Junto a las regulaciones de precios, el control popular

En la Isla de la Juventud se establecieron los mecanismos para velar por el buen cumplimiento de los importes topados en el sector no estatal

A partir de este primero de septiembre de 2019 entraron en vigor en
la Isla de la Juventud los precios topados aprobados por el Consejo
de la Administración Municipal (Cam) para los productos y servicios
de los trabajadores por cuenta propia en Servicio gastronómico,
Barberos, Poncheros, Transportistas, Carretilleros, para los
mercados de oferta y demanda, entre otras actividades.
La Resolución, también publicada en las plataformas del periódico
Victoria, establece el importe máximo a más de 120 ofertas o
renglones que comercializan los empleados del sector no estatal en
el territorio.
La medida está en correspondencia con el reciente incremento
salarial al sector presupuestado en Cuba encaminado a impulsar la
economía, e impedir que los precios continúen subiendo, ya que no
tendría efectividad ni razón el referido aumento de los ingresos,
igualmente orientado a facilitar a los trabajadores el acceso a
bienes y servicios, dar mayor respuesta a necesidades de la
población y de la economía, así como implementar regulaciones en
favor del equilibrio en la sociedad.
El Cam dio a conocer a la población los teléfonos habilitados para
facilitar las llamadas y pueda denunciar los incumplimientos
detectados, como parte del control popular que acompaña estas
decisiones.

Esos teléfonos son 46322594, del Puesto de Mando del Gobierno,
el 46326671 de la Dirección Integral de Supervisión (DIS), además
del 46324436, aunque también los interesados pueden enviar su
opinión al Portal del Ciudadano a la dirección electrónica:
http://www.redisla.gob.cu/es/opine.
Para dar seguimiento a la decisión de los importes máximos a
productos y servicios del sector no estatal el Gobierno local ha
concebido un sistema de trabajo con grupos: uno responsabilizado
con evaluar y monitorear los precios y otro encargado de dar
respuesta a lo observado y a las inquietudes y quejas de la
población.
Especialistas de la DIS están realizando visitas sorpresivas a
locales y otros lugares donde se expenden productos o se ofertan
servicios por la forma de gestión no estatal para comprobar el
cumplimiento de las regulaciones establecidas.
Aunque el mayor interés no es multar a las personas, en aras de
velar por el buen cumplimento de lo establecido, se aplica el
Decreto 227/1997 que impone multas a quienes violan los precios y
a las administraciones que lo permiten.
Igualmente se adoptan medidas administrativas que, acorde con la
violación, pueden separar al trabajador de su puesto en el sector
estatal y en el caso del no estatal, retirársele la licencia que autoriza
dicha actividad.

Isla de la Juventud
Diego Rodríguez Molina
Diego Rodríguez Molina

Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Tiene más de 40 años en la profesión

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