¿Cómo es posible encarcelar al mayor líder de las clases populares con base en un proceso de apariencia, ridiculizado por varios juristas internacionales?, cuestionó el también profesor y periodista.
Según denuncias, el arbitrario proceso judicial contra el popular exmandatario atiende a varios intereses: económicos de petroleras internacionales; políticos de los partidos de centroderecha —incapaces de vencer en una elección donde participe Lula— y geopolíticos de grandes potencias interesadas en convertir a Brasil en una nación de segunda clase.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU demandó el viernes último al Estado brasileño que asegure a Lula el “acceso apropiado a la prensa y a miembros de su partido político” y la posibilidad de concurrir como candidato presidencial “hasta que todos los recursos pendientes de revisión contra su condena sean completados en un procedimiento justo”.
En caso de no cumplir con el requerimiento, el Estado brasileño estaría violando sus obligaciones legales inherentes al Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, advirtió el organismo de Naciones Unidas. | Con información de PL
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