Veintiséis meses después del amañado juicio, y con motivo de las próximas elecciones presidenciales con las que Fulgencio Batista pretendía dar matiz legal a su régimen golpista, se había anunciado una Ley de Amnistía para presos políticos que excluía a los asaltantes a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.
