Hay un pequeño colectivo adscrito a la Delegación Territorial de la Agricultura que conviene conocer mejor, sobre todo a los numerosos tenedores de tierra que la explotan en usufructo a lo largo del territorio pinero. Se denomina Departamento de Servicios Estatal-Forestal, Flora y Fauna Silvestre, y lo dirige el ingeniero Francisco Gamboa Martínez.
Allí disponen de un presupuesto considerable, a ejecutar en este año: 50,6 millones de pesos, destinados a hacerles más llevadera la tarea a quienes están enfrascados en hacer progresar parcelas antes improductivas.
“De esta asignación –explicó el ingeniero forestal– 6,9 millones se destinan a Inversiones, o sea, al establecimiento de plantaciones hechas en el 2018; el resto va completo para financiar la ejecución de los proyectos aprobados el año pasado”.
Hablamos de los propósitos comprendidos en la Resolución 768, donde se establecen su metodología y los modelos de certificación que deben avalar cada tarea realizada por el usufructuario, quien por su ejecución –y de acuerdo a una ficha de costo prestablecida según Carta Tecnológica– cobra un valor monetario pactado antes de comenzar su trabajo. Y lo estará recibiendo gradualmente, según avance en el desmonte de la propia tierra que recibió en usufructo. En otras palabras, su tierra lo sustenta antes de hacerla producir.
Los proyectos son muy variados: están los de reforestación, los de tratamiento silvícola-cultural, los de poda y raleo de bosques. O inclusive aquellos donde se apliquen los sistemas agroforestales: tipo pastoreo, agro-silvo-pastoreo o de cercas vivas. Y otros, como para escoger según el interés de cada quien.
No hay que ser experto para decidirse por uno de ellos. Basta llegar hasta el departamento de referencia –en la Delegación de la Agricultura–, allí el equipo de especialistas escuchará su criterio y le hará diferentes sugerencias, siempre buscando el quehacer más exitoso para usted, aquel que lo motive a continuar adelante.
Quizá su tierra esté invadida de marabú, en consecuencia y a solicitud suya –según el destino final que proyecta darle al suelo– se precisan todas las labores para ponerlo en condiciones de producir, donde se incluyen la forma y el método de su preferencia para lograrlo. Puede ser el desmonte manual o el tecnificado. En ambos el presupuesto estatal corre con el financiamiento; si escogió la variante tecnificada, incluye el pago del combustible y buldócer que realizará el desmonte.
Estas facilidades brindadas a quien esté interesado en recuperar y hacer producir la tierra se ejecutan bajo el financiamiento del Fondo Nacional para el Desarrollo Forestal; constituyen el mejor indicador
–como señalara Gamboa– de que en medio de la actual escases de recursos, “…semejante presupuesto debemos verlo como una señal muy clara de la importancia que merece y se le da a este tema tan relacionado con la producción de alimentos”.
