Los municipios que estarán protegidos por la decisión del TSJ son Baruta, Chacao, El Hatillo, Los Salias y Carrizal, en el estado Miranda; y Libertador, Alberto Adriani y Campos Elías, en el estado Mérida.
El TSJ también ordenó siete medidas cautelares que deben de cumplir las autoridades correspondientes en estos territorios para garantizar el libre tránsito, la seguridad y protección de sus habitantes.
Entre ellas destaca la decisión de realizar todas las acciones y utilizar todos los recursos materiales y humanos necesarios en el marco de la Constitución y la ley a fin de evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan el libre tránsito de personas y vehículos.
Proceder a la inmediata remoción de los obstáculos y mantener las vías y accesos a estas libres de barricadas, residuos, escombros y de cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para obstaculizar la vialidad urbana.
Los magistrados llamaron a las autoridades locales a cumplir con su labor de ordenamiento del tránsito de vehículos a fin de garantizar un adecuado y seguro desplazamiento por las vías públicas del municipio.
También a proteger a los vecinos y habitantes del municipio impidiendo reuniones en las vías públicas que impidan el libre tránsito y evitar que se consuman bebidas alcohólicas y sustancias psicotrópicas.
Otra de las medidas adoptadas busca garantizar que los niños y adolescentes ejerzan plenamente sus derechos y garantías, y velar por la protección del medio ambiente y el saneamiento ambiental, aseo urbano y domiciliario.
El TSJ indicó girar las instrucciones necesarias en sus respectivos cuerpos policiales a fin de dar cumplimiento activo de lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley Orgánica de Policías y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.
En este sentido, se les ordena el despliegue de prevención del delito en el ámbito de su competencia.
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