Ilícita e inaplicable

Desde el pasado dos de mayo el gobierno estadounidense activó el título III de la Ley Helms-Burton, llamada engañosamente “Ley para la libertad y la solidaridad democrática cubana”, en vigor desde 1996.

Si bien el referido título no se impone hasta el 16 de julio del propio año, este cuatro de marzo el gobierno del presidente Donald Trump lo ha desempolvado para, por primera vez, ofrecer la posibilidad de entablar demandas en cortes de EE. UU. contra empresas cubanas y de terceros países, y recrudecer el criminal bloqueo unilateral y anacrónico a pesar de la condena aplastante de la comunidad internacional en la Asamblea General de Naciones Unidas.

Contrario a las mentiras que sigue esgrimiendo el imperio, empeñado en reconquistar aquella república plegada a sus intereses, Cuba jamás cometió delito alguno, pues la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, aprobada por la Asamblea General de la Onu en 1974, dispone que: “Todo Estado tiene derecho a nacionalizar, expropiar o transferir propiedad de bienes extranjeros, a la vez que deberá pagar una compensación apropiada (…) En cualquier caso en que la competencia sea motivo de controversia, esta será resuelta conforme a la Ley nacional del Estado que nacionaliza”.

Carece de legitimidad y razón la posición de EE. UU. de que las acciones acometidas aquí fueron ilegales, pues otras naciones en semejante situación como Francia, Suiza, Gran Bretaña, Canadá y España adoptaron una posición respetuosa y concluyeron acuerdos para las respectivas compensaciones acordes a la práctica internacional. Pero el norteño país jamás aceptó ni las que podían indemnizarse, por arrogancia y también para tener pretextos en sus planes agresivos.

Esa nueva patraña no es más que otra de sus obsesiones para infundir miedo a inversionistas extranjeros y a los cubanos de que habrá demandas judiciales y tendremos que devolverles todas las propiedades nacionalizadas o confiscadas desde el primero de enero de 1959, hayan sido o no de ciudadanos norteamericanos, muchos de ellos malversando, despojando y ultrajando.

Por supuesto, rehenes de sus mentiras algunos cubanos de nacionalidad norteamericana han secundado a ese gobierno ante la falsa idea de que en algún momento tendrán el “derecho de reclamar propiedades en Cuba”.

La Ley Helms-Burton no solo asedia al verde caimán desde el punto de vista político y económico, sino que viola de manera flagrante las leyes y los derechos humanos del pueblo cubano, de otros países y del propio Estados Unidos.

Por nuestra parte la Ley 80, Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas, la declara ilícita e inaplicable y sin valor ni efecto jurídico, considerando nula toda reclamación.

El tema se ha convertido en una cuestión de seguridad nacional para Cuba cuando el objetivo de las expropiaciones fue siempre con la motivación de dotar al pueblo de un modo y calidad de vida dignos, creando condiciones para el desarrollo social, económico y político de la nación con plena justicia.

Así que ese arrogante gobierno imperial vuelve a recrudecer su cerco contra los cubanos y comete de nuevo el error de subestimar nuestra vocación patriótica e independentista. Aquí no dejaremos a nadie quitarnos lo que por derecho le corresponde al pueblo, y menos amedrentarnos con sus amenazas tan insolentes y absurdas como desesperadas e impotentes.

La «Helms-Burton»: una ley inaplicable en Cuba (+Video)

Isla de la Juventud Opinion Política
Casandra Almira Maqueira
Casandra Almira Maqueira

Licenciada en Estudios Sociocultural en la universidad Jesús Montané Oropesa, Isla de la Juventud

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