Anzuelo a la sostenibilidad

Desde que con el triunfo revolucionario Cuba, en su condición de archipiélago, decidió emprender el camino hacia la prosperidad, ha tenido en cuenta entre sus fundamentos el respeto al medio ambiente, a la vez que defiende los conceptos de sostenibilidad asociados a todos los recursos naturales.

Por ello fue este uno de los primeros asuntos en tomarse en cuenta ante la vorágine jurídica que vive hoy el país. Así fue llevado al Parlamento el dictamen del Proyecto de Ley de Pesca, documento debatido en comunidades y asentamientos pesqueros, y estudiado luego por los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Constitucionales.

Hoy la Ley de Pesca es el escrito más debatido entre quienes se dedican a la honrosa faena, cuyos indispensables marcos legales amparan la actividad y responden a las condiciones actuales y a las dinámicas del país.

La que algunos aprecian como una traba para la realización de una actividad practicada en ocasiones de forma ilegal e inescrupulosa, tiene como objetivo establecer las regulaciones para el adecuado ordenamiento, administración y control de la pesca, en función de la conservación y el aprovechamiento racional de los recursos hidrobiológicos en las aguas marítimas, fluviales y lacustres de la República de Cuba, con el fin de contribuir a la soberanía alimentaria de la nación.

Reconoce, además, las formas no estatales como sujetos de aplicación, incluyendo el ejercicio de la actividad por cuenta propia, al tiempo que independiza la pesca deportiva de la recreativa, considerando una categoría especial dentro de esta última, la submarina.

Y es que si el mar y sus ecosistemas resultan imprescindibles para nuestro desarrollo, fundamentalmente para la industria y la soberanía alimentaria, es vital la explotación de estos recursos desde una conciencia ambientalista y regulada.

Según los argumentos de la referida Ley, las 54 especies que se pescaban en la plataforma se han reducido en un 44%, las capturas en un 70%, y las capturas de langosta y camarón en un 65% y un 90%, respectivamente.

¿Necesitábamos entonces una Ley de Pesca?

Por supuesto que sí, era imprescindible porque Cuba requiere de prácticas conscientes y reguladas de la actividad pesquera y contar con el mecanismo legal que defina sus modalidades, así como disponer las bases para el funcionamiento del órgano consultivo en materia de ordenamiento pesquero y crear aparatos de coordinación entre los organismos que intervienen en el proceso.

Cuando la pesca es el sustento principal de 168 asentamientos y un estimado de 2 500 personas realizan esa actividad económica de forma ilegal, la ley se acoge al Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Fao (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), y constituye el anzuelo que en estos términos se aferra a la sostenibilidad en la nación cubana.