Garantía y derecho constitucional para el ciudadano

Foto: Yesmani Vega Ávalos

La Constitución de la República, proclamada el diez de abril del presente año, es la norma suprema del Estado y la nación, creada en correspondencia con las características y aspiraciones del pueblo, la cual establece que Cuba es un estado socialista de derecho y justicia social, democrático y soberano.

Con la sustitución de la Ley Fundamental de 1976, la reciente Ley de Leyes aprobó y amplió acerca de los derechos y garantías y las posibilidades de reclamación, encomendando al sistema de Tribunales Populares nuevas misiones en la impartición de justicia social.

El juez del Tribunal Especial Popular del Municipio, Yuniel Pérez Campos explicó al Victoria acerca del tema:

“Los preceptos de la Carta Magna son directamente aplicables a los trámites de los conflictos judiciales, dispuestos en los artículos 59, 94 y 98 del texto constitucional, dejando sin efectos cualquier prohibición de acceso a la vía judicial y, en consecuencia, perdieron validez las normas legales que impedían el acceso de los ciudadanos a los tribunales.

El artículo 59 expresa: “…Cuando la confiscación de bienes sea dispuesta en procedimiento administrativo, se garantiza siempre a la persona su defensa ante los tribunales competentes”.

El 94: “Toda persona, como garantía a su seguridad jurídica, disfruta de un debido proceso tanto en el ámbito judicial como en el administrativo  y, en consecuencia, goza de los derechos siguientes: …f) interponer los recursos o procedimientos pertinentes contra las resoluciones judiciales o administrativas que correspondan…”.

Y el 98: “Toda persona que sufriere daño o perjuicio causado indebidamente por directivos, funcionarios y empleados del Estado con motivo del ejercicio de las funciones propias de su cargo, tiene derecho a reclamar y obtener la correspondiente reparación o indemnización en la forma que establece la ley.

“Para ello, fue aprobada la Instrucción No. 245 del Tribunal Supremo Popular –prosiguió el licenciado en Derecho– que dispone la competencia de las salas de los tribunales en los procesos
contencioso-administrativos, las que tramitarán las demandas interpuestas por personas a quienes se les haya confiscado bienes de su propiedad por resolución administrativa dictada por un órgano facultado y las de personas legitimadas a fin de obtener la reparación por daños materiales y morales e indemnización por los perjuicios que reciban, por un actuar indebido en cumplimiento de sus deberes funcionales por directivos, funcionarios y empleados del Estado”.

El juez Pérez Campo resaltó que como requisito en ambas situaciones mencionadas, deberán agotarse previamente las reclamaciones que procedan en la vía administrativa, que se entenderá así cuando la resolución emane de los organismos de la Administración Central del Estado, de sus delegaciones territoriales u órganos provinciales y municipales del Poder Popular o en quienes estos deleguen; o cuando la autoridad facultada no resuelva dentro del plazo legal que la Ley establece.

“Muy importante a subrayar es el principio de irretroactividad de las leyes que rigen en estos procesos, o sea, no resulta de aplicación a los actos relacionados con lo expuesto, suscitado con anterioridad al diez de abril de 2019, fecha de proclamación de la actual Carta Magna.

Anteriormente la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral establecía en cierta manera una vía para resolver estos asuntos, pero ahora la Constitución como Ley Suprema las recoge en su texto, estableciendo de esta manera una garantía o derecho constitucional del ciudadano, según explicó el licenciado Yuniel Pérez.

Actualmente existe una estrategia de preparación del personal en los tribunales en pos del desarrollo de procesos apegados a la justicia, siendo un reto la constante superación de los operadores del Derecho, y a su vez de los entes administrativos, quienes tienen la responsabilidad de crear sus procedimientos internos para enfrentar reclamaciones de esta índole.

La Ley de Leyes de la nación fue ratificada en referendo popular el 24 de febrero del año en curso y proclamada pocas semanas después en la Segunda Sesión Extraordinaria de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, quedando derogada la Constitución de 1976, la cual rigió el destino del país durante más de cuatro décadas.

 

 

Isla de la Juventud
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