Si el hombre sirve, el usufructo sirve

Por Karelia Álvarez Rosell

El aprovechamiento de la tierra en la Isla de la Juventud no solo depende de la capacidad para hacerla producir, sino también de planificar, organizar, priorizar, controlar y exigir

La alimentación es una de las funciones indispensables para que el cuerpo del hombre pueda sobrevivir, por eso en Cuba es asunto de Seguridad Nacional el incremento y diversificación de la producción destinada al pueblo.

Nuestro país, tras el declive económico de la década de 1990, ha intentado revitalizar los campos cubanos, los cuales arrastraban lastres poco productivos anteriores al 1ro. de enero de 1959.

Desde el Decreto-Ley 259 del 2008, el cual legalizaba la entrega de tierras en usufructo para las personas naturales, hasta la actualidad el Gobierno revolucionario ha procurado viabilizar dichas entregas de áreas ociosas en pos del desarrollo económico y alimentario del país.

Sin embargo, a casi diez años de iniciado el proceso, aún no se perciben mejorías en los mercados agropecuarios. Por tal motivo nuestro semanario dedica hoy estas líneas para esclarecer cómo se otorgan las tierras, cuántas se entregaron en la Isla de la Juventud y qué sucede una vez otorgadas.

EL PROCESO

Cualquier persona natural, apta física y mentalmente para trabajar en el campo, puede solicitar hasta una caballería de tierras ociosas en la Delegación Territorial del Ministerio de la Agricultura, en el caso de ser un agricultor perteneciente a una cooperativa puede obtener hasta cinco.

“Todos tienen el mismo derecho, solo los jóvenes licenciados del Servicio Militar Activo tienen prioridad, atendiendo a lo expuesto en la Resolución 300, 304 y 311. A estos se les atiende inmediatamente su caso para que tengan sus usufructos en el menor tiempo posible”, apuntó Rosa Yanet Crespo Almaguer, subdirectora del Centro Municipal de Control de la Tierra y miembro de la Comisión Agraria.

Aquí el proceso de entrega demora entre 180 y 184 días, aunque existen casos que tardaron más, pero no es lo común. Ese es el plazo legislado exigido por el Decreto-Ley.

¿Por qué 180 días? Una vez se presenta el solicitante le abren un expediente y se envía a las entidades pertinentes para realizar las evaluaciones del terreno y del posible usufructuario.

Cada entidad tiene un tiempo determinado para cumplir con sus funciones. De estas, la de mayor demora es la medición catastral realizada por Geocuba, la cual debe demorar 60 días.

El resto –Instituto de Planificación Física, Centro Municipal de Control de la Tierra, Instituto de Recursos Hidráulicos, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, la Delegación Territorial del Ministerio de la Agricultura, entre otros–, que puede variar, cuenta con un plazo de entre tres y 15 días para realizar su trabajo evaluativo.

Una vez aprobada la entrega de la tierra por la Comisión Agraria, el usufructuario firma el contrato con la Empresa a la cual pertenece el área ociosa por un período determinado que puede ser de dos a diez años. Aunque la nueva resolución la extenderá hasta 20.

“El solicitante no debe trabajar las tierras hasta que las referidas sean entregadas por la Empresa, pues esta puede vetar la decisión de la Comisión Agraria siempre y cuando esté bien fundamentada. Quien incumpla esa norma corre el riesgo de ser multado”, agregó Crespo Almaguer.

Las referidas legislaciones buscan poner en manos de los cubanos el espacio para producir los alimentos que tanto necesita la población.

Si las empresas estatales no tienen los medios o no pueden trabajar sus tierras ociosas, el país se las entrega a una persona natural para que las trabaje con su propio esfuerzo y así ayude a desahogar la economía.

TEORÍA VS. REALIDAD

Al ver la buena voluntad del país uno pudiera pensar que los problemas alimenticios van a desaparecer. Pero nueve años después la mejoría no es tan perceptible. Y surge la pregunta ¿Si tanta gente solicita tierras por qué escasean los productos?

En un primer momento el descontento por la demora en la entrega y las duras condiciones para preparar las tierras ociosas y hacerlas producir parecen ser las principales dificultades.

Los nuevos “campesinos” deben esperar seis meses para comenzar a trabajar un área, generalmente llena de marabú. Este proceso puede durar hasta dos años en dependencia de la fuerza de las plantas invasoras. El usufructuario debe pelear con machete y guataca contra un enemigo, cual hidra mitológica, que se multiplica mientras más lo atacan.

No todos poseen la fuerza de voluntad para continuar con su empresa y hacen dejación de la tierra. Según la extensión del terreno, pueden haberse dejado de producir toneladas de viandas y frutas, o la tan deseada carne en la cocina cubana.

Pero ese caso es solo la punta del iceberg. El contratiempo es mucho más profundo y no afecta solo a los novatos.

Ángel Juan Ferrer Olaguibel, presidente de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Abel Santamaría, afirma que si bien es un problema la tendencia a no trabajar, otro mayor es la intención real de la solicitud.

“Muchos llegan a la Delegación y piden tierras, supuestamente para cultivar, pero el verdadero objetivo es resolver su problema con la vivienda. Una vez otorgadas comienzan a construir la casa y no producen nada, incumpliendo su parte del contrato. Y los responsables de exigirles a esas personas no lo hacen con el rigor que les corresponde.

“Entre advertencias y trámites se demoran en retirarles el usufructo y ya el infractor tiene casa con mujer e hijos. Entonces se convierte en un problema social sacarlos de ahí”, manifestó Ferrer Olaguibel.

“Otros cuentan con muy buena voluntad, pero al chocar con la preparación de la tierra comienzan los contratiempos.

“Es verdad que lo establecido es asumir con sus propios medios y que la cooperativa debe colaborar en ello, pero solicitamos los servicios a la Empresa Agroindustrial y esta, gran parte de las veces, no está en condiciones, así ha sido en lo que va de año”.

La CCS Abel Santamaría, solo en el 2016 dio baja a 68 asociados que no aportaban a la producción. De enero a la fecha fueron separados siete, tres por dejación y cuatro por desvincularse de las normas de la entidad.

Para Arturo Mendoza Miranda, uno de los usufructuarios con más resultados, el problema va más allá:

“Existen ‘productores’ con grandes extensiones de tierra y el mayor porciento se encuentra ociosa. Sin embargo, esto no sale a relucir porque en menos de una hectárea tienen cuatro corrales para cerdos, dos surcos con boniato y siete árboles de mango. Con esto entrega lo exigido en el plan, es aplaudido por todos y nadie ve cuánto se deja de producir”.

Yudaysi González Rodríguez, vicepre­sidenta de la Abel Santamaría y productora desde muy joven, añade otro factor: el poco apoyo técnico y de insumos.

“Las cooperativas deben hacer sus solicitudes a la Empresa Agroindustrial para la utilización de maquinaria. A veces la segunda no cumple por diversas trabas asociadas al poco combustible y a las extensiones del terreno a preparar.

“Los parceleros somos subestimados por tener menos de una hectárea. Como es lógico, son priorizados a los grandes productores del Municipio, quienes poseen las cinco caballerías, o casi cinco. Nosotros lo entendemos, pero en la tienda del productor los precios no se ajustan al bolsillo de un usufructuario novato, quien necesita el apoyo de la cooperativa para salir adelante.

“Sin los equipos mecanizados debemos acudir a la yunta de bueyes que nos satisface en el 30 por ciento de nuestras tierras, pero el resto debe esperar y corremos el peligro de perder la temporada para cultivar los distintos productos que se nos exigen”, finalizó la vicepresidenta.

Otro factor influyente en la dejación de tierras son las condiciones del usufructo en sí. Las tierras no son del productor. Pertenecen a una empresa estatal, la cual se la “presta”, en calidad de usufructo, a una persona natural por un período determinado de tiempo. Este puede ser prorrogado o no en dependencia de la planificación de la empresa propietaria. O sea, la tierra nunca es del productor.

Precisamente, este es otro de los inconvenientes para Mendoza Miranda. El usufructuario no siente suya la tierra y, por tanto, pierde interés, pues una vez vencido el plazo pactado puede perderla.

“Estoy muy de acuerdo con que se extienda el límite a 20 años y seguiré abogando porque sean más. Llegará el momento en que nos otorguen la propiedad. Yo produciré siendo mía o no la tierra, pero, cuando llegue el momento, dormiré con la cabeza más tranquila y sin miedo a perder mi trabajo de tantos años”, concluyó.

Sin embargo, la esencia es el deseo de trabajar. Existen jóvenes arriesgados como Lino Miguel Estrada, de la CCS Ernesto Guevara, quien decidido a no dejar perder las tierras de su padrastro, las solicitó y las mantuvo durante todo el proceso de entrega, a riesgo de ser multado.

Hoy este parcelero goza del fruto de su labor al igual que Mendoza Miranda, quien se “batió” con un campo de marabú para contra la mismísima naturaleza poner sus tierras a producir.

Son buenos ejemplos, lástima que todos los productores no sean así. “Si se cultivaran de verdad las tierras entregadas en la Isla de la Juventud, habrían productos para el Municipio y para abastecer a dos más en Cuba. Mas todo depende del hombre, de lo que este sea capaz no solo de producir sino de planificar, organizar, priorizar, controlar y exigir. Por eso siempre recuerdo esa frase célebre: Si el hombre sirve, la tierra sirve”, sentenció Ferrer Olaguibel.

(*) Estudiante de Periodismo

 

Infografía: Gerardo Mayet Cruz

 

Isla de la Juventud
Colaboradores:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *