“Este va a ser un código totalmente emancipador y engrandecedor”, dijo este lunes el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez durante una sesión en que diputados de tres comisiones parlamentarias fueron informados y analizaron el proceso de elaboración del Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes, y subrayó que el reto tras aprobarlo será asegurar una implementación efectiva.
Los diputados de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de los Derechos de la Mujer y Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente conocieron el avance en la elaboración y el proceso de consulta en marcha, que precede a la presentación del código a análisis del Parlamento.
La ministra de Educación, Naima Ariatne Trujillo Barreto, explicó que el anteproyecto, disponible para lectura en el portal del Mined, tiene como precedente la Política Integral de Niñez, Adolescencias y Juventudes, aprobada por el Legislativo en julio de 2023, y es una de las acciones del plan de implementación de esa política.
“Ha sido un proceso intenso y de mucha negociación para llegar a importantes consensos”, dijo, e informó que el trabajo continuará en los próximos meses.
A lo largo de este año, el trabajo del grupo redactor, coordinado por el Mined, ha incluido un amplio proceso de consultas en el que han participado 20 000 niños, adolescentes y jóvenes, además de campesinos, académicos y miembros de la comunidad científica, asociaciones, institutos y centros de estudios y expertos en la Constitución y el Código de las Familias.
Además, la Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo Popular y los ministerios de Educación Superior, Salud, Interior y Relaciones Exteriores, la ONEI y universidades.
Marlen Triana Mederos, viceministra de Educación, dijo a los diputados que, además de la Constitución y la Política Integral de Niñez, Adolescencias y Juventudes, el código tiene referentes en el Código de las Familias y la Convención de los Derechos del Niño.
Entre las cuestiones identificadas en el diagnóstico previo a la elaboración del anteproyecto, mencionó la desarticulación entre políticas, programas y planes sectoriales dirigidos a niños, adolescentes y jóvenes; la ausencia de un mecanismo nacional de coordinación o rectoría y dispersión de la información estadística e insuficiente aprovechamiento de la existente para el seguimiento y la evaluación sistemática de la situación de niños, adolescentes y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.
“Estamos previendo un sistema de protección de niños y adolescentes”, señaló la viceministra, y precisó que en el proceso de consulta se han recogido más de un centenar de criterios y recomendaciones de organismos de la Administración Central del Estado, institutos y organizaciones estudiantiles.
Entre las recomendaciones recibidas, mencionó la de considerar algunos artículos del Código de la Niñez y la Juventud (1978) que tienen vigencia; transformar el Decreto-Ley 64 (1982) para la atención a menores con trastornos de la conducta; abordar la cuestión del Servicio Militar Activo y establecer mecanismos para la protección legal de menores que infringen la ley.
(Noticia en Construcción)
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