Reforma judicial y procesal en Cuba: por un país más igualitario, justo e inclusivo

La intensa reforma judicial y procesal desarrollada en Cuba este año ha promovido transformaciones sociales a favor de la igualdad, la inclusión, la no discriminación y la no violencia, protegiendo los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas discapacitadas y de la tercera edad.

La Habana, 27 dic (ACN) La intensa reforma judicial y procesal desarrollada en Cuba este año ha promovido transformaciones sociales a favor de la igualdad, la inclusión, la no discriminación y la no violencia, protegiendo los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas discapacitadas y de la tercera edad.

Dichos principios, reflejados en la Constitución de la República, transversalizan directa o indirectamente todas las normas aprobadas en este período.

El ordenamiento jurídico constituye un sistema con vasos comunicantes hacia las diversas disciplinas, y ninguno puede verse aislado, por lo cual la interacción y comunicación entre los disímiles grupos legislativos resulta esencial para lograr completitud y coherencia en estos cambios, aseguró a la Agencia Cubana de Noticias Ana María Álvarez-Tabío, profesora titular y principal de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.

Por ejemplo, en la Ley de Proceso Penal se promueve un tratamiento diferenciado a los jóvenes, se amplió la presencia y protección de las víctimas en el ejercicio de sus derechos, y se ampara en mayor medida a aquellos que puedan ser objeto de violencia, mediante la garantía de su seguridad y medidas de distanciamiento del agresor.

El Código de Procesos, por otra parte, ofrece a los jueces herramientas eficaces para asegurar bienes y ordenar mandatos contra individuos, con una especial relevancia en los casos familiares, en aras de resguardar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, establece salvaguardas para personas en situación de discapacidad, así como en los casos de violencia de género o familiar, cuando intervienen menores de edad y cualquier otro escenario que involucre a sujetos en condiciones de vulnerabilidad.

En él también se reconoce el rol de la mediación como vía alternativa para la solución judicial y se faculta al tribunal para adoptar un tratamiento especial en el caso de los asuntos familiares, por la relevancia que reviste en esta materia lograr acuerdos que evadan el conflicto judicial y mantengan la armonía en el seno de las familias.

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Los métodos alternos de solución de conflictos al igual se legitiman en la Ley de los Tribunales de Justicia, que aboga por la utilización de fórmulas conciliatorias para una aplicación más racional y expedita de la justicia de conformidad con los intereses de las partes.

No obstante, el Proyecto del Código de las Familias constituye la propuesta más completa en cuanto a transformaciones sociales, el mismo será llevado a consulta popular de febrero a abril y presentado nuevamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular para su posterior referendo.

Esta norma ha sido calificada por expertos en derecho familiar, juristas y académicos como una de las más avanzadas del mundo, con una visión multidisciplinaria de la protección de las familias, su pluralidad y diversidad, por la importancia que concede a la dignidad humana, al afecto como eje central y su respeto a los tratados internacionales de los que Cuba forma parte.

Nos encontramos ante un Código que amplía las garantías de los derechos a todas las personas sin distinción alguna, no condena ni impone modelos y contribuye a la erosión del patriarcado como dispositivo de opresión y discriminación, señaló Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual, en el reciente debate parlamentario.

En el proyecto se elimina la autorización excepcional del matrimonio adolescente, se extiende la obligación legal de dar alimentos, se defiende la autonomía progresiva para la infancia y la adolescencia, la responsabilidad parental, los deberes respecto a los padres y otros familiares, el derecho a la comunicación con los abuelos y la protección de los más vulnerables a través de la defensoría familiar.

De igual forma, entró en vigor este calendario el Decreto-Ley de la maternidad de la trabajadora y responsabilidad de las familias, que asegura y facilita a la mujer trabajadora la atención médica durante el embarazo, el descanso pre y posnatal, la lactancia materna y, a ambos padres, el cuidado del menor.

A su vez, regula prestaciones monetarias, económicas y sociales, desde el embarazo hasta que el menor arribe a su primer año de vida, y protege al padre u a otro familiar a quien se encargue el cuidado del menor, en caso de fallecimiento de la madre.

También en 2021 la Gaceta Oficial publicó normas para garantizar la atención jurídica a los hogares de niñas, niños y adolescentes sin amparo familiar, como parte de un perfeccionamiento legislativo relacionado con estos grupos poblacionales.

Esas disposiciones tienen por objeto contribuir a la capacitación jurídica del personal que labora en los Hogares, familias sustitutas, el trabajador social de la comunidad y otros actores que se determinen, y dar respuesta inmediata a las brechas que se diagnostiquen en los Hogares, el Sistema de Justicia y de Educación.

Otros decretos-ley relevantes en esta etapa abordaron lo referido a la seguridad social para los trabajadores por cuenta propia, los socios de las cooperativas no agropecuarias y de las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, actores económicos que abren nuevas posibilidades para la igualdad de género y el empoderamiento femenino.

Especial significación tuvo además la entrada en vigor en marzo del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, que busca integrar en un único espacio todas las acciones que corresponden a los principios y postulados de la Constitución relacionados con la igualdad de género.

Para ello articula objetivos, ejes de trabajo y acciones concretas que abarcan desde el empoderamiento económico de las féminas y su representación en los medios de comunicación, hasta la legislación y el derecho en torno a la equidad y el enfrentamiento a la violencia de género, como problema reconocido en el país.

Se publicó al igual en la Gaceta Oficial, la Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género, con la cual adquirieron vigor las acciones diseñadas para enfrentar ese flagelo en la nación.

El texto incluye un apartado para actuar ante las agresiones en el escenario familiar, ya que la estructuración patriarcal de este lo convierten en una de las instituciones sociales más violentas, en opinión de expertos.

Para el 2022 el cronograma legislativo también contempla múltiples normativas con impacto en lo social, entre ellas la Ley de la Vivienda, la de Seguridad Alimentaria y Soberanía Nutricional, la de Amparo de los Derechos Constitucionales, la de Atención a la Población, la de Salud Pública, otras asociadas al espacio laboral, y el Código Penal.

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