subrayó la necesidad de potenciarla en las entidades y los centros laborales porque en la medida que se conozcan los públicos internos y externos mejores serán las relaciones con estos, las prestaciones de los servicios, la satisfacción de las necesidades; además de elevar el valor de la empresa, la marca o el negocio.
Se habló de ese derecho de los pobladores a solicitar y recibir información útil y oportuna; así como la obligación de los servidores públicos de ofrecerla, siempre de manera diáfana y con total transparencia.
Al igual que en el barrio hay que intencionar mejor la comunicación comunitaria, mientras en el ámbito digital urgen acciones que promuevan esa alfabetización mediática e informacional; sin duda alguna, una tarea titánica precisamente por ser un espacio propicio para la guerra mediática, pero donde se impone aprender a andar con respeto, decencia y humanidad.
Pero en ese escenario si bien se insistió en la importancia de continuar socializando la norma también en la necesidad de trazar mejores estrategias, en el constante estudio hasta de sus reglamentos y de organizar la comunicación en aras de alcanzar una Cuba con mayor justicia social y participación.
Si bien la Ley sienta las bases para perfeccionar los procesos comunicacionales en todos los ámbitos y refuerza los derechos de los ciudadanos; nos corresponde a todos, no solo al ICS y a su estructura en el municipio, hacerla cumplir para comunicar bien, conectando con la gente, y lograr una sociedad cada vez más instruida e innovadora.
