Tolerancia cero

En Cuba  existe una voluntad política del Estado para combatir los hechos delictivos referentes a las drogas. Los órganos judiciales y las diferentes organizaciones de masa y políticas, así como los ministerios pertinentes, realizan mediante un trabajo conjunto estrategias de acción con tolerancia cero a este flagelo.

Nuestro Municipio, rodeado de agua, es blanco certero de los recalos que gracias a la coordinación existente entre los destacamentos Mirando al Mar y el Ministerio del Interior con sus tropas guardafronteras se impide caigan en manos inescrupulosas y comercialicen este tipo de sustancia en la sociedad pinera.

El bien jurídico que trata de proteger el Estado es la salud del individuo por los efectos negativos de las drogas, razón por la cual encara de manera legal la tenencia, fabricación, el cultivo, la siembra, el mercadeo, la introducción y extracción del país de una sustancia mortal que ha cobrado cientos de miles de vida en el mundo.

Hace unos días escuché por Radio Caribe una entrevista a la fiscal Idalis Terrero; abordaba el rol de la Fiscalía en el enfrentamiento a los delitos asociados con las drogas, con base en su principal objetivo: preservar la legalidad y poner a disposición de los tribunales a quienes transgreden las leyes y lo establecido.

La especialista jurídica explicaba el artículo 190 del Código Penal, el cual establece que aquella persona que sin estar autorizada la produzca, transporte, fabrique, adquiera, compre, introduzca o extraiga del territorio nacional, o la tenga en su poder con el propósito de traficar o de cualquier modo procure a otras drogas, estupefacientes, sustancias sicotrópicas o de efectos similares tiene un marco sancionador bastante elevado de cuatro a diez años de privación de libertad.

Según la Ley incurre en esta conducta delictiva el sujeto que mantenga en su poder, oculto, el hallazgo de estupefacientes, lo que ocurre por lo general en zonas costeras, por ello la existencia de los destacamentos Mirando al Mar, de los CDR, quienes rescatan a tiempo estos bultos y los protegen hasta la llegada del Ministerio del Interior.

Otra de las conductas reguladas en el Código Penal cubano es que el individuo que cultive la planta Cannabis sativa (conocida como marihuana) o tenga a sabiendas las semillas o partes de dicha planta, y si el cultivador es propietario u ocupante legal en cualquier concepto de tierras en usufructo, se procede a la confiscación de estas previa investigación, se aplica el Decreto 232 de la Fiscalía, y si se determina que comercializó y cultivó cantidades relativamente altas, la sanción es más grave por su impacto negativo en la salud humana.

La instrucción 170 del Tribunal Supremo Popular establece que los tribunales, con el rigor necesario y sin menoscabo de los derechos y las garantías fundamentales de los enjuiciados, en los casos de los delitos relacionados a producción, cultivo, venta, demanda, tráfico, distribución y tenencia de drogas, en especial en el tráfico internacional, la búsqueda, el escamoteo de los recalos, la comercialización en los centros nocturnos o facilitándola a los menores de edad, tienen que emplear sanciones de privación de libertad y penas accesorias de decomiso y confiscación.

De igual manera, la Ley prevé sujetos específicos en estos casos, díganse el médico, farmacéutica o los profesionales vinculados a la rama de la Salud, autorizados para recetar o administrar estupefacientes, que lo hagan con fines distintos a lo establecido, así como un trabajador de la Aduana que permita la entrada o salida del país de sustancias como estas.

La simple tenencia de drogas o estupefacientes sin la debida autorización o prescripción facultativa es sancionada en el Código Penal; la cocaína u otras sustancias de efectos similares o superiores tiene un marco sancionador de uno a cuatro años de privación de libertad o multa de 300 a 1 000 cuotas; la marihuana, de seis meses a dos años de prisión y una pena de tres meses a un año de privación con multa de 100 a 300 cuotas cuando se trate de drogas que no estén comprendidas en los apartados anteriores.

Como se puede notar, el diapasón del peso de la Ley sobre los individuos que violen e incurran en conductas delictivas de este tipo es bien amplio y preciso para combatir un fenómeno que golpea, aunque no de forma alarmante, a nuestro país y territorio, siempre con tolerancia cero.

Isla de la Juventud Opinión
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