Mentalidad innovadora desde las salas

Foto: Tomada de Internet

Elevar la calidad de las actividades judiciales y el desarrollo integral de los procesos penales y civiles de los tribunales en la Isla constituye una máxima de esos colectivos, los cuales en los últimos años reflejan una intensa labor en cuanto a superación y profesionalidad de sus trabajadores en las distintas áreas de ejecución.

Como parte de esa meta están los convenios firmados con la Universidad Jesús Montané Oropesa y la asesoría en los estudios del técnico medio en Derecho (con apenas un año de existencia en el Municipio), además de las jornadas científicas donde se muestran investigaciones y ponencias de alto nivel académico y práctico, que tributan a eventos jurídicos internacionales.

La reciente categorización como Profesores Instructores de siete jueces y la jefa del departamento de Recursos Humanos del Tribunal Especial Popular (TEP) aquí es una muestra más de la búsqueda constante en elevar la capacitación de su personal y el aseguramiento del futuro recurso humano del centro desde las aulas de la universidad pinera.

Como sede docente, el TEP se direcciona en la vinculación de los estudios teóricos a la práctica, enriquecer las materias docentes y la formación de estudiantes de Derecho desde una visualización más integral de la profesión, lo cual contribuye al desarrollo en el territorio de la carrera y esa rama que tanto favorecen la cultura jurídica y constitucional, la disciplina y el ordenamiento social e institucional.

De los 14 jueces existentes en la Isla, suman ahora ocho los categorizados para ejercer la docencia, situación favorable además para los estudios de pregrado de los mismos y la obtención de grados científicos y la capacitación constante en las distintas materias jurídicas que se procesan en las salas de actos judiciales.

Leydi Beisy Rivero Cardero, Zaili Martínez Bejerano, Yuniel Pérez Campo, Yadira Pavón Cárdenas, Danilo López Abreu, Gretchen María Aguilera Maceo y Norkis Martínez Infante se integraron recientemente en la tarea de instruir desde las aulas en el venidero curso escolar, además de Iliana Leyva Acosta, jueza ya categorizada.

La superación e integración en la formación docente de los futuros profesionales es, sin dudas, uno de los más notables avances en la consolidación del noble ejercicio de impartir justicia con mayor calidad y entrega, donde prime la sabiduría y entereza de los encargados de salvaguardar los derechos y deberes de la sociedad.

Pero no son esfuerzos aislados, es parte de una estrategia innovadora del Gobierno y aunque Cuba es un país en torno a un proyecto de nación desde 1959, nos ha faltado cultura jurídica porque fueron tantos los derechos puestos en cada hogar, escuela, centro de salud o barrio, entre otros ámbitos, que la gente olvidó la necesidad de conocer a fondo cada artículo de la Constitución.

La Asamblea Nacional del Poder Popular despliega una intensa labor legislativa. Como nunca antes el parlamento cubano se había propuesto dar luz verde a tantas disposiciones en tan corto tiempo, en un cronograma que incluye la elaboración de 39 leyes y 31 decretos leyes. No solo crean nuevas normas superiores, también modificarán algunas vigentes.

Además de las 70 normativas planificadas hasta abril de 2023, la Asamblea prevé que otras 24 sean sometidas a su consideración en una segunda etapa, de 2023 a 2028.

La gran batalla que nos espera es hacer de cada cubano un constitucionalista apasionado, capaz de defender un derecho o un deber, donde otros no ven más que una cotidianidad que no admite cambios.

Isla de la Juventud Opinión
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