Antecedentes del Bloqueo económico a Cuba por EE.UU

bloqueo-no-nuevaEl 1ero de enero de 1959, las luchas revolucionarias en Cuba contra el régimen dictatorial culminaron victoriosamente. Accedió al poder el movimiento revolucionario lidereado por Fidel Castro.

 

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Antecedentes del Bloqueo económico a Cuba por EE.UU


El propósito de la política de EE.UU. con el bloqueo a Cuba ha sido, desde su implantación hace mas de tres décadas, imponerle a este pequeño país su voluntad mediante la coerción y la fuerza, a despecho de las normas del derecho internacional y en contra de la voluntad y decisión del pueblo cubano de defender su soberanía y el derecho a la autodeterminación. No han logrado su propósito, pero sin dudas, han causado considerables daños a la economía y al pueblo cubano.

Esta política no es nueva. La ambición de EE.UU. de dominar a Cuba, e incluso de anexarla, se remonta al siglo pasado, y fue defendida como política de Estado por Thomas Jefferson, James Madison y John Quincy Adams. Se consideraba a Cuba como “la fruta madura” que por su cercanía geográfica debía caer finalmente en manos de EE.UU.

A finales del pasado siglo, EE.UU. intervino en la Guerra Hispano-Cubana y al quedar derrotada España, asumió la gobernación de la Isla, permitiendo su independencia formal en 1902, sólo después de establecer la Enmienda Platt que le otorgaba el derecho de intervención en Cuba.

Posteriormente, se firmó el Tratado de Reciprocidad Comercial de 1903, que prácticamente abrió el mercado cubano a los productos norteamericanos, sin competencia. En 1934, se acordó un nuevo Tratado de Reciprocidad Comercial que abrió aún más el mercado cubano a los productos norteamericanos, ampliando el margen de preferencia arancelario a favor de EE.UU.

Las inversiones de capital norteamericano en la isla se multiplicaron y Cuba se convirtió, de hecho, en una colonia económica de los EE.UU. En 1959, estas inversiones superaban los 1000 millones de pesos, ocupando Cuba uno de los primeros lugares en la inversión norteamericana en América Latina.

Los EE.UU. implantan el bloqueo económico a Cuba a escasos meses del triunfo de la Revolución Cubana, cuando recién comenzaban a aplicarse medidas nacionalistas y de defensa de los intereses populares.

La naturaleza inhumana de este bloqueo impuesto al pueblo de Cuba se hace más evidente cuando se examinan las condiciones económico-sociales existentes en la sociedad cubana de entonces, heredadas de regímenes anteriores y que las nuevas autoridades se empeñaban en superar, como se desprende de las siguientes informaciones tomadas de fuentes oficiales, informes e investigaciones de especialistas de EE.UU. y de instituciones de la Iglesia en Cuba en los años previos al triunfo revolucionario.

En 1957, la población cubana era 6.2 millones de personas, de las que 4.1 millones se encontraba en edad laboral. De ellas, 1.8 millones, o sea, el 45% estaba empleada y la ocupación, incluyendo empleos parciales, alcanzaba el 65%, por lo que unas 738 mil personas en edad laboral carecían de empleo. De las 194 mil mujeres que se declaraban como ocupadas, el 75% lo hacía en labores domésticas.

Aún cuando el salario mínimo oficial establecido para los trabajadores era de 80-85 pesos mensuales en áreas urbanas y 75 pesos en áreas rurales, la realidad era que el 75% de los trabajadores urbanos percibían menos de la mitad del salario. La situación en áreas rurales era aún mas crítica. El sector agrícola empleaba el 47.4% de la población.

En el país existía una alta concentración y diferenciación del ingreso. El 50% de la población con rentas bajas percibía el 10.8% de los ingresos, mientras que el 5% con entradas altas, recibía el 26.5% de estos. Un reducido número de personas y empresas, principalmente de intereses de EE.UU., poseían las industrias existentes en el país, cuyo mayor peso era la industria azucarera, así como eran dueños del transporte, los recursos minerales, etc. y la mayor parte de la tierra.

El 75% del área agrícola era controlada por unos 25 mil terratenientes y de ellos. el 10% concentraba el 45% de la tierra, mientras que, por otra parte, existían unas 200 mil familias campesinas de las cuales, vivían en condiciones de extrema pobreza unas 140 mil familias .Había mas de 600 mil obreros agrícolas y unos 100 mil obreros azucareros. El 64% de los agricultores no eran propietarios de las tierras que trabajaban y se veían obligados a pagar renta.

En 1958, más de 2 millones de personas en Cuba eran analfabetas o semianalfabetas. El 23.6% de la población mayor de 10 años y en áreas rurales alcanzaba el 4l.7%; más de 600 mil niños no disponían de escuelas, mientras que el 58% de los maestros estaban desempleados. Solo el 45.9% de los niños en edad escolar estaban matriculados; el 50% de ellos no asistían a clases y solo el 6% llegaba al 6to. grado, mientras que el nivel escolar en mayores de 15 años era inferior a tres grados.

El 51.4% de la población vivía en zonas urbanas. En la capital, La Habana, residía el 20.7% de la población y contaba con 13 barrios marginales en que se concentraba el 8% de la población capitalina. Entre las zonas urbanas y rurales y, en particular, entre la capital y el resto del país existían sustanciales diferencias en las posibilidades de empleo, educación, salud y, en general, en el nivel y condiciones de vida de la población.

En la esfera de la salud, la capital de la República de Cuba concentraba el 61% de las camas de hospital y el 65% de los médicos. El país contaba con 6500 galenos para una cobertura de 1067 habitantes por médico. En La Habana ésta era de 361 habitantes y en el resto 2378 habitantes por médico. En zonas rurales existía un solo hospital y solo el 18% de la población recibía atención médica gratuita.

La esperanza de vida se estimaba en 62.3 años; la mortalidad infantil alcanzaba tasas de 60 por 1000 nacidos vivos y la materna índices de 118 por 10000. La tasa de mortalidad por gastroenteritis era de 41.2 por cien mil y la de tuberculosis 15.9 por cien mil. En zonas rurales, el 36% de la población padecía de parásitos intestinales, el 31% paludismo, el 14% había padecido o padecía de tuberculosis y el 13% de tifoidea. Adicionalmente, las condiciones de alimentación en zonas rurales eran críticas, donde solo el 4% de la población consumía carne, menos del 1% pescado, 2.1% huevos, 11.2% leche y 3.4% pan, consistiendo la dieta básica en arroz, frijoles y tubérculos.

En la vivienda, el 22% en áreas urbanas poseía instalaciones de agua y, en áreas rurales, solo el 8.1%. Solo el 10% de las viviendas rurales disponía de electricidad. Alrededor del 46.6% de las viviendas del país se encontraba en estado ruinoso, 75.2% en áreas rurales. Solo el 33% de las viviendas del país eran de mampostería y el 42.8%, en áreas urbanas, disponía de instalaciones sanitarias de uso exclusivo.

La producción nacional respondía casi exclusivamente al perfil mono-exportador azucarero, con una estructura productiva carente de integración, por lo que el país dependía, en gran medida de la importación, para el funcionamiento de la economía.

El comercio exterior tenía una alta concentración en el mercado estadounidense, (64.5% de las exportaciones y 73.5% de las importaciones como promedio en los años 1954-58) consecuentemente, dependía de este mercado en cuanto a los ingresos en divisas, tecnología, equipos, piezas de repuesto, combustibles, materias primas, bienes industriales y alimentos. Prácticamente todo el equipamiento existente en el país procedía de EE.UU.

Una ruptura abrupta de los vínculos económicos tradicionales de Cuba con los EE.UU., como fue el bloqueo impuesto por este país a Cuba, supondría hacer colapsar la débil economía cubana.

 

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(Extractos de “Antecedentes del Bloqueo económico”.)
Por: Lic. Alejandro Aguilar.
Investigador Titular, Instituto Nacional de Investigaciones Económicas.


Génesis del Bloqueo de EE.UU. a Cuba

Cronología

El bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba se ha extendido por más de 40 años. Una mirada a su cronología permite percatarse de su carácter sistemático, progresivo y persistente, así como de su permanente propósito de infligir graves daños a la nación cubana, asfixiar su economía y doblegar a su pueblo.

Dwight D. Eisenhower (R)

(1953-1959-1961)

John F. Kennedy (D)

(1961-1963)

Lyndon B. Johnson (D)

(1963-1969)

Richard M. Nixon (R)

(1969-1974)

 

Gerald R. Ford (R)

(1974-1977)

 

James E. Carter (D)

(1977-1981)

 

Ronald W. Reagan (R)

(1981-1989)

 

George H. W. Bush (R)

(1989-1993)

William J. Clinton (D)

(1993-2000)

George W. Bush (R)

(2001-2004)

(200520062007)

Barack Hussein Obama

(2009)

 

El 1ero de enero de 1959, las luchas revolucionarias en Cuba contra el régimen dictatorial culminaron victoriosamente. Accedió al poder el movimiento revolucionario lidereado por Fidel Castro.

Las medidas adoptadas por el Gobierno Revolucionario destinadas a recuperar las riquezas del país y a ponerlas al servicio del pueblo propinaron un golpe mortal a los intereses de los grandes monopolios norteamericanos que durante más de medio siglo saquearon los recursos de la isla y dominaron a la nación cubana.

La resuelta voluntad de las nuevas autoridades de actuar con plena independencia y de producir decisivos cambios económicos y sociales a favor de las grandes mayorías, constituyó el detonante que reactivó el histórico diferendo entre los dos países.

La respuesta de los EE.UU. fue rápida y abusiva desde el primer momento. Las sanciones encaminadas a doblegar a la Revolución se sucedieron vertiginosamente convirtiéndose en un bloqueo total, una guerra económica que la poderosa nación del Norte ha venido imponiendo a Cuba durante cuatro décadas sin que hasta el momento haya logrado recuperar su perdida hegemonía sobre el que otrora fuera uno de sus enclaves preferidos en el Hemisferio Occidental.

 


El proceso de expropiación e indemnizaciones en Cuba

El Sistema Económico Latinoamericano ha venido siguiendo con atención el tema de la aplicación de medidas económicas coercitivas contra sus países miembros.

A tenor de ello a través de varios años ha observado, analizado y se ha pronunciado en contra del bloqueo que los Estados Unidos llevan a cabo contra Cuba, país que desempeña una activa labor dentro de la Organización.

