La Ley de Comunicación Social, primera en Cuba, entró en vigor este 4 de octubre con el objetivo de ordenar el sistema comunicacional y promover mayor transparencia y, por supuesto, más eficacia en medio de grandes desafíos que hacen complicada su implementación.
No puede ser más difícil este momento caracterizado por la crisis global tras la pandemia, los aires de restauración neoliberal, la agudización de los problemas ocasionados por el bloqueo del Gobierno estadounidense y la complejidad para actualizar el modelo socialista cubano, situaciones que urgen comprenderse con claridad y enfrentarse sin titubeos.
“Sin comunicación social no se pueden entender las políticas públicas”, enfatizaban los debates de julio pasado en el Parlamento previo a la aprobación de la referida Ley 162, cuyo texto ampara los derechos de las personas a la información y a la comunicación fijados en la Constitución.
La norma jurídica y disposiciones complementarias dejan atrás estrechas visiones y apuestan por un concepto más amplio de la comunicación social en tres ámbitos claves, desde el organizacional y mediático hasta el comunitario, como una de sus mayores novedades, todos con fines políticos, de bien público, organizacionales y comerciales, en los espacios públicos físicos y digitales.
Estos últimos no pueden subestimarse pues crean el espejismo de parecer imparciales y objetivos cuando en realidad son objeto de la manipulación enemiga que desinforma, confunde y desmoviliza cuando falta la suficiente preparación, sobre todo ideológica, insustituible en tiempos convulsos y en tema tan cotidiano.
No olvidemos que entre las principales misiones de nuestro Partido están la batalla ideológica, la lucha por la paz, la unidad y la firmeza ideológica, medulares en medio del acoso en ese terreno, donde resultan fortalezas esenciales la calidad de nuestro pueblo, su cultura política y resistencia.
Resulta loable que en la socialización de la ley se involucren las universidades y otras entidades y propongan abrir la especialidad en comunicación comunitaria, uno de los pilares del gobierno cubano y articule la participación popular como derecho y deber del ciudadano.
Estos y otros asuntos urgen debatirse a la vez que trabajar en formar habilidades comunicativas en la población, principalmente en la comunicación barrial y no limitar la necesidad de capacitación a directivos de entidades, donde la nueva norma puede contribuir a mejorar la comunicación interna que tanto ayuda a la cohesión y eficacia de los colectivos, y la externa para llegar a los públicos con un discurso claro y convincente.
Buena parte de la capacitación está dirigida a profesionales de los medios de prensa, con un rol mayor hoy en busca de las respuestas demandadas por el pueblo, a cuyo servicio nos debemos todos.
No puede ser más oportuna la Ley al proponerse acompañar la responsabilidad social de las empresas desde la comunicación e implementarse mientras transcurra hasta noviembre la rendición de cuenta del delegado del Poder Popular ante sus electores, en el cual deviene puntal de ese proceso y respaldarlo de mejor manera.
Favorece, además, la transparencia y control popular en ese pedacito también conocido como circunscripción o barrio, reconoce la publicidad y el patrocinio como parte del sistema, defiende a sujetos protegidos como niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores y quienes están en discapacidad, pero prohíbe contenidos que denigre la imagen de la mujer, incite a la violencia, a romper con el orden constitucional y demás normas, que afecte la cultura, la identidad nacional y principios de nuestra sociedad.
Es histórica la Ley, primera de su tipo en Latinoamérica en abarcar sectores y articular a actores organizacionales, mediáticos y comunitarios, con la que navegamos a contracorriente de los que pretenden anular nuestra identidad.
(*) Colaborador
