El sistema de tribunales populares en el territorio pinero es uno de los órganos judiciales que durante el 2020, a pesar de la pandemia que azota al país desde marzo pasado y el confinamiento establecido durante el primer semestre, prosiguió con su quehacer jurídico y elevó el desarrollo profesional de sus trabajadores.
Acerca de la labor de estas instituciones y las particularidades del período en cuestión, la Máster Leydis B. Rivero Cardero, presidenta del Tribunal Especial Popular de la Isla de la Juventud precisó:
“El 2020 representó un año en el cual los tribunales del Municipio pusieron en alto los valores fundamentales que les son inherentes, la atención a sus trabajadores, su sentido de pertenencia y una gran responsabilidad en el cometido de alcanzar los objetivos fijados para la etapa, en paralelo con el cumplimiento de las medidas higiénico sanitarias para la prevención y enfrentamiento de los riesgos y efectos de la propagación de la covid-19.
“Se prestó especial atención a la reanudación de la tramitación de los asuntos pospuestos o detenidos temporalmente con la gradualidad y racionalidad que permitieron las circunstancias, la situación epidemiológica territorial, así como las posibilidades de las personas a comparecer ante los órganos judiciales, garantizándose a su vez la adopción de decisiones justas, argumentadas, de conformidad con las leyes y otras disposiciones.
“Dentro de las alternativas surgidas en tan compleja situación, la práctica judicial validó el empleo de la videoconferencia como método efectivo, inmediato y menos costoso para el funcionamiento de su actividad y demostró la necesidad de ampliar su uso en la celebración de las audiencias y demás actos judiciales cuando las peculiaridades del caso lo ameriten, una opción viable al evitar el traslado de personas.
“Además, la experiencia acumulada unido al desarrollo informático de las estructuras legislativas, permitieron a las partes, con la efectividad y seguridad necesarias y sobre la base de la transparencia de los procesos, la posibilidad de notificarse de los actos dispuestos por el tribunal mediante el uso del correo electrónico y otros medios telemáticos de comunicación, lo cual se encuentra en implementación con favorables resultados.
“También marcó el desempeño en la etapa el perfeccionamiento de una estrategia efectiva de comunicación institucional, la realización de eventos científicos y el reforzamiento de vínculos con la universidad Jesús Montané Oropesa y la carrera del técnico medio en Derecho, además de la categorización de siete de nuestros profesionales como profesores instructores y la declaración del Tep como Unidad Docente de esa institución”.
De tal manera este órgano de justicia, encargado de mediar entre las partes y dictar sentencia con la mayor justeza posible a su vez que desarrolló y perfeccionó su actividad acorde a la situación del país, logró cumplimentar objetivos de trabajo, a lo cual Rivero Cardero se refirió:
“En los tribunales aquí fueron puestos en conocimiento un total de
1 272 asuntos entre todas las materias: Penal, Civil, Administrativa, Laboral y Económica; quedaron resueltos al cierre del año
1 138, que evidencia el cumplimiento de los indicadores fijados y los 134 pendientes, todos se encuentran en el plazo razonable para solución, aunque debemos continuar trabajando en el perfeccionamiento del servicio judicial, pues en algunos procesos se apreció dilación innecesaria en su gestión ante la falta de atención oportuna de jueces y personal auxiliar.
“Nuestros profesionales juzgaron y actuaron con la consecuente severidad y rigor en el marco de lo establecido en las leyes para con los responsables de delitos asociados al incumplimiento de las medidas epidemiológicas, asimismo, tienen claridad de cómo debe ser su papel en los actos ante los llamados coleros, acaparadores, revendedores, traficantes ilegales de monedas y participantes en otras actividades ilícitas y antisociales que lo vinculan, por la gravedad y el daño social perpetrado, así como la irritación y rechazo provocados en la población.
“En el territorio se continúa prestando particular atención al cumplimiento efectivo de la sentencia y demás resoluciones y en virtud de ello se implementaron sistemas de trabajo, este indicador se manifestó con estabilidad en las dos instancias, de un total de 502 resoluciones dispuestas a ejecutar, fueron realizadas 426, dando seguimiento oportuno a las pendientes.
“Actualmente son objeto de control, seguimiento y atención 610 sancionados en libertad condicional, con quienes se interactúa de forma individual e intencionada aunque en el primer semestre del año se redujeron estas acciones.
“No obstante, para retomarlas se efectuó el ejercicio integral de comprobación el cual identificó algunas debilidades en la supervisión en la comunidad, el vínculo laboral y la participación de factores, organismos y organizaciones de masa en esta actividad.
“Señalar la posibilidad existente de atender a las personas sin necesidad de acudir al centro, a través de la aplicación Civix donde se recibe una respuesta pronta y expedita desde cualquier lugar donde se encuentre el inconforme.
“En este año que recién comienza, los retos son mayores para las entidades rectoras de la impartición de justicia, y la elevación de la calidad de los asuntos jurisdiccionales a tono con los cambios en pleno desarrollo en la nación constituye una constante en el progreso de dicha actividad.
“Iniciamos el 2021 –subrayó Leydis Rivero– en pleno proceso de la Tarea Ordenamiento y los tribunales pineros cumplimos el cronograma dispuesto, asimismo en virtud de las disposiciones del Ordenamiento Monetario, se aplican las nuevas normativas a tener en cuenta para acceder a las vías judiciales con el objetivo de recabar la obligación de pago derivado del contrato económico y aquellas que determinan los valores que son las bases para la configuración de diversos delitos previstos en el Código Penal, atemperados a las condiciones del país.
“Las circunstancias actuales nos imponen nuevos retos, estamos conscientes de la trascendencia que para la población pinera tiene cada una de las decisiones a adoptar en las diferentes ramas del Derecho por la alta sensibilidad de las cuestiones que son ventiladas, por lo cual ratificamos el compromiso de impartir justicia con acierto, inmediatez, transparencia, efectividad y cumplimiento de los principios éticos juramentados”.
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