Aportan nuevas evidencias de la inocencia de Lula

Según tres reportajes publicados por The Intercept Brasil, Sergio Moro, actual Ministro de Justicia, coordinó con los fiscales del caso Lava Jato para que Lula fuera a la cárcel y no tuviera ni siquiera derecho al uso de la palabra
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Foto: Prensa Latina

The Intercept Brasil publicó tres reportajes donde se daba a conocer la manera en que la justicia brasileña actuó para impedir la presentación de Luiz Inácio Lula da Silva a las elecciones de 2018, cuando todos los sondeos lo mostraban como claro ganador.

En las filtraciones se hace evidente que Sergio Moro, actual Ministro de Justicia de Brasil, coordinó con los fiscales del caso Lava Jato para que Lula fuera a la cárcel y no tuviera ni siquiera derecho al uso de la palabra. Una fuente anónima develó un chat donde se evidencian «discusiones internas y actitudes altamente controvertidas, politizadas y legalmente dudosas del equipo de trabajo», precisó el servicio de noticias RT.

En particular los fiscales dicen en esa conversación que temían que Lula le concediera una entrevista al medio de prensa  Folha de S. Paulo, ya que «eso puede girar a la opinión pública a favor del PT (Partido de los Trabajadores)». En esa misma línea, uno de los fiscales «rezaba» para que la izquierda no volviera al poder, debido a la cantidad de irregularidades legales que ellos como juristas estaban cometiendo, a las cuales tendrían que responder.

Sergio Moro, violando el procedimiento de la ley, daba órdenes a los fiscales sobre las etapas a seguir en el juicio, apresurando la condena por encima de la presunción de inocencia, con el claro objetivo de que Lula no participara en la campaña electoral, o que pudiera siquiera influir en la elección del candidato del PT.

Tanto la defensa de Lula, como Dilma Rousseff, pidieron de inmediato que se levantaran los cargos contra el exmandatario, al hacerse evidente que se trata de una trama corrupta para ensuciar la imagen del PT. En tanto, la prensa brasileña, incluso la derechista, aumentaba su presión sobre el gobernante Bolsonaro, presuntamente responsable de esta violación.

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