¿En cuántas ocasiones ha sido modificada la Carta Magna cubana?, es una pregunta recurrente por estos días en que por voluntad soberana de todo el pueblo quedó constituido el Órgano Supremo del Poder del Estado en su IX Legislatura, el cual se apresta, entre sus prioridades, a investigar y proponer cambios necesarios en la Ley de Leyes.
En tres oportunidades es la respuesta a esa interrogante. Quienes vivimos en este ultramarino territorio somos parte de la primera modificación que tuvo la única Constitución Socialista de la República de Cuba, aún vigente, proclamada el 24 de febrero de 1976.
Y afirmo que somos parte porque en el año 1978, la Asamblea Nacional transformó el texto constitucional para que el territorio de Isla de Pinos pasara a llamarse Isla de la Juventud.
La segunda enmienda aconteció en 1992, durante el periodo especial, al basarse el Parlamento en la Ley de Reforma Constitucional e introducir cambios dirigidos a materializar las recomendaciones del IV Congreso del Partido que fueron el resultado del llamamiento a la ejecución de un debate público, abierto, franco respecto a encontrar las vías para perfeccionar las estructuras, atribuciones y funciones de dirección de las instituciones en los diferentes niveles.
También incluía precisiones en cuanto a la gestión del Gobierno en las provincias y municipios, así como establecer nuevas formas de elección de los Diputados a la Asamblea Nacional y de los delegados.
De igual modo, con la desaparición de la URSS y el campo socialista el país se vio entre la espada y la pared y no quedó más remedio que atemperar la legislación interna a lo acaecido en la arena internacional; por lo tanto, la búsqueda de un mayor acercamiento a la América Latina y el Caribe.
La tercera modificación fue en el sexto mes del 2002 y tuvo, como en las anteriores, el pleno respaldo popular expresado en actos y marchas a lo largo de todo el país en los que se calcula la participación de más de nueve millones de personas cuyo colofón cobró expresión por intermedio de la firma pública y voluntaria de los electores –los días 15,16 y 17 de junio de ese año– para ratificar el carácter socialista de nuestra Constitución y de esa manera formalizaron la solicitud a la Asamblea Nacional del Poder Popular de reformarla en aras de consignar la condición irrevocable del Socialismo y del sistema político y social revolucionario, unido a prohibir que las relaciones económicas, diplomáticas y políticas con otro Estado puedan ser negociadas bajo agresión, amenaza o coerción de una potencia extranjera.
Este proceso político de masa se concretó en la Ley de Reforma Constitucional de 26 de junio de 2002 que lo refrendó al incorporar tales pronunciamientos al texto constitucional.
Corresponde de nuevo al recién electo Parlamento introducir las modificaciones futuras pertinente para garantizar que nuestro Socialismo sea sostenible y con justicia social.
