La ejecución de proyectos sociales, como el Materno Infantil, Atención a Discapacitados y Seguridad Alimentaria, así como los que elevan la cultura general integral, entre otros, tienen su explicación en la prioridad que concede la dirección del país al desarrollo humano.

Sin importar origen social, sexo o color de la piel, los cubanos, tengan menores o mayores ingresos, se benefician por igual de la salud universal y gratuita, y de una educación general que posibilita la continuidad del aprendizaje desde el prescolar hasta la universidad y sus diferentes modalidades de estudio.

Hoy el país destina alrededor del 51 por ciento de su presupuesto de gastos a los sectores de Educación y Salud, lo que garantiza la prestación gratuita de estos servicios, y respalda una matrícula de más de un millón 761 mil estudiantes hasta el nivel superior, 226 millones de consultas médicas y el aumento de las ayudas de la asistencia social que favorecen a más de 90 mil núcleos familiares.

Uno de las grandes logros del país es la reducción de la tasa de mortalidad infantil de 60 por cada mil nacidos vivos antes de 1959, y mantenerla por debajo de cinco por cada mil nacidos vivos desde hace 11 años -la más baja de la historia con 4.0 registrada en 2018-, un indicador que ubica a la isla por delante de naciones desarrolladas como Canadá y EE.UU.

Tales resultados se sostienen en las campañas de inmunización de los niños, desde su nacimiento, contra 13 enfermedades ya desaparecidas de las preocupaciones de las familias, como la poliomielitis y la meningitis, y el éxito del programa de diagnóstico, manejo y prevención de defectos congénitos y enfermedades genéticas.

Cuba es, a su vez, el país con el mayor número de médicos por habitantes, según la Organización Mundial de la Salud.

En medio de la intensificación del bloqueo económico, financiero y comercial, y el endurecimiento de la política hostil de Washington, el gobierno también prioriza el acceso libre de los ciudadanos al trabajo y la vivienda digna, la cultura, el deporte y la participación ciudadana en las decisiones trascendentales de la nación, entre otros derechos.

Muestra de lo anterior fue el proceso de Reforma Constitucional, durante el cual los cubanos pudieron emitir sus opiniones, incluidos los residentes en el exterior, y con posterioridad participar en la ratificación de la nueva Carta Magna de la República. Seis millones 816 mil 169 ciudadanos (73,3 por ciento de los empadronados) votaron por el sí en el referendo del 24 de febrero pasado.

Con el fin de mejorar la calidad de vida y potenciar la economía, este año el Ejecutivo incrementó el salario del sector presupuestado, lo que benefició a un millón 470 mil 736 trabajadores, con un costo estimado anual de siete mil 50 millones de pesos.

La decisión también favoreció a alrededor de un millón 500 mil pensionados, en momentos particularmente difíciles para la economía nacional debido a la implantación de extremas medidas del régimen del ultraderechista Donald Trump.

Interesada en mejorar las condiciones de vida de la población, la dirección política del país mantiene un control sistemático del programa nacional de la vivienda, un tema considerado prioritario, en el empeño de que las familias necesitadas tengan acceso a un hogar seguro y adecuado.

En ese sentido, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha insistido en la necesidad de fortalecer la producción de materiales de construcción para dar respuesta al deficiente fondo habitacional, atender el tema de los subsidios a los de menos ingresos y cumplir con el propósito de que donde haya condiciones se construya una vivienda diaria en cada municipio de la nación.

Los cubanos viven, sin ser adinerados, con las posibilidades que aun constituyen sueños para otras comunidades humanas en el mundo. Sueños que también tenía antes de 1959 una población mayoritariamente humilde, pero que desde hace 61 años vive bajo la manta de una Revolución, democrática e inclusiva.