Delitos que exigen más severidad

Desde siempre la máxima dirección del país nos ha convocado a salvaguardar los logros de nuestra Patria, esa que ha garantizado una vida digna a cada cubano. A los jueces pineros, como parte del Sistema de Tribunales Populares y fieles defensores de la integridad humana y recursos del Estado, nos corresponde impartir justicia de forma severa con aquellos que roben o se apropien de materiales de la construcción o combustibles.

Debido a la compleja situación nacional e internacional que nos rodea y afecta como los actos injerencistas de Estados Unidos con la República Bolivariana de Venezuela y las recientes medidas impuestas a Cuba por el gobierno norteamericano, la justicia que se ha de aplicar debe estar en correspondencia con el contexto y apoyar a la máxima dirección del país en el enfrentamiento a esos delitos y su negativo efecto económico, político y social.

En virtud de ello no se pueden tolerar de ningún modo el robo o la apropiación de recursos tan sensibles para nuestro pueblo como son los materiales de la construcción y el combustible, que por su perjuicio están siendo objeto de juicios ejemplarizantes, por lo que es importante que la sociedad pinera comprenda que esta es una batalla de todos, no solo del Gobierno y los juristas.

Debemos enfrentar con energía a esos inescrupulosos que se apropian de los recursos, en su gran mayoría propiciado por la falta de control, pero sin justificación alguna de su actuar y generan un resultado muy perjudicial en la economía y la sociedad, cuando el país está inmerso en un programa de viviendas en beneficio de cientos de miles de familias, aun en medio del recrudecimiento de la política hostil por parte del gobierno de EE. UU.

Por tanto, la Ley No. 62 del Código Penal vigente regula en su Título XIII las modalidades delictivas a sancionar referentes a estos casos, como son: Hurto, Robo con fuerza en las cosas, Robo con violencia, Apropiación indebida, Malversación, Receptación, Violación al derecho del consumidor, Falsificación de documentos y otras.

La calificación legal y la sanción a imponer se evalúan a partir de la forma de la comisión de los hechos y sus autores, teniendo en cuenta que los marcos penales oscilan de tres meses a 20 años de privación de libertad.

Aunque en el Municipio la mayoría de las radicaciones del Tribunal no son delitos asociados al combustible y los materiales de la construcción, se encuentran en tramitación procesos de este tipo, detectados por verificación fiscal y control interno de la propia entidad.

El rigor previsto para estos casos no solo implica sanciones principales rigurosas, también se extiende a sanciones accesorias que pueden implicar el decomiso de los bienes u objetos que sirvieron para la comisión del delito y los provenientes de este.

Indispensable es alertar a directivos y trabajadores a no incurrir en estos hechos, con los cuales la justicia será severa para los comisores y aquellos implicados que se convierten en cómplices al receptar recursos de dudosa procedencia.

Se impone reflexionar acerca de la compleja situación actual y en consecuencia velar por el ahorro de los recursos puestos a nuestra disposición, así como concientizar a las personas que esas conductas delictivas tendrán la respuesta severa que exige el pueblo, sin que la justicia deje de tener la sensibilidad humana que la caracteriza.

(*) Presidenta de la Sala Penal del Tribunal Especial Popular de la Isla de la Juventud

Isla de la Juventud Opinion
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