En medio del contexto actual no solo es el nuevo coronavirus el enemigo a combatir, la chapucería y el mal trabajo también son problemáticas a erradicar en esta cruzada.
Durante los últimos años Cuba ha impulsado entre sus objetivos estratégicos el control de la calidad e inocuidad de los alimentos en aras de preservar la salud de las personas y garantizar servicios eficientes.
Este interés gubernamental justifica entonces el porqué bajo el Decreto Ley 31 de este año –el cual ampara la aplicación de sanciones a ciudadanos que infrinjan las medidas sanitarias para la prevención y el enfrentamiento a la covid-19– los organismos y las empresas que incumplan las medidas de salubridad establecidas también sean responsabilizadas por ello.
Según autoridades sanitarias del Centro de Higiene, Epidemiología y Microbiología (CHEM) aquí, los trabajadores por cuenta propia con permiso para expender alimentos cuentan con su licencia sanitaria, situación muy diferente a la existe en el sector estatal.
“Sobre todo en las unidades de Comercio y Gastronomía e industrias como el cárnico y el lácteo, son muchas las deficiencias que se aprecian y conllevan a que la mayoría carezca de licencias sanitarias, lo cual es una falta grave y un riesgo para la salud”, explicó la subdirectora de Higiene del Chem, Yenis Hernández Fuentes.
“Nuestros inspectores visitan cada mes los centros y en dependencia de las condiciones que presenten se aplican multas de 2 000 a 3 000 pesos o la paralización temporal de los servicios en tanto no se resuelvan los problemas. La realidad es que las unidades no cuentan con todo lo necesario para garantizar la inocuidad, aun así no se han cerrado por completo ninguno de estos establecimientos, pero sí exigimos un mínimo de condiciones para el proceso productivo y continuamos trabajando sobre la marcha para que logren cumplir con los requerimientos”, comentó la especialista.
Entre las principales invalidantes de las unidades estatales para obtener la licencia sanitaria están las de tipo estructural y constructivas, dificultades con el abasto de agua, carencias de tecnología apropiada, espacios seguros para la disposición final de los residuales y déficit de insumos y medios para la limpieza y desinfección.
Más allá de las condiciones logísticas, la receptividad de los administrativos ante los señalamientos constituye un factor no siempre positivo que a veces incide más que la falta de condiciones.
A pesar de que la máxima dirección del territorio ha intencionado el mejoramiento de las condiciones en las unidades estatales, aún queda un largo camino por recorrer y la afectada es la población.
Vale entonces preguntarse el ¿por qué entre las prioridades de estas entidades no está el destinar parte del presupuesto a garantizar la higiene e inocuidad? Lanzada la pregunta tenga usted, lector, la seguridad de que el Victoria saldrá en busca de la respuesta.
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