En su XXIII Reunión Ordinaria, celebrada en Puerto España, en octubre de 1997, el Consejo Latinoamericano aprobó la Decisión 390: “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos de América contra Cuba”. En cumplimiento de ese mandato se elaboró el Informe de seguimiento de la aplicación de la Ley Helms-Burton y un análisis del proceso de expropiación e indemnizaciones en Cuba, presentado a la XXIV Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano, celebrado en La Habana, Cuba, del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 1998.

El trabajo que a continuación presentamos constituye la segunda parte de dicho Informe.

Marco jurídico de las nacionalizaciones cubanas (1959-1960)

El marco jurídico dentro del cual se sitúan las decisiones de la nacionalización de bienes de extranjeros y nacionales, tiene su apoyo y origen en el derecho originario primario y congénito de los pueblos a la autodeterminación, consagrada como norma o principio de ius cogens en los principios de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas.

A partir de este primer nivel de sustentación, su regulación resulta ser el producto de los componentes esenciales inherentes a la existencia misma de la sociedad internacional y al estado de su desarrollo actual, a saber: por una parte, la soberanía de los Estados, actores fundadores y sujetos por excelencia de las relaciones internacionales; por otra parte, el Derecho Internacional concebido como orden jurídico entre los Estados, originado en el libre consenso entre éstos. Lo que se traduce en costumbres internacionales, generales, regionales o particulares, aceptadas por el Estado como acuerdos internacionales tácitos y en los tratados internacionales igualmente libremente consentidos como manifestación de un acuerdo explícito.

También reposa el sistema jurídico internacional sobre el necesario deslinde entre las áreas de competencia material del Derecho Interno Estatal, es decir de la soberanía, y del Derecho internacional Público, en cada momento histórico, determinado por el desarrollo y contenido de la política internacional. Finalmente, está determinado también, en el seno de la Organización de Naciones Unidas, por el papel que desempeña la Asamblea
General, foro universal que ha venido fraguando un nuevo Derecho Internacional Público desde 1945.

No puede pretenderse ahora desconocer, con efecto retroactivo, un marco jurídico que adquirió forma y consistencia entre 1945 y 1974 y reguló válidamente las relaciones internacionales que tuvieron existencia en el período. Tampoco puede desvirtuarse en el presente, pues responde al preciso equilibrio que deben guardar los factores claves de la estructura de la sociedad internacional actual, a saber: la soberanía estatal y el Derecho Internacional Público como garante de ella.


Los convenios de pago de reclamaciones celebrados por Cuba (1967-1986)

1. LOS HECHOS

La República de Cuba ha celebrado, hasta el presente, cinco convenios por los cuales pone fin a reclamaciones de extranjeros por concepto de la expropiación de bienes de su propiedad de que fueron objeto en los años 1959 y 1960. Estos convenios fueron celebrados con Canadá, el Reino Unido, España, Francia y la Confederación Suiza, en el siguiente orden cronológico: Francia, 16 de marzo de 1967; Confederación Helvética, 2 de marzo de 1967; Reino Unido, 1 8 de octubre de 1978; Canadá, 7 de noviembre de 1980 y España, 26 de enero de 1988.

2. APRECIACIONES

Del análisis del contenido de estos convenios se infiere, en primer lugar, que la práctica que dichos convenios pone de manifiesto que éstos se ubican en un largo transcurso de tiempo, de manera concordante, sin involución o regresión alguna, lo que expresa una práctica consistente y reiterada. En segundo lugar, se infiere que lo convenido no refleja, en ninguno de los casos, la aceptación u homologación del standard mínimo internacional planteado en su oportunidad a partir del año 1938, como exigencia del pago de una indemnización pronta, adecuada y efectiva, por los Estados Unidos de América y otros Estados de Europa Occidental. Sus características propias corresponden más bien a la de convenios de compensación de sumas globales (Lump Sum Agreements) que desvirtúan el carácter “adecuado” de la indemnización convenida, ya que toman en consideración las condiciones e intereses peculiares del Estado expropiante. Esto se expresa en que la cantidad acordada a título de contraprestación por la expropiación no singularizó o particularizó cada una de las reclamaciones singulares (salvo en el caso de las reclamaciones de nacionales británicas). Constituye una cantidad global por todos los bienes de personas naturales y jurídicas, nacionales del Estado reclamante afectados por las leyes dictadas por el Gobierno de Cuba, a partir de 1959.

En tercer lugar, merece atención el hecho de que en todos los convenios se pactó el pago de la indemnización, es decir la exigibilidad de la obligación, a plazos. Se estipuló fraccionadamente en varias cuotas de cumplimiento sucesivo. Aún en el caso del pago previsto en el Convenio con el Reino Unido, se estableció un plazo aunque éste fue más breve que en los demás casos. Esta forma de cumplimiento de la obligación tampoco se compadece con el criterio de una indemnización “pronta”, es decir inmediata, que consagra el llamado “standard mínimo internacional”.

En cuarto lugar, Ia forma de pago de la indemnización tampoco resulta de la práctica que revelan los convenios como “efectiva”, según el mismo “standard mínimo internacional”. En efecto, en ellos se convino unas veces el pago en la moneda del Estado acreedor (pesetas en el caso de España, libras esterlinas en el caso del Reino Unido, francos suizos en el caso de la Confederación Suiza, francos franceses en el caso de Francia y dólares canadienses en el caso de Canadá). Otras veces, en cambio, como en el convenio con España y con la Confederación Suiza, se estipularon, también, pagos en especie.

Finalmente y en quinto lugar, hay que destacar que todos los convenios celebrados no lo fueron con las personas naturales o jurídicas expropiadas, sino con el Estado de su nacionalidad, interposición que contribuye a reforzar el criterio de que el Estado interpuesto, por su misma conducta, ha renunciado expresamente al “patrón mínimo internacional” al cual supuestamente había adherido en otra ocasión.


Políticas de nacionalización después de la II Guerra Mundial


1. LOS HECHOS

En un inventario de las manifestaciones históricas de las políticas de nacionalización que se despliegan en el sistema internacional a partir de 1945, se debe destacar las que tienen lugar en el continente europeo, en Europa Occidental, Central y Oriental.

Se trata de las políticas asumidas por Francia e Inglaterra a partir de 1945, así como también por parte de la República Democrática Alemana, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria y Yugoslavia, a raíz de su transformación en Estados de economía central planificada de naturaleza socialista a partir del año 1945; en África, merece atención la política de nacionalización del Canal de Suez por parte de la República Árabe Unida en 1956, la de Argelia en 1963 a raíz de su independencia; en Asia, en el caso de Indonesia en 1964; en el Medio Oriente, la política de Irán en 1952 respecto a los intereses petroleros de la Anglo-Iraní; en América Latina, las nacionalizaciones en México en el período de 1917 a 1930, Argentina a partir de 1945 a 1955, en Bolivia en 1952, en Guatemala en 1952, en Cuba a partir de 1959, en Brasil en 1962, en Perú en 1968 y 1975, en Chile entre 1970 y 1971 y en Venezuela entre 1975 y 1976.

2. APRECIACIONES

Del análisis, el cotejo y homogenización de las singularidades que destacan en cada proceso nacionalizador, resaltan las siguientes características generales:

a) en las economías más desarrolladas, las decisiones nacionalizadoras de la posguerra surgieron de programas políticos dirigidos a la reconstrucción económica donde el Estado y la inyección de capitales públicos desempeñaba un papel primordial, sin afectar radicalmente la estructura misma del aparato productivo capitalista; en las economías monoproductoras, escasamente diversificadas y dependientes del capital extranjero, las decisiones nacionalizadoras respondieron, en cambio, a la necesidad vital de promover un cambio fundamental de la estructura de la economía, a fin de hacer posible la satisfacción de las necesidades de las mayorías sociales.

Esto condujo a veces a adoptar, como opción para el desarrollo, la vía de capitalismo de Estado y en otras a sistemas económicos de planificación centralizada. En todo caso, en ambos tipos de economía, a pesar de las diferencias, la legitimidad política de las nacionalizaciones parciales por empresas, por sectores o globales, pareció indiscutible corno instrumento de la acción política del Estado, encaminada a hacer de la propiedad privada de los extranjeros al igual que la de los nacionales una función social de interés público.

b) tanto en las economías desarrolladas como en las monoproductoras, el pago u oferta de pago de una indemnización por los bienes extranjeros nacionalizados, parece haber sido un denominador común. La confiscación sólo aparece corno una excepción.

c) los Estados y los propietarios de bienes extranjeros 1nacionalizados argumentaban tener un status especial como

extranjeros, supuestamente fundado en normas de Derecho Internacional Público que se pretendía erigir en límites al derecho a nacionalizar. Dentro de dicho status, destaca la tesis de una indemnización “pronta, adecuada y efectiva”.

No obstante, la práctica más general demostraba una tendencia clara y no controvertida de que la indemnización, en el caso de nacionalización por sectores económicos, era más bien el producto de la negociación de intereses contrapuestos, donde las voluntades políticas del Estado nacionalizador y del Estado reclamante, en nombre de sus nacionales, se encontraban en el punto de conciliación donde la capacidad económica coyuntural del Estado nacionalizador desempeñaba un papel fundamental para desvirtuar, en la práctica, la exigencia de una indemnización “pronta, adecuada y efectiva” del Estado del nacional expropiado. Lo que se traducía en el pago de una cantidad global como forma de indemnización que no representaba la suma aritmética de las reclamaciones individuales, sino una cantidad inferior y un plazo para el pago que respetaba, en ambos casos, las condiciones reales del Estado nacionalizador para proveer una indemnización conforme a sus disponibilidades reales en divisas (1).

 

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(1) Ver al respecto: González Aguayo, Leopoldo. “La nacionalización de bienes extranjeros en América Latina”. –México: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Serie Estudios 7, UNAM, 1969.


La indemnización por nacionalizaciones

 

Por: Lic. Alejandro Aguilar
Investigador Titular del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas

Después mas de 40 años transcurridos desde que las propiedades de estadounidenses en Cuba fueron nacionalizadas, los EE.UU. pretenden sancionar a personas naturales y jurídicas de terceros países que lleven a cabo inversiones en Cuba o mantengan vínculos económicos con la isla, si estos “trafican” con propiedades sujetas a reclamación por EE.UU., término que- en la ley estadounidense- hacen extensivo a prácticamente cualquier vínculo con dichas propiedades.

Estas medidas de carácter extraterritorial y violadoras del derecho internacional se insertan en el marco del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero que por casi cuatro décadas de manera interrumpida ha impuesto EE.UU. a Cuba y cuyo objetivo es hacer colapsar el sistema económico y social cubano aprovechando la coyuntura por la que atraviesa la nación cubana, empeñada en su reinserción en la economía internacional y en la recuperación de su economía y, de esta forma, apoderarse de la isla.

En su afán de esclavizar a la nación cubana no solo aprueban leyes como la Torricelli y la Helms-Burton, sino que intentan internacionalizar el bloqueo, involucrando a otras naciones soberanas, al pretender imponer en el Acuerdo Multilateral de Inversiones que se gestaba en el marco de la OECD, cláusulas con carácter retroactivo que impidan que otras naciones inviertan en Cuba, bajo el pretexto de la existencia en la isla de propiedades estadounidenses sujetas a reclamación, argumentando que la nacionalización efectuada fue ilegal y discriminatoria y que Cuba no ha indemnizado a sus nacionales.

Cabe preguntarse cuales han sido las causas por las que los nacionales estadounidenses no recibieron la compensación por las propiedades nacionalizadas. ¿Obedece acaso a una falta de voluntad política de Cuba para ello?. ¿Pudo Cuba enfrentar económicamente la liquidación de las indemnizaciones y bajo qué condiciones?. ¿Propició EE.UU. un clima adecuado para llevar a cabo las negociaciones y la indemnización?. ¿Mantienen vigencia las reclamaciones estadounidenses después de casi cuatro décadas de bloqueo, agresiones diversas y una sistemática hostilidad?. ¿Quién le debe a quién?.

Veamos los hechos:

Desde 1960 en la República de Cuba no existen propiedades estadounidenses. Las que existían hasta entonces fueron objeto de nacionalización, de conformidad con las leyes cubanas y, en correspondencia con el derecho internacional. Esas leyes, que contaron con un amplio respaldo popular y que obedecían a una necesidad pública dictada por los requerimientos del desarrollo económico y social del país, establecían la compensación del valor por los bienes nacionalizados, el período y condiciones en que se efectuaría la compensación, así como la provisión de los medios financieros para dicha compensación.

Debe señalarse, que el proceso de nacionalización efectuado en Cuba incluyó, tanto propiedades de nacionales cubanos, como de nacionales de otros países. Por consiguiente, carece de todo fundamento el argumento esgrimido por EE.UU. de que la nacionalización efectuada por Cuba fue ilegal y discriminatoria.

Excepto el caso de EE.UU., el resto de los países adoptó una posición respetuosa con relación a la decisión soberana de Cuba y establecieron negociaciones con las autoridades cubanas para la compensación a sus nacionales por las propiedades que estos tenían en la isla. De esta forma, se concluyeron acuerdos con Francia, Suiza, Gran Bretaña, Canadá y España para efectuar las compensaciones, estableciendo plazos para su ejecución acordes a la práctica internacional en estos casos.

En virtud de los Acuerdos de Reciprocidad Comercial impuestos a la nación cubana por EE.UU., en 1903 y 1934,( merced a la influencia ejercida por éste sobre la vida política del país y en la designación de sus gobernantes), estos disfrutaron de excepcionales privilegios, tales como, desplazar a empresarios de otras nacionalidades, adueñarse de las riquezas naturales del país y dominar su economía.

La corrupción administrativa y el desgobierno que caracterizaron como norma la política cubana hasta la década de los años 50, propiciaron la apropiación con métodos ilícitos como el desalojo y el soborno y, en muchos casos a precios irrisorios, de grandes extensiones de las mejores tierras del país, de sus riquezas minerales y su mercado. No obstante ello, las leyes de nacionalización promulgadas establecían la compensación de las propiedades.

Las leyes que en mayor extensión afectaron propiedades estadounidenses, fueron la Ley de Reforma Agraria promulgada el 17 de mayo de 1959 y la Ley # 851 de 6 de julio de 1960, que autorizó la nacionalización de las principales empresas estadounidenses,

La Ley de Reforma Agraria estaba encaminada a potenciar la economía agropecuaria del país, eliminando la posesión improductiva de la tierra y, en particular, el latifundio, el cual estaba proscrito ya en la Constitución aprobada en 1940.

Al promulgarse esta Ley existían en el país grandes extensiones de tierra improductiva con una altísima concentración de la propiedad, la mayor parte de los cultivos eran atendidos por personas que no poseían la propiedad de la tierra en las modalidades de aparceros, arrendatarios, colonos y precaristas. La población rural se encontraba en condiciones precarias de alimentación, salud y desempleo y constituía el 75% de la población del país.

El Censo Agrícola Nacional de 1946 había puesto de manifiesto esta situación cuando informaba que el 15% de los propietarios disponían del 48% de las fincas con 4.3 millones de hectáreas, mientras el 70% de los propietarios de fincas menores de 26.8 hectáreas disponía de menos del 12% del área.

La Ley de Reforma Agraria, que formó parte de la Ley Fundamental, no obstante su trascendencia económica y social, dejaba en manos de los grandes terratenientes, fincas con áreas extensas. El límite máximo de tierras se estableció en 30 caballerías, (402.6 ha) que, en actividades como la ganadería, la producción de azúcar y arroz, con rendimientos superiores al 50% de la media nacional, podían conservar la propiedad de hasta 100 caballerías (1342 ha).

Las fincas de hasta 30 caballerías que estuvieran contratadas a colonos, arrendatarios y otros, serían afectadas para su distribución entre las personas que trabajaran la tierra. Se estableció un mínimo vital no mayor de 2 caballerías que serían distribuidas gratuitamente a las personas que trabajaban la tierra y se concedería la propiedad a estas de hasta 5 caballerías

La mencionada Ley reconoce el derecho constitucional de indemnización y establece el pago mediante Bonos de Reforma Agraria, redimibles en 20 años, con interés anual no mayor del 4.5%, para lo cual se incluirían los fondos en el presupuesto de cada año. Establece, además, una excepción del impuesto sobre renta personal a aquéllos receptores de bonos que inviertan estos fondos.

Tan pronto se promulgó la Ley de Reforma Agraria, dirigentes, congresistas y otros medios en EE.UU. emitieron declaraciones amenazadoras contra Cuba y demandaban que no se prorrogara la Ley Azucarera, proponían la reducción de la cuota de Cuba y medidas de represalia contra la isla.

Hay que destacar que la Ley cubana de Reforma Agraria establecía límites de posesión de las tierras en magnitudes que en muchos otros países se clasificarían como latifundios y que las condiciones de amortización de las indemnizaciones superaban con creces las que se establecieron por los EE.UU. a los terratenientes en la reforma efectuada durante su ocupación del Japón.

El 12 de junio de 1959, en nota del Gobierno de EE.UU. a Cuba, se expresa: “ Los EE.UU. reconocen que, según el Derecho Internacional, un Estado tiene la facultad de expropiar dentro su jurisdicción para propósitos públicos y en ausencia de disposiciones contractuales o cualquier otro acuerdo en sentido contrario. Sin embargo, este derecho debe ir acompañado de la obligación correspondiente por parte de un Estado,en el sentido de que esa expropiación llevará consigo el pago de una pronta, adecuada y efectiva compensación”.

Llamo la atención sobre lo que hemos subrayado en la nota. De una parte, EE.UU. reconoció entonces el derecho que le asiste a Cuba a la expropiación, aunque cuatro décadas después argumenta que se trató de un acto ilegal y contrario al Derecho Internacional; de otra parte, exigió, de hecho, el pago inmediato de la compensación, cuando conocían perfectamente que los personeros de la tiranía que usurpó el poder en Cuba desde 1952 con el apoyo de los EE.UU. habían saqueado las arcas de la nación, robando y malversando mas de 460 millones de dólares de las reservas monetarias internacionales del país y habían dejado un saldo de deuda pública de más de 1 300 millones de dólares. [3] No pueden decir que desconocían esta situación, pues la mayoría de estos, huyeron con las riquezas que sustrajeron de la nación hacia territorio estadounidense donde fueron acogidos.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de EE.UU., tomando en cuenta el principio de Acto de Estado, falló, en sentencia de 23 de marzo de 1964, a favor de una reclamación efectuada por el Banco Nacional de Cuba en lo que se conoció como caso Sabbatino, reconociendo el derecho que le asistía a Cuba de efectuar la nacionalización. Este fallo ,que le resultaba incómodo a EE.UU., fue posteriormente anulado por el Congreso de ese país mediante la Enmienda Hickenlooper, incorporada a la Ley de Ayuda al Exterior de 7 de octubre de 1964.

Por otra parte, cabe señalar que, tanto en la práctica internacional como en la propia experiencia de los EE.UU. en sus relaciones con otros países respecto a nacionalización de bienes de sus nacionales, generalmente se establecen acuerdos para la compensación al nivel de gobiernos, conocidos como Lump Sum Agreements o Acuerdos de Suma Global, cuyo período de amortización se establece entre 20 y 30 años.

Desde la promulgación de la Reforma Agraria, las autoridades cubanas informaron su disposición a examinar con el Gobierno de EE.UU., en un plano de igualdad y de respeto mutuo, el tema de la indemnización a los nacionales estadounidenses, al propio tiempo que demandaba a ese gobierno que se abstuviera de tomar cualquier medida que pudiera interferir la marcha de las negociaciones.

Lejos de examinar en una mesa de negociaciones con la parte cubana las posiciones respectivas y llegar a una conciliación satisfactoria para ambas partes, la posición asumida por las autoridades de EE.UU. fue incrementar las tensiones y la hostilidad hacia Cuba.

En noviembre de 1959, el Gobierno de EE.UU. interfiere la venta de 15 aviones de combate a Cuba que se negociaba con el gobierno de Gran Bretaña. A fines de 1959 e inicios de 1960 ya era oficial la política de doble carril de EE.UU. hacia Cuba. En enero de 1960 se discutían al más alto nivel los planes de la CIA para derrocar el Gobierno Revolucionario. En marzo de ese propio año se examinaba el plan de sanciones económicas y actividades encubiertas que fue aprobado por el Presidente Eisenhower, mientras se examinaba otro proyecto para cortar la cuota azucarera a Cuba y se preparaba una fuerza militar de emigrados para invadir la isla, invasión que se llevó a cabo meses mas tarde y que fuera derrotada por el pueblo cubano en Playa Girón.

El 8 de enero de 1960 el periódico Washington Daily News informó que un equipo de asesores del gobierno de EE.UU. recomendó una reducción del precio que ese país pagaba por el azúcar cubano que afectaría en unos 150 millones de dólares los ingresos de las exportaciones cubanas, asímismo proponían una escalada en las sanciones entre las que incluían el congelamiento de los fondos de Cuba en EE.UU. y la prohibición a turistas estadounidenses de viajar a Cuba.

Por su parte, el diario New York Times al comentar este proyecto que analizaba el Poder Ejecutivo, advirtió editorialmente que: “los norteamericanos no debemos pensar que el sobreprecio que pagamos a Cuba por el azúcar, en relación con el precio del mercado mundial, lo hacemos por premiar a Cuba; ese precio lo pagamos para proteger a los productores de nuestro propio mercado (…..) Una decisión que es normalmente de carácter puramente económico, ha devenido un tema político emocional, a causa de la Revolución Cubana”.

Desde la década de los años 30, Cuba gozaba de preferencialidad de precios y de cuota en el mercado azucarero de EE.UU.

A comienzos de junio de 1960, las empresas petroleras estadounidenses informaron que no enviarían mas petróleo a Cuba y prohibieron a sus refinerías en la isla que procesaran el petróleo de otras fuentes, no obstante que la Ley cubana de Minerales y Combustibles vigente desde el 9 de mayo de 1938 establecía la obligatoriedad de esas empresas de procesar el petróleo crudo que el Estado le suministrara.

El 24 de junio de 1960 Eisenhower solicita al Congreso el poder discrecional para cortar la cuota de importación de azúcar y el 6 de julio de 1960 el Presidente de EE.UU., Eisenhower, corta la cuota azucarera de Cuba y cancela 700 mil toneladas pendientes de la cuota de 1960, privando así a la isla de su principal fuente de ingresos por exportaciones.

No solo se fraguaban planes encubiertos para desestabilizar el país e invadirlo sino que ya tenía lugar una agresión económica contra Cuba en abierta contradicción a los principios que rigen las relaciones entre las naciones y contrario a la Carta de la OEA de la cual eran signatarios Cuba y EE.UU., la que en su Artículo No. 16 recoge expresamente la prohibición de cualquier tipo de coerción económica contra otro Estado

Obviamente, Cuba tuvo que adoptar medidas para preservar su soberanía y la estabilidad del país.

El 29 de junio es intervenida la empresa petrolera Texaco y el 1ro de Julio se intervienen las dos refinerías de petróleo restantes. El 6 de julio se promulga la Ley # 851 autorizando la nacionalización de las propiedades de las principales empresas estadounidenses, medida que se hace efectiva por la Resolución No.1 de 6 de Agosto de 1960 afectando 26 empresas. La Resolución No.2 del 17 de septiembre, decreta la nacionalización de tres bancos y la Resolución No.3 del 24 de octubre dispuso la nacionalización de las propiedades estadounidenses restantes.

No obstante la agresión económica llevada a cabo por EE.UU. contra Cuba, en la Ley # 851 de 1960 que autoriza la nacionalización de las empresas estadounidenses se considera la compensación de los bienes afectados.

En su Artículo No. 5, se establece el pago por los bienes expropiados con bonos de la República, que se amortizarían en un plazo no menor de 30 años a partir de la fecha de expropiación y con un interés no menor del 2%.

Para el pago de los bonos y sus intereses se crearía el “Fondo para el Pago de Expropiaciones de Bienes y Empresas de Nacionales de los Estados Unidos de América”. Este Fondo se nutriría con el 25% de las divisas extranjeras obtenidas por las compras de azúcar de EE.UU. a Cuba cada año en exceso a 3 millones de toneladas largas españolas y a un precio no menor de 5.75 centavos libra inglesa FAS.

Los términos y el período de tiempo que se establecían en la Ley cubana para efectuar las compensaciones de las propiedades estadounidenses se correspondían con la práctica internacional y tomaban en cuenta la situación económica del país. La cifra de exportaciones azucareras a partir de la cual se destinarían los ingresos para engrosar el fondo tomaba en cuenta las cuotas asignadas a Cuba, los volúmenes de exportación y los precios que se habían ejecutado con anterioridad.

 

Cuotas de Azúcar Finales Otorgadas por EE.UU. (Mt v.c.)

 

1957

1958

1959

1960 (*)

Totales

8975000

9213000

9400000

9400000

De ello a Cuba

3127028

3437582

3215457

3119655

 

Azúcar EE.UU. (Mt v.c.)

Año

Importación Total

Importación desde Cuba

Consumo

Precio ctvs/lb N.Y.Cont. 14

1954

3510

2519

7466

5.59

1955

3669

2663

7796

5.45

1956

3904

2881

8119

5.59

1957

3914

2883

8082

5.75

1958

4374

3224

8400

5.77

1959

4188

3005

8541

5.74

1960

4637

1948

8600

5.80

Como se aprecia, la magnitud base de importaciones de azúcar considerada en la Ley cubana a partir de cuyos incrementos se formaría el fondo de compensación, era inferior a la cuota asignada a Cuba y a las importaciones desde Cuba efectuadas en los dos años precedentes. Mientras que el precio que se tomó como referencia resultaba incluso inferior al promedio del año de promulgación de la Ley.

La fórmula cubana partía de un supuesto, que era la continuidad de las exportaciones de su principal producto al mercado estadounidense y que los fondos para efectuar las indemnizaciones se formarían con las exportaciones adicionales de azúcar a ese mercado tomando en cuenta su potencial exportable, parte del cual se realizaba en el mercado internacional azucarero.

Este mercado internacional azucarero tenía un carácter residual al comercializar el azúcar remanente de los exportadores azucareros una vez satisfechos los compromisos de los mercados preferenciales caracterizados por un alto nivel de protección, razón por la cual los precios de cotización en el mercado internacional resultaban deprimidos y generalmente por debajo de los costos de producción incluso de productores eficientes.

De esta forma, al destinar un volumen de exportación al mercado de EE.UU. se daría respuesta a los requerimientos de la indemnización y se atenuaría la carga financiera que significaría este desembolso para la deteriorada economía cubana. Por supuesto, ello supondría la existencia de una voluntad política de EE.UU. de mantener la producción doméstica y la importación de otras fuentes a los niveles alcanzados y que el incremento de sus necesidades azucareras fuera cubierto con la importación de azúcar procedente de Cuba.

La aceptación por parte de EE.UU. de esta fórmula, además de proveer los fondos para la indemnización, hubiera resultado económicamente favorable al contribuyente estadounidense con precios probablemente menores a los que prevalecieron en el mercado interno, toda vez que la producción azucarera doméstica en ese país tiene un elevado costo y disfruta de un alto nivel de protección, cuyo financiamiento se alcanza por los precios que tiene que pagar el consumidor.

El programa azucarero de EE.UU. en su versión actual, considera un apoyo al precio interno del azúcar de $0.18 USD por libra, lo que cuesta a los consumidores estadounidenses anualmente alrededor de unos 2 mil millones de dólares.

EE.UU. no aceptó llevar a cabo negociaciones, exigiendo la pronta indemnización del valor de las propiedades, al propio tiempo que el 13 de octubre de 1960 prohibió el comercio con la isla exceptuando la venta de alimentos y medicinas, aunque en la práctica, resultó en una interrupción brusca de todo el comercio con el archipiélago cubano, procediendo además a redistribuir entre otros países, la cuota azucarera de Cuba en ese mercado.

El 3 de enero de 1961, EE.UU. rompe las relaciones diplomáticas con Cuba. En septiembre del propio año, el Congreso autoriza al Presidente de EE.UU. el establecimiento del bloqueo a la isla, el cual es oficialmente proclamado por éste el 3 de febrero de 1962, manteniéndose ininterrumpidamente hasta la actualidad.

Fue la actitud asumida por EE.UU. de cancelar la cuota azucarera cubana primero, y la imposición del bloqueo a la isla, lo que impidió a los nacionales estadounidenses recibir la indemnización por las propiedades nacionalizadas y no la ausencia de voluntad o disposición de la Parte cubana como EE.UU. pretende confundir a la opinión internacional.

Cabría preguntarse si bajo el supuesto de que EE.UU. hubiera asumido una posición de respeto hacia la decisión soberana de Cuba como hicieron otros países y hubiera negociado con la isla, ¿Cuba habría podido llevar a cabo la indemnización?

Veamos como evolucionó el mercado azucarero de EE.UU.:

El consumo de azúcar de EE.UU. mantuvo una tendencia creciente hasta finales de la década de los años 70 alcanzando entre 1968 y 1977 un nivel promedio superior a los 10 millones de toneladas. Posteriormente, el consumo de azúcar acusa una reducción que obedeció fundamentalmente a la aparición del Jarabe de Maíz rico en fructuosa y otros endulzantes intensivos que sustrajeron parte del mercado de azúcar. Sin embargo, hasta 1981 el consumo se mantuvo por encima del nivel alcanzado en 1960.

El incremento del consumo fue satisfecho en lo fundamental por el aumento de la producción propia, que como se señaló anteriormente, gozaba de precios de protección, aunque en algunos años las importaciones también se incrementaron. A medida que el consumo total disminuía, lo hacían también las importaciones.

Los precios del Contrato No.14 de Nueva York en el período hasta 1990, año en que la totalidad de los bonos para la indemnización quedarían redimidos, estuvieron excepto en 1961 y 1962, en niveles superiores a 5.75 centavos USD/lb. En 13 años el precio superó los 15 centavos y en 9 de ellos rebasó el nivel de 20 centavos USD/lb.

A manera de ilustración se llevaron a cabo los cálculos de los niveles de exportación que Cuba hubiera podido efectuar a EE.UU. y de los ingresos que nutrirían los fondos para la indemnización, de haber aceptado las autoridades de ese país las condiciones establecidas en la Ley # 851 de 1960 por la cual se nacionalizaron las empresas estadounidenses.

Se utilizaron los supuestos siguientes:

– Mantener un nivel similar al de 1959 de producción propia de 4.4 MMt de azúcar por año

– Mantener similar nivel de importación al de 1959 de otras fuentes con l.2 MMt de azúcar por año

– La diferencia entre estos niveles y los reales registrados cada año en producción e importación, correspondería a las importaciones procedentes de Cuba, para cubrir el consumo de cada año, requerimientos de inventarios o la re-exportación según su ejecución real.

– Los precios a utilizar serían los corrientes de cada año según el Contrato # 14 de N.York, excepto para 1961 y 1962, que resultaron inferiores a 5.75 ctvs usd/lb. Para esos años, se utilizó este precio como base de cálculo.

– Las exportaciones cubanas se tomaron por el total real realizado cada año, asumiendo, además, que a otros destinos se exportarían como mínimo, cada año, 500 mil toneladas de azúcar.

Partiendo de los supuestos anteriores y ateniéndose a la ejecución real en términos físicos y los precios promedios corrientes vigentes en cada año en el Contrato No.14 de New York, las importaciones de azúcar por parte de EE.UU. procedentes de Cuba, adicionales a los 3 MMt anuales de su comercio tradicional, hubieran alcanzado un nivel de 25 MMt. entre 1961 y 1981 con un valor de 6 189.5 MMUSD. De conformidad con la Ley # 851 de 1960, el 25% de los ingresos de estas importaciones adicionales se destinarían al fondo para las indemnizaciones, por tanto, en ese período se hubieran acumulado 1 547.4 millones de dólares con este fin, tan solo con los fondos provistos por esta ley.

Hay que tomar en consideración que las fuentes de la indemnización por las propiedades nacionalizadas estaban consideradas en la Ley de Reforma Agraria, así como por otras leyes, como la Ley de Reforma Urbana que eventualmente pudieran haber afectado intereses de nacionales estadounidenses.

Pudiera argumentarse que durante estos años Cuba adquirió otros compromisos de exportación de azúcar, pero en este sentido, igualmente se pudiera esgrimir el argumento de que estos compromisos pudieron constituir una ampliación de los mercados cubanos y, por tanto, pudieron haberse aumentado la producción y las exportaciones para satisfacer estos nuevos compromisos.

Al margen de que las autoridades cubanas no han ofrecido información sobre el valor de tasación de las propiedades estadounidenses nacionalizadas ni se han pronunciado sobre el monto de las reclamaciones de los EE.UU. resulta evidente que si ese país no hubiera impuesto el bloqueo a Cuba y hubiera negociado con sus autoridades, los nacionales estadounidenses hubieran recibido la correspondiente indemnización.

Aún incluso, si la negociación no hubiera coincidido plenamente con los supuestos que hemos utilizado para los cálculos y se hubieran manejado otras fuentes alternativas de provisión de fondos para la indemnización, probablemente pudieran haberse incluido. Así, por ejemplo, la prohibición por parte de EE.UU. a sus nacionales de visitar el archipiélago cubano, además de constituir una violación de los derechos de sus ciudadanos, ha significado una pérdida de ingresos para la economía cubana hasta 1995 estimada conservadoramente en una cifra superior a 15.7 mil millones de dólares, tomando en cuenta el vertiginoso crecimiento del turismo en el área del Caribe en las últimas décadas y la participación que disponía Cuba del mercado emisor estadounidense.

Solamente los daños económicos ocasionados por el bloqueo económico, comercial y financiero a la economía cubana hasta 1995, sin considerar los cuantiosos daños ocasionados por las agresiones diversas y otros actos hostiles, superan los 60 mil millones de dólares, que han sido sustraídos de las posibilidades de desarrollo económico y social del país.

Obviamente, si EE.UU. no hubiera impuesto el bloqueo a la isla, ni llevado a cabo las agresiones contra la nación cubana, el país hubiera podido contar con los recursos necesarios para la indemnización a los nacionales estadounidenses y se hubieran podido negociar fórmulas de compensación que fueran aceptables para ambas partes.

No es por tanto Cuba, sino el Gobierno de EE.UU., el único responsable de que no se haya efectuado la compensación, pues en lugar de adoptar una posición racional y negociadora optó por una política de hostilidad, violadora del Derecho Internacional en sus relaciones con Cuba, agrediéndola e imponiendo un bloqueo que pretende doblegar por hambre y enfermedades a la nación cubana.

Las autoridades cubanas han reiterado en diversas ocasiones su disposición a examinar con las de EE.UU. la solución de sus diferencias, entre las cuales se encuentran las reclamaciones de ese país por las propiedades nacionalizadas, pero que hoy después de casi cuatro décadas de bloqueo y agresiones no pueden ser resueltas, sin que encuentren solución las reclamaciones de la parte cubana por los daños ocasionados a su economía por la política hostil de EE.UU., que superan con creces las reclamaciones por la nacionalización.

Quién le debe a quién y cómo darle solución a los saldos que resultaren, serán necesariamente temas que solo podrán resolverse mediante negociaciones entre ambas partes, sin condicionamientos, sobre la base de la igualdad, y el respeto mutuo.

EE.UU. Producción, importación y consumo de azúcar

AÑO
PRODUCCION
IMPORTACION
CONSUMO
IMPORT/CUBA
1954

3510

7466
2519
1955

3669
7796
2663
1956

3902
8119
2881
1957

3914
8082
2883
1958
4108
4374
8400
3224
1959
4433
4188
8541
3005
1960
4576
4637
8600
1948
1961
4886
3993
8935

1962
4913
4248
9074

1963
5340
4168
9236

1964
5964
3295
8952

1965
5661
3654
9353

1966
5599
4080
9624

1967
5539
4357
9685

1968
5689
4655
10268

1969
5409
4432
9947

1970
5734
4804
10547

1971
5570
5069
10530

1972
5723
4952
10619

1973
5729
4835
10630

1974
5398
5250
10325

1975
5954
3515
9142

1976
6438
4228
10000

1977
5763
5291
10361

1978
5133
4257
9954

1979
5934
4436
9876

1980
5313
3802
9330

1981
5788
4646
8958

1982
5417
2393
8310

1983
5215
2667
8074

1984
5341
3021
7738

1985
5415
2275
7290

1986
5676
1796
7085

1987
6631
1221
7409

1988
6415
1310
7428

1989
6193
1735
7560

1990
5739
2508
7848

1991
6476
2354
7887

1992
6804
2045
8097

1993
7045
1828
8192

1994
6920
1602
8454

1995
7237
1637
8500

Fuente: ISO Sugar Yearbook – varios años

 

PRECIOS PROMEDIOS DEL AZUCAR EN EL MERCADO MUNDIAL
Y EL MERCADO PREFERENCIAL DE EE.UU.(US ctvs./lb)


NY. duty  D.y Ta-
Fletes y   N.Y.(14)
No.(11)
Años
paid
rifas
Seguros
FOBS
M.M
Pref.
1951




5.56
5.70
1952




5.77
4.17
1953




5.79
3.41
1954




5.59
3.26
1955




5.45
3.24
1956




5.59
3.47
1957




5.75
5.16
1958




5.77
3.50
1959




5.74
2.97
1960
6.30
0.50
0.28
5.80
3.14
2.38
1961
6.29
0.63
0.30
5.49
2.91
2.58
1962
6.45
0.63
0.26
5.69
2.97
2.72
1963
8.19
0.63
0.28
7.41
8.48
(1.07)
1964
6.90
0.63
0.29
6.11
5.86
0.25
1965
6.25
0.63
0.32
5.93
2.12
3.81
1966
6.99
0.63
0.33
6.16
1.86
4.30
1967
7.28
0.63
0.33
6.95
1.99
4.46
1968
7.52
0.63
0.35
6.67
1.98
4.69
1969
7.75
0.63
0.37
6.88
3.37
3.51
1970
8.08
0.63
0.51
7.07
3.35
3.32
1971
8.52
0.63
0.50
7.52
4.52
3.00
1972
9.09
0.63
0.48
8.11
7.41
0.70
1973
10.29
0.63
0.76
9.03
9.59
(0.56)
1974
29.12
0.63
1.00
27.62
29.60
(1.98)
1975
22.47
0.63
0.80
21.17
20.44
0.73
1976
13.31
0.63
0.53
11.78
11.54
0.24
1977
11.00
1.25
0.49
8.74
8.19
0.55  (*)
1978
13.93
1.88
0.30
8.69
7.81
0.88  (**)
1979
15.96
2.81
0.39
11.09
9.71
1.38
1980
30.11
2.81
0.48
29.13
29.07
0.06
1981
19.73
0.63
0.45
16.58
16.87
(0.29)
1982
19.92
2.81
0.35
15.23
8.36
6.87
1983
22.04
0.63
0.51
21.03
8.49
12.54
1984
21.74
0.6
0.60
20.64
5.14
15.50
1985
20.34
0.63
0.56
19.28
4.04
15.24
1986
20.95
0.63
0.48
19.87
6.05
13.92
1987
21.83
0.63
0.64
20.69
6.71
13.98
1988
22.12
0.63
0.88
20.74
10.16
10.58
1989
22.81
0.63
0.87
21.44
12.80
8.64
1990
23.27
0.63
0.84
21.93
12.57
9.36

(*) Tarifas variables rigen a partir de 1977. Sustituye anterior ley de cuotas
para garantizar precios mínimos de producción nacional.
(**) No disponibles datos USDA desde 1978 se calculó 60% flete Caribe.

CUBA  EXPORTACIONES AZUCARERAS  (Mt v.c)

AÑO
EXPORT
EXP.EE.UU
1957
5274
2753
1958
5631
3241
1959
4951
2937
1960
5634
1948
1961
6413
1962
5130
1963
3520
1964
4176
1965
5315
1966
4434
1967
5682

1968

4612
1969
4798
1970
6906

1971

5510
1972
4139
1973
4797
1974
5491
1975
5743
1976
5763
1977
6238
1978
7231
1979
7269
1980
6191
1981
7071
1982
7734
1983
6792
1984
7016
1985
7209
1986
6702
1987
6482
1988
6976
1989
7123
1990
7171
1991
6767
1992
6084
1993
3661
1994
3188
1995
2602

Fuente: ISO Sugar Year Book varios años

 

EE.UU. – IMPORTACIONES ADICIONALES DE AZUCAR DE CUBA
PARA INDEMNIZACIÓN DE PROPIEDADES (miles Tm v.c.)


PRECIO
IMP.ADIC.CUBA
AÑO
PROD.
IMP.
CONS.
ctv/lb
USD/t
Mt
MUSD
1961
4886
3993
8935
5.49*
126.77
279
35 368.8
1962
4913
4248
9074
5.69*
126.77
561
71 118.0

1963

5340
4168
9236
7.41
172.18
20
3 443.6

1964

5964
3295
8952
6.11
134.70
659
88 767.3
1965
5661
3654
9353
5.93
130.73
715
93 471.9
1966
5599
4080
9624
6.16
135.80
934
126 837.2
1967
5539
4357
9685
6.95
153.22
1296
198 573.1
1968
5689
4655
10268
6.67
147.05
1112
163 519.6

1969

5409
4432
9947
6.88
151.68
1241
188 234.9
1970
5734
4804
10547
7.07
155.87
1938
302 076.1
1971
5570
5069
10530
7.52
165.79
2010
333 237.9
1972
5723
4952
10619
8.11
178.79
639
114 246.8
1973
5729
4835
10630
9.03
199.08
1297
258 206.8

1974

5398
5250
10325
27.62
608.92
1991
1212 359.7

1975

5954
3515
9142
21.17
466.72
869
405 579.7
1976
6438
4228
10000
11.78
259.70
2066
536 540.2

1977

5763
5291
10361
8.74
192.68
2454
472 836.7
1978
5133
4257
9954
8.69
191.58
790
151 348.2
1979
5934
4436
9876
11.09
244.44
1770
432 658.8
1980
5313
3802
9330
29.13
642.21
515
330 738.2

1981

5788
4646
8958
16.58
365.63
1834
670 382.0

1982

5417
2393
8310
15.23
335.76


1983

5215
2667
8074
21.03
463.63


1984

5341
3021
7738
20.64
455.03


1985

5415
2275
7290
19.28
425.05


1986

5676
1796
7085
19.87
438.05


1987

6631
1221
7409
20.69
456.14


1988
6415
1310
7428
20.74
457.24


1989
6193
1735
7560
21.44
472.67


1990
5739
2508
7848
21.93
483.47


1991
6476
2354
7887




1992
6804
2045
8097




1993
7045
1828
8192




1994

6920
1602
8454




1995

7237
1637
8500




TOTAL INGRESOS IMPORTACIONES ADIC.

6 189 545.5

25% de los ingresos para el fondo compensación

1 547 386.3

 

Fuente: ISO Sugar Yearbook – varios años, (para producción, importación total, consumo y precios)

(Importaciones adicionales de Cuba calculado por el autor sobre la base de mantener constantes los niveles de 1960 de producción propia (4.4 MMt ) e importaciones de otras fuentes diferentes a Cuba (1.2 MMt ) y no sobrepasar exportaciones totales de Cuba, excluyendo 500 Mt de otros destinos.


¿Por qué Bloqueo y no embargo?

Las acciones ejercidas contra Cuba por el Gobierno de los Estados Unidos no se enmarcan en la definición de “embargo”. Por el contrario, trascienden éste y tipifican un “bloqueo” al perseguir el aislamiento, la asfixia, la inmovilidad de Cuba, con el avieso propósito de ahogar a su pueblo y llevarlo a claudicar de su decisión de ser soberano e independiente; todo ello constituye precisamente elementos cardinales en el concepto de “bloqueo”, que significa cortar, cerrar, incomunicar con el exterior para lograr la rendición del sitiado por la fuerza o por el hambre.

Desde la Conferencia Naval de Londres, de 1909, es un principio aceptado en el derecho internacional que: “el bloqueo es un acto de guerra”, y siendo así, sólo es posible su empleo entre los beligerantes. No existe, por otra parte, norma del derecho internacional que justifique el llamado “bloqueo pacífico”, el cual fue práctica de las potencias coloniales del siglo XIX y del principio del pasado.

Tan controvertido concepto tampoco tiene tradición en el derecho internacional aceptado por los Estados Unidos de América, pero las autoridades norteamericanas tienen mala memoria y no recuerdan que, en 1916, advirtieron a Francia: “Los Estados Unidos no reconocen a ninguna potencia extranjera el derecho de poner obstáculos al ejercicio de los derechos comerciales de los países no interesados, recurriendo al bloqueo cuando no exista estado de guerra”.

Generalmente, se conoce como “embargo” la forma judicial de retener bienes para asegurar el cumplimiento de una obligación contraída legítimamente. Puede ser también una medida precautoria de carácter patrimonial autorizada por juez o tribunal o autoridad competente, con igual propósito de cumplir por el deudor sus compromisos con sus acreedores. ¿Resulta Cuba deudora de los Estados Unidos? ¿Ha cometido Cuba algún delito que autorice el secuestro y liquidación de sus bienes a favor de los Estados Unidos?. La respuesta es diáfana y contundente: No. Cuba no ha sido ni es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, por lo cual resulta contrario a la ley internacional la pretensión de aplicarle medidas de legítima defensa, teniendo en cuenta que el derecho internacional no reconoce legítima defensa subjetiva, ni tampoco justifica la legítima defensa esgrimida por la Doctrina Monroe, que realmente lo que postula es una política de agresión.

No obstante la expresión de “embargo”, lo real es que este conjunto de medidas de coacción y agresión económica, constituyen un bloqueo ilegal por parte de los Estados Unidos contra Cuba y no puede esconderse esa criminal conducta y proceder contra la isla en figuras jurídicas que no la tipifican. El Gobierno de los Estados Unidos emplea la figura del “embargo” para no reconocer que aplica a Cuba medidas de tiempo de guerra, de una guerra no declarada contra el pueblo de Cuba. El bloqueo a Cuba entraña una conducta genocida por parte del Gobierno de los Estados Unidos, ejercida para someter intencionalmente al pueblo cubano a condiciones de existencia que le pueden acarrear daños físicos, totales o parciales, para debilitar su decisión de luchar y vencer.

Si bien formalmente el bloqueo total contra Cuba se implanta por parte de los Estados Unidos el 7 de febrero de 1962, ya desde 1959 ese país venía aplicando políticas de bloqueo contra Cuba, dirigidas esencialmente a socavar puntos vitales de la defensa y la economía cubanas, tales como la supresión de la cuota azucarera, principal y casi el único soporte de la economía y finanzas de la isla ,y el no suministro y refinación de petróleo por parte de las empresas petroleras norteamericanas que monopolizaban la actividad energética; paralizar al país, ese era el propósito que no lograron, así como también un solapado boycot a cualquier compra de piezas de repuesto para la industria cubana, toda ella de factura norteamericana.

Pero siendo infructuoso el bloqueo parcial para doblegar al pueblo de Cuba, el entonces Presidente de los Estados Unidos, J. F. Kennedy, cumpliendo el mandato que le había encomendado el Congreso de los Estados Unidos, mediante la Sección 620a de la Ley de Ayuda Extranjera, de septiembre de 1961, declara el bloqueo total contra Cuba a partir de las 12.01 AM del 7 de febrero de 1962.

Es evidentemente antagónico el propósito manifiesto del bloqueo y el derecho humano del pueblo de Cuba de ejercer su libre determinación, derecho consagrado, además de en la Carta de las Naciones Unidas, en la Declaración de los Derechos Humanos y los artículos 1 de los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de Derechos Civiles y Políticos. ¿Quién viola entonces los derechos humanos del pueblo de Cuba?

Múltiples resoluciones de las Naciones Unidas condenan los actos de agresión. Sólo citamos la Resolución 2625, de 24 de octubre de 1970, del XXV Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que declara la igualdad soberana a los Estados, la libre determinación de los pueblos y la obligación de todo Estado de no intervenir en los asuntos que no sean de su jurisdicción interna. Igualmente, esta Resolución establece que “ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado, a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos y obtener él ventajas de cualquier otro. Todo Estado tiene el derecho inalienable de elegir su sistema político, económico, social y cultural sin injerencia en ninguna forma por parte de ningún otro Estado”.

Durante 11 años consecutivos, desde 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado con creciente mayoría la Resolución titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”. Dicha Resolución que reafirma, entre otros, los principios de igualdad soberana, no intervencionismo y no injerencia en los asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales, expresó la preocupación de la Comunidad jurídica internacional en la aplicación de medidas dirigidas a reforzar y ampliar el bloqueo y por los efectos negativos sobre la población cubana y nacionales cubanos residentes en otros países. Oídos sordos y desacato total por parte del Gobierno de los Estados Unidos, que lejos de suprimir el bloqueo y toda legislación que lo conforma ha promulgado nuevas leyes, como la Torricelli y la Helms Burton, cuyas regulaciones extraterritoriales afectan la soberanía de otros Estados y los intereses legítimos de entidades o personas bajo su jurisdicción. La última votación, con 173 Estados a favor de la Resolución, representa sin lugar a dudas la opinión mundial de repudio y condena al bloqueo. El bloqueo impuesto a Cuba por el Gobierno de los Estados Unidos es un acto brutal y genocida, su fin va hasta la desaparición del Estado cubano, y la destrucción de sus elementos cardinales de nación.

 

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NOTA: Párrafos tomados del Libro Cuba – USA- Nacionalizaciones y Bloqueo de la Dra. Olga Miranda Bravo, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1996.


Análisis jurídico sobre la ilegalidad del bloqueo impuesto a Cuba por los Estados Unidos

Elaborado por un equipo de especialistas de la Dirección Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba*

Marco legislativo del bloqueo vs. Cuba

El bloqueo contra Cuba fue impuesto por el Gobierno de los EE.UU. el 3 de febrero de 1962 a través de la Proclama 3447. Mediante esta decisión presidencial, amparada en las facultades que la sección 620 (a) de la Ley de Asistencia Exterior de 1961 concedía al Presidente de los EE.UU., se estableció el embargo total a todo comercio entre los EE.UU. y Cuba, si bien ya desde 1959 ese país venía aplicando medidas económicas contra la joven Revolución cubana.

De conformidad con estos preceptos el Presidente ordenó al Secretario del Tesoro promulgar todas las medidas y regulaciones que fuesen necesarias para hacer efectiva la prohibición de importaciones a los EE.UU. de todos los productos de origen cubano y todos los importados desde o a través de Cuba. Al mismo tiempo, ordenó al Secretario de Comercio a que diera continuidad y reforzara las medidas de prohibición de todas las exportaciones de los EE.UU. hacia Cuba.

Entre las primeras normas que se aprobaron para ejecutar lo anterior se encuentran las Regulaciones para las Importaciones Cubanas de 1962. Semanas después estas disposiciones fueron enmendadas por la Ley de Comercio con el Enemigo. Otro grupo de normativas fue adoptado en 1963 bajo el nombre de Regulaciones para el Control de los Activos Cubanos, entre ellas la prohibición impuesta a los ciudadanos estadounidenses de viajar a Cuba.

En virtud de las prerrogativas de que goza el Presidente en materia de política exterior y la amplia facultad discrecional que concede la Ley de Comercio con el Enemigo al Ejecutivo estadounidense, las sucesivas administraciones modificaron y aprobaron nuevas regulaciones para arreciar el bloqueo.

En 1992 fue aprobado por el Congreso norteamericano un nuevo y sustancial incremento a la compleja madeja de sanciones que comprende el bloqueo: la Ley para la Democracia Cubana o Ley Torricelli, que con el mismo objetivo de las regulaciones anteriores, tiene por objetivo el aislamiento político y económico de Cuba. Esta ley justificaba la política de bloqueo ya no con argumentos relacionados a la seguridad nacional. Los nuevos pretextos para sustentar semejante andamiaje legislativo se vinculaban a la llamada “violación de los derechos humanos y la falta de democracia en nuestro país”.

Si bien no es un elemento nuevo en el bloqueo, en el caso de esta legislación resalta su carácter eminentemente extraterritorial, el cual se aprecia claramente en el contenido de las secciones sobre la cooperación internacional y sobre sanciones, incluyendo aquellas previstas para las compañías subsidiarias extranjeras o afiliadas a empresas estadounidenses que comercien con Cuba, aún cuando radiquen en terceros Estados y operen bajo el ordenamiento jurídico de dichos Estados.

Otra de las disposiciones de marcado carácter extraterritorial, es aquella que prohíbe a los buques procedentes de Cuba o que se dirijan a Cuba, que lleven carga o no en tales travesías, tocar puertos estadounidenses en un plazo de 180 días, a menos que tengan una licencia del Departamento del Tesoro de los EE.UU. Se trata de una intromisión en los asuntos internos de los Estados al pretender regular las relaciones comerciales de terceros Estados para alcanzar las metas políticas de Washington.

Cuatro años más tarde, en 1996, quedó promulgada la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, conocida como Ley Helms-Burton. Esta ley codificó todas las normas, regulaciones, leyes y órdenes presidenciales adoptadas desde 1962 con relación al bloqueo económico financiero y comercial impuesto a Cuba, sin importar su jerarquía normativa. De esta forma toda la legislación en materia de bloqueo era elevada a rango de ley y las facultades que le habían sido encomendadas al Presidente de los EE.UU. en la Ley de Ayuda Exterior para enmendar o dejar sin efecto todas las disposiciones legislativas referidas al bloqueo, pasaban ahora al Congreso.

Otro engendro legislativo que ha venido a complementar y ampliar el bloqueo norteamericano contra Cuba y en especial a obstaculizar el desarrollo armónico de las relaciones marcarías y de patentes y los derechos de la propiedad intelectual, es la Sección 211 de la Ley Ómnibus de Asignaciones Presupuestarias de 1999 de los EE.UU. Introducida como enmienda el 21 de octubre de 1998, esta legislación es parte de una maniobra de los sectores más reaccionarios de la ultraderecha anticubana para que no sean reconocidos en los EE.UU. los derechos sobre marcas y nombres comerciales relacionados con intereses cubanos. Esta nueva maniobra contra nuestro país ha sido promovida por la empresa Bacardí asociada a los líderes conservadores anticubanos de Miami para usurpar la afamada y notoria marca de ron cubano “Havana Club”.

La Sección 211, basada también en el cuestionamiento del proceso nacionalizador cubano, es incompatible con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC) pues impide el acceso a los tribunales de los Estados Unidos, a los titulares de marcas comerciales y sus sucesores, para hacer valer sus derechos.

Esta Sección viola también los principios básicos de la OMC como son el Trato Nacional y el Trato de Nación más Favorecida, estipulados en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), en sus artículos 3 y 4.

Elementos que tipifican la ilegalidad del bloqueo

Tal como lo define el Derecho Internacional y la propia legislación norteamericana el “embargo” consiste en una orden o proclama, emitida por un Estado en tiempo de guerra, en virtud de la cual son colocados los buques mercantes extranjeros y sus cargamentos, y excepcionalmente otras propiedades extranjeras, bajo el control del Estado, sin destinarlos a ningún uso en su provecho. Cuba, desde 1962, ha sido víctima de las formas más insólitas de embargo.

Las acciones que se ejercen contra Cuba como parte de esta política aislacionista trasciende, como puede apreciarse a través de los ejemplos que este informe contiene, la definición de “embargo”. En este caso se impide que Cuba, por diferentes vías, desarrolle vínculos económicos, comerciales y financieros con terceros; se persigue con ello la rendición del Estado asediado, por la fuerza o por el hambre.

Sin embargo el marco legislativo estadounidense que sustenta jurídicamente el bloqueo contra Cuba insiste en denominar como “embargo” a esta sanción unilateral, aplicando a Cuba en tiempo de paz, medidas de tiempo de guerra.

No ha existido norma del ordenamiento internacional que refrende el bloqueo en tiempo de paz. Desde 1909, en la Conferencia Naval de Londres, quedó definido como principio del derecho internacional que el “bloqueo es un acto de guerra” y sobre esta base, su empleo es posible únicamente entre los beligerantes.

La propia Ley de Comercio con el Enemigo, permite al Presidente imponer medidas de emergencia económica pero solo durante tiempo de guerra o ante la existencia de una amenaza a los intereses de seguridad nacional.

Cuba no representa ni ha representado una amenaza para la seguridad nacional de los EE.UU., y tampoco existen argumentos que sustenten la prolongación de una situación de emergencia nacional; todo ello corrobora, aun más, el carácter ilegal de las medidas de coacción y de la agresión económica contra nuestro país.

Varios instrumentos regionales y multilaterales condenan estos actos como contrarios a la paz y a la seguridad de la humanidad:

· La política de bloqueo califica como crimen internacional de genocidio, conforme a lo definido en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948.

· La Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) considera la agresión económica como un delito.

El bloqueo contra Cuba viola los derechos humanos del pueblo de Cuba y como consecuencia de semejante violación ejercida por más de cuatro décadas ha causado serios daños materiales y morales a la economía y a la sociedad cubanas, actos ilícitos por los cuales el Gobierno de los EE.UU. es responsable ante los tribunales de Cuba y ante la jurisdicción internacional.

La promulgación de la Ley Helms-Burton, es la continuidad de una política agresiva reiterada que los Estados Unidos han impuesto en el ámbito internacional y que prácticamente viola todas las áreas del Derecho Internacional y de los principios que rigen las relaciones internacionales.

EL bloqueo emprendido para exterminar la Revolución cubana y a su pueblo, como sanción unilateral de marcado carácter extraterritorial, contraviene los siguientes principios y derechos fundamentales del Derecho internacional:

-Principio de igualdad soberana

El principio de igualdad soberana, se halla definido y es aceptado universalmente desde el Congreso de Westfalia de 1648. Está compuesto por dos importantes elementos: la soberanía de los Estados y la igualdad jurídica de los mismos. La soberanía es la potestad de un Estado que se expresa a través del derecho a decidir libremente los asuntos internos y externos del mismo sin infringir los derechos de otros Estados ni el Derecho Internacional Público. La igualdad jurídica es el derecho de todo Estado de ser considerado como igual ante cualquier otro Estado en lo relativo a los derechos inherentes a su soberanía, ya que los Estados soberanos son jurídicamente iguales entre sí, sin subordinación de uno a otro. La desigualdad económica, física o de otro orden entre los Estados no tiene por qué implicar la desigualdad jurídica.

Este principio se encuentra refrendado en el artículo 2 inciso 1 de la Carta de la ONU que establece lo siguiente: “La organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros”. Y el artículo 78 de la propia Carta estipula que “las relaciones entre los territorios que hayan adquirido la calidad de miembros de Naciones Unidas se basarán en el respeto al principio de la igualdad soberana”.

Todo lo expuesto anteriormente, se complementa con la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Declaración de Principios del Derecho Internacional que rigen las Relaciones de Amistad y Cooperación entre los Estados, la cual establece lo siguiente: “Todos los Estados gozan de igualdad soberana. Tienen iguales derechos e iguales deberes y son por igual miembros de la Comunidad Internacional, pese a las diferencias de orden económico, social, político o de otra índole.”

-Principio de no intervención

El principio de la igualdad soberana guarda estrecha relación con el principio de no intervención a la que hace mención la referida Resolución 2625 (XXV) al plantear que “Ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado con el fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos nacionales y obtener de él ventajas de cualquier orden. Todo Estado tiene el derecho inalienable a elegir su sistema político, económico, social y cultural, sin injerencia en ninguna forma por parte de ningún Estado”.

-Principio de la Independencia

Con la soberanía marcha también el principio de la independencia, que refrenda la facultad de los Estados de decidir con autonomía acerca de sus asuntos internos y externos en el marco del Derecho Internacional Público, incluyendo las relaciones de orden interno y relaciones de orden internacional dentro de la que se incluye el derecho del libre comercio con los demás Estados.

– Derecho a la nacionalización

La Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, en su artículo 2.2 inciso c) refrenda que “Todo Estado tiene derecho de nacionalizar, expropiar o transferir la propiedad de bienes extranjeros, en cuyo caso, el Estado que adopte esas medidas deberá pagar una compensación apropiada, teniendo en cuenta sus leyes y reglamentos aplicables y todas las circunstancias que el Estado considere pertinente. En cualquier caso en que la competencia sea motivo de controversia, esta será resuelta conforme a ley nacional del Estado que nacionaliza y por sus tribunales, a menos que todos los Estados interesados, acuerden libre y mutuamente que se recurra a otros medios pacíficos sobre la base de la igualdad soberana de los Estados y de acuerdo con el principio de libre elección de los medios”.

Ilegalidad de la Ley Helms-Burton

Ley Helms-Burton entró en vigor el 12 de marzo de 1996, cuando el Presidente de los Estados Unidos William J. Clinton cedió ante los presiones e intereses de los sectores más conservadores y ultraderechistas del espectro político estadounidense y de la población de origen cubano en la Florida.

Los Títulos I y II de la Ley Helms-Burton comprenden numerosas restricciones y estímulos para supuestamente promover “la democracia” en Cuba. Esta legislación muestra abiertamente el injerencismo del gobierno de los EE.UU. para propiciar la subversión y el terrorismo en Cuba.

A continuación analizaremos algunas disposiciones cuyos efectos jurídicos constituyen denotadas violaciones al derecho internacional y al propio ordenamiento de los EE.UU.

1) Prohibición a la financiación indirecta en Cuba por entidades estadounidenses y sus subsidiarias.

En relación con esta medida, el texto de la ley viola el principio de la libertad de financiamiento e inversión y aquel que plantea la subordinación de compañías subsidiarias a las leyes del país residente. es contrario además al espíritu del GATT y del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Ambos principios aparecen también regulados en el ordenamiento jurídico de los EE.UU.

2) Suspensión de fondos a instituciones financieras internacionales que extiendan fondos a Cuba.

Estas disposiciones contenidas en la sección 104 de la ley constituyen una violación a las normas del FMI, del Banco Mundial, de la Asociación Internacional de Desarrollo y de la Corporación Financiera Internacional. Contraviene la Convención de Establecimiento de la Agencia de Garantía a la Inversión Multilateral y la Convención de Establecimiento del Banco Interamericano de Desarrollo.

En sentido general todas las normas indicadas prohíben las restricciones, controles o moratorias de cualquier naturaleza contra sus acciones o propiedades.

3) Prohibiciones sobre el comercio

La Ley Helms-Burton viola las normas y los principios que rigen el comercio internacional al prohibir:

-la importación en los EE.UU de productos provenientes de Cuba;

-las exportaciones de productos estadounidenses hacia Cuba;

-las relaciones comerciales entre Cuba y las empresas que tengan su casa matriz o una subsidiaria en los EE.UU.

Estas disposiciones violan el GATT (artículos I, XI, XIII). En relación con lo anterior, EE.UU. ha alegado una vez más su argumento basado en la seguridad nacional para justificar estas medidas y demostrar que no viola este instrumento multilateral, lo cual resulta insostenible.

Estas prohibiciones y restricciones constituyen un acto evidente de represalia contra aquellos países que mantienen relaciones comerciales con Cuba y una violación a la libertad de comercio como principio del Derecho Internacional.

4) Se concede recurso civil en tribunales de los EE.UU. contra nacionales de terceros por “traficar”[1] con las propiedades nacionalizadas.

El título III de la ley en cuestión, parte por desconocer el derecho a nacionalizar de los Estados reconocido en el Derecho Internacional y rechaza la legitimidad de las nacionalizaciones efectuadas en nuestro país.

Al prohibir el comercio con Cuba, EE.UU. eliminó la única posibilidad que el gobierno revolucionario poseía para compensar a los ciudadanos estadounidenses tras la expropiación de sus propiedades, tal como se estableció en la ley 851 del 6 de julio de 1960 y como se ha efectuado con otros nacionales extranjeros, compensados a través de convenios internacionales llamados Acuerdos Globales de Compensación (Lump Sum Agreements), práctica internacional bien consolidada para el momento.

En un hecho sin precedentes en la historia constitucional de los EE.UU., el Congreso ha asumido funciones judiciales para decretar unilateralmente que las expropiaciones cubanas fueron ilegales sobre la base de que las propiedades en controversia “fueron robadas” y por tanto reconoce como vigente el derecho de los titulares que continúan siendo, en su criterio, aquellos ciudadanos estadounidenses al momento de la expropiación o aquellos cubanos que abandonaron Cuba y adquirieron la ciudadanía posteriormente.

Aún cuando estas propiedades fueron nacionalizadas sobre la base jurídica que permite la propia soberanía del estado cubano y su Constitución, el derecho de los pueblos a la autodeterminación, consagrado en la Carta de la ONU como norma o principio de ius cogens, la práctica internacional que tuvo lugar durante 1945 y 1974, y la Carta de los derechos y deberes Económicos de los Estados de 1974, el órgano legislativo de los EE.UU., ignorando una Nota del 12 de junio de 1959 del Ejecutivo estadounidense a Cuba donde se reconoce como válido el derecho de expropiar que tienen los Estados, califica este proceso como un acto ilícito y exige, de ser aplicado dicho título, responsabilidad civil ante sus tribunales federales a aquellos que “trafiquen” con dichas propiedades.

Si se toma en cuenta que los actos que se pretenden sancionar tuvieron lugar o tienen lugar en territorio cubano, que los bienes objeto del supuesto “tráfico” fueron debidamente nacionalizados, la falta de conexión entre el extranjero que se pretende demandar y el territorio de los EE.UU, y el rechazo de la comunidad internacional a dicho texto, podría afirmarse entonces que la promulgación de esta ley extraterritorial no tiene sustento de conformidad con el derecho estadounidense e internacional.

Por otra parte los tribunales de los EE.UU. no tienen competencia para conocer de estas reclamaciones:

Respecto a los procesos nacionalizadores, un principio básico para el desarrollo de las relaciones comerciales internacionales, exige que los otros Estados acepten la Ley del Estado donde se hallen los bienes en controversia. El Congreso de los EE.UU y la Corte Suprema de ese país han rechazado la posibilidad de que los antiguos propietarios de bienes nacionalizados entablen acciones en sus tribunales a menos que ese bien fuese llevado a territorio de los EE.UU.

Aun ante este supuesto, el derecho estadounidense establece que estas demandas podrían entablarse ante los tribunales solo si el reclamante fuera ciudadano de los EE.UU. al momento de la nacionalización y dicha nacionalización violara el Derecho Internacional y a consecuencia de ello se causasen daños a los ciudadanos extranjeros.

Los preceptos del Título III violan el principio de la nacionalidad de los reclamantes en los procesos de nacionalización. Bajo este principio el derecho estadounidense plantea que la elegibilidad para la compensación requiere la nacionalidad estadounidense en el momento de la pérdida o daño. Por lo tanto no puede sustentarse la reclamación en tribunales de los EE.UU. de aquellos cubanos que adquirieron la ciudadanía estadounidense, posterior al momento en que fueron nacionalizadas sus propiedades.

Este hecho pretende incluir, junto a aquellos ciudadanos estadounidenses que fueron expropiados por vía de la nacionalización, a aquellos cubanos malversadores, colaboradores y asesinos de la dictadura batistiana, a los cuales les fueron confiscadas sus propiedades o, incluso, las abandonaron.

Pretender la compensación para quienes emigraron a los EE.UU., y adquirieron con posterioridad la ciudadanía de este país, es una práctica contraria al derecho internacional y a la propia legislación estadounidense en materia de reclamaciones extranjeras.

Incluso, el Comité Jurídico Interamericano de la Organización de los Estados Americanos, en opinión unánime del 23 de agosto de 1996, analizando estos preceptos y en virtud de las normas referidas a la protección diplomática y a la responsabilidad de los Estados, consideró que “los fundamentos y la eventual aplicación de dicha ley no guardan conformidad con el Derecho Internacional.”

5) Se prohíbe la aplicación de la doctrina del Acto de Estado

La Ley Helms-Burton dispone que ningún tribunal federal de los EE.UU. podrá invocar la doctrina del Acto de Estado y por consiguiente no se abstendrá de pronunciar una determinación sobre el fondo de una acción emprendida de conformidad con la reclamación de las propiedades “confiscadas”.

Una formulación de esta doctrina se halla en Peter Sabbatino vs. Banco Nacional de Cuba con fecha 23 de marzo de 1964[2], sentencia a través de la cual la Corte Suprema de los EE.UU. consideraba la expropiación llevada a cabo por el gobierno de Cuba. En el fallo se sostiene que: “A pesar de lo gravoso que pueda ser para la norma pública de este país y los Estados que lo integran una expropiación de esta índole, llegamos a la conclusión de que mejor se sirve el interés nacional como al progreso hacia la finalidad de que rija el Derecho Internacional entre las naciones, manteniendo intacta la doctrina del Acto de Estado para que en este caso reine su aplicación”.

Sin embargo, tras la fuerte reacción en los medios norteamericanos más contrarios a la Revolución cubana, los efectos de esta sentencia, que legitimaba la expropiación realizada por el gobierno de Cuba, resultó anulado por la enmienda Hickenlooper que se incorporó a la Ley de Ayuda Extranjera aprobada el 7 de octubre de 1966, según la cual “ningún Tribunal de los Estados Unidos puede abstenerse, invocando el Acto de Estado, de pronunciarse sobre el fondo de una acción”.

Esta disposición deja abierta la vía judicial para los reclamantes que contarán, desde el momento en que sea aplicado el Título III, con la garantía de obtener fallos favorables y millonarios tras cuestionarse, la validez de las nacionalizaciones cubanas. Se promueve así, una práctica judicial contraria a una doctrina arraigada en la jurisprudencia estadounidense.

6) Se prohíbe la entrada a EE.UU. de extranjeros vinculados a las propiedades nacionalizadas

El título IV declara como excluibles para obtener una visa de entrada a los Estados Unidos a aquellos extranjeros y sus familiares que “trafiquen” con propiedades nacionalizadas. Los argumentos que sirven para justificar esta prohibición nunca antes habían sido esgrimidos en las leyes y regulaciones estadounidenses que han excluido a diferentes categorías de extranjeros desde el siglo XIX, bien por causas de enfermedad o discapacidad, devenir una carga para la sociedad estadounidense, cometer determinados delitos o garantizar la seguridad nacional.

Medidas como estas, que impiden el libre movimiento de personas, son violatorias de disposiciones del GATT , el GATS y del Capítulo 16 (artículo 1601) del TLC.

El título IV se opone también a lo dispuesto en varios tratados bilaterales suscritos por los EE.UU con más de 61 Estados. En estos convenios las partes contratantes se obligan a permitir la entrada de sus nacionales en sus territorios para desarrollar el comercio o las inversiones. Como ha expresado la Corte Suprema de los EE.UU. “un acto del Congreso no puede ser nunca interpretado como violatorio de la Ley de las naciones si alguna otra interpretación fuera posible.”

Normativas como las del título IV, laceran el ejercicio de los derechos humanos y atentan contra el principio pacta sun servanda del Derecho Internacional.

Conclusiones

El andamiaje legal del bloqueo representa una flagrante violación al ejercicio de los derechos humanos del pueblo de Cuba, de ciudadanos de terceros países y de los propios ciudadanos norteamericanos. Sus disposiciones son también violatorias incluso del derecho estadounidense y como ha sido denunciado, de los principios fundamentales, leyes y costumbres que conforman el Derecho Internacional que se refieren a las relaciones políticas, económicas, comerciales y financieras entre los Estados.

Esta política de agresión económica de los EE.UU contra Cuba desde 1959, ha pretendido socavar la soberanía de nuestro país y de otros Estados miembros de las Naciones Unidas. Mediante la utilización de diferentes pretextos el gobierno de los Estados Unidos ha pretendido, a través del genocidio más cruel, aislar y derrocar a la Revolución cubana e imponer un gobierno que permita la recolonización de Cuba.

El entramado de órdenes, regulaciones y leyes de todo tipo que conforman el bloqueo son rechazadas y denunciadas por amplios sectores de la comunidad internacional como una aberración jurídica y una afrenta a la soberanía y la independencia cubanas.

Frente a todas estas agresiones, el gobierno de Cuba exhorta a condenar de manera enérgica esta política irracional, sustentada en leyes de marcado carácter extraterritorial, injerencista y unilateral.

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* Autores: Lic. Aynel Álvarez Guerra y Lic. Anet Pino Rivero

[1] La ley Helms-Burton plantea que una persona trafica con una propiedad nacionalizada cuando traspasa, distribuye, reparte, revende o de otra forma asume el control de esta, cuando la compra, recibe o adquiere o le introduce mejoras o invierte en ella o asume su administración, arrendamiento, tenencia, o explotación, celebra un acuerdo comercial en que se utilicen o exploten dichos bienes o provoque o dirija el tráfico al que se ha hecho referencia.

[2] Sabbatino vs. Banco Nacional de Cuba, 376 U.S. 398 (1964). Este caso fue visto en las cortes norteamericanas durante 1960, fecha en que comenzó, hasta el año 1964. Concluyó con una votación de 8 a 1 favorable a mantener y respetar la doctrina del acto de estado como ya se explicó.


INFORMES del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el tema “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”

Explicaciones de voto en la Discución del tema en la Asamblea General de Naciones Unidas

 

 


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