Muy extraño, lleno de interrogantes e improvisado resultó el intento de golpe militar de este miércoles en Bolivia, donde desde el principio fue evidente que estaba condenado al fracaso, como en efecto ocurrió horas después de que un grupo de militares, encabezados por el general (hoy destituido) Juan José Zúñiga, se apertrechara en la plaza Murillo, en La Paz, en las inmediaciones de las sedes del poder ejecutivo y legislativo y entrara por la fuerza al palacio presidencial, con un saldo de nueve civiles heridos.
De manera previa la Fiscalía General del Estado de Bolivia inició una investigación penal contra Zúñiga, destituido este 25 de junio tras sus amenazas contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) y es investigado por delitos de terrorismo y alzamiento armado.
Pero las organizaciones sociales y el pueblo boliviano salieron a las calles y rechazaron la intentona. A la resistencia general contra estos planes criminales llamaron de inmediato el gobierno de Luis Arce y los movimientos sociales de esa nación que construye su camino hacia el socialismo y hace pocas semanas –como parte del proceso de reafirmación de su soberanía– presentó durante la visita del presidente Arce a Rusia una solicitud formal de ingreso al Brics, entre otras acciones contrarias a la hegemonía de EE. UU.
El trasfondo del vergonzoso acontecimiento radica en los intereses de la oligarquía boliviana y sus amos del norte, con ansias de derrocar al actual gobierno legítimo de Bolivia y restaurar el estatus colonial en uno de los países más ricos en recursos de la región, con el 24 por ciento de las reservas mundiales de litio y que en diciembre del 2023 firmara un acuerdo para la explotación conjunta de esa principal riqueza mineral, entre la empresa estatal boliviana YLB y el consorcio ruso Rosatom.
No olvido las palabras de Laura Richardson, jefa del Comando Sur de EE. UU., quien al acentuar los cuantiosos y variados recursos en Bolivia daba las claves del intento de adueñarse de ese país.
En la estela de incertidumbre que deja la torpe intentona golpista no es de descartar que quizá formara parte de una prueba de fuerza o alguna investigación para medir la reacción de los sectores de la sociedad boliviana e incluso de otros países ante semejante proyecto que en esta ocasión no tuvo el apoyo de ningún país del mundo, pues lo condenaron todos los gobiernos y las organizaciones internacionales que se pronunciaron.
Los objetivos del enemigo son evidentes: destruir este ejemplo de desarrollo independiente exitoso de un país que en su pasado fue el más pobre de Suramérica, debido a su saqueo durante siglos de las élites mayoritariamente extranjeras, de espaldas al pueblo boliviano.
Aún molesta que los recientes gobiernos de Evo Morales y Luis Arce han hecho más por los bolivianos que todos sus gobiernos anteriores juntos, quienes convirtieron al rico país en “mendigo en un trono de oro” y campeón mundial de golpes de Estado del pasado siglo.
Evo y Luis no solo devolvieron al país sus principales riquezas y la independencia para su Estado Plurinacional, también mejoraron el nivel y la calidad de vida de la mayoría de la población, en especial de los más pobres, y avanzado contra el racismo de las élites blancas, paradójicamente, en el país más indígena de América Latina.
Entre los jefes de Estado que denunciaron la afrenta a la legalidad, por segunda vez en menos de una década, estuvo el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien expresó su indignación por “el atropello a la democracia y al pueblo boliviano”.
Similar postura asumieron los gobiernos de Venezuela, México, Colombia, Brasil, Honduras, Chile, Paraguay, Ecuador, Uruguay, Panamá, República Dominicana y Perú, mientras continúan los mensajes de apoyo del orbe al gobierno legítimo del hermano pueblo latinoamericano que entre otras incertidumbres de hoy no menos peligrosa que cualquier acción militar enemiga, y es la división en el partido gobernante Mas (Movimiento al Socialismo) entre los seguidores de su líder histórico Evo y el presidente Arce.
Mas, no se trata de un problema boliviano, sino mundial para las fuerzas de la izquierda que mucho hablan de unidad y no siempre logran encausarla; el próximo golpe podría ser no solo militar, sino electoral.
(*) Colaborador